Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2010/08/19 00:00

¿Cómo quedan los militares gringos en Colombia tras la decisión de la Corte?

Aunque la Corte Constitucional le puso freno este martes al acuerdo de cooperación militar suscrito entre Colombia y Estados Unidos en 2009, la relación castrense entre los dos países lleva años y no cambiará, pues los viejos tratados siguen vigentes.

Tanto el Presidente de la República como los mandos militares han dicho que pocas cosas cambian en el trabajo de cooperación entre Estados Unidos y Colombia, tras la decisión de la Corte Constitucional.

El año pasado, la polémica por los alcances del acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, suscrito el 30 de octubre de 2009, alcanzó niveles que, incluso, afectaron las relaciones de Colombia con la región. Sin embargo, ahora que la Corte Constitucional dejó sin validez jurídica el convenio, cambian muy poco los escenarios que desde hace mucho tiempo comparten uniformados de ambas naciones.

Este martes, el alto tribunal “consideró que el acuerdo complementario de 2009 incorporaba obligaciones nuevas o modificatorias de obligaciones preexistentes en tratados anteriores bilaterales o multilaterales”, y concluyó que este debió recibir el trámite de un “tratado internacional”, es decir, su discusión en el Congreso y posterior revisión en la Corte Constitucional (ver nota).

Pero, tras la decisión de la Corte, ¿qué tanto cambia la presencia militar gringa en Colombia?

Tanto mandos militares como funcionarios del Ejecutivo aseguran que, en términos prácticos, ni las operaciones, ni los trabajos de inteligencia y operacionales que hoy se adelantan en Colombia con personal estadounidense se afectarán, ya que la Corte es clara en decir que los acuerdos anteriores (como los suscritos en 1952, 1962 y 1974) seguirán vigentes.

El comandante de la Armada, almirante Álvaro Echandía, aseguró que las Fuerzas Militares seguirán trabajando de manera independiente. “La decisión no afecta en nada lo que estamos haciendo (...) es importante señalar que cualquier acuerdo tiene un periodo de implementación, que por supuesto no se ha iniciado porque el acuerdo base era prácticamente un borrador”, dijo Echandía a un grupo de periodistas.

En ese sentido se pronunció también el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Charles Luoma-Overstreet, quien dijo que el gobierno de Barack Obama está pendiente de que el presidente Juan Manuel Santos se pronuncie sobre el dictamen de la Corte. “Estamos esperando escuchar de la administración de Santos sus planes sobre cómo proceder”, aseguró. “Nuestra estrecha cooperación con Colombia continuará bajo acuerdos preexistentes”, agregó.

Hoy en día hay acuerdos de interdicción marítima y aérea, en los que Colombia y Estados Unidos comparten información de inteligencia y donde se usa tecnología de ese país. Además, no es raro ver estadounidenses en bases como Tolemaida o Apiay trabajando de la mano con uniformados colombianos. Este trabajo se hace en el marco del Plan Colombia.

Lo nuevo que incluía el acuerdo de 2009 era que los civiles y militares gringos gozarían de inmunidad, tal como lo explica el Artículo VII del documento: “ (...) Colombia otorgará al personal de los Estados Unidos y a las personas a cargo los privilegios, exenciones e inmunidades otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática, bajo la Convención de Viena”.

Esto quiere decir, en términos generales, que si un militar comete un delito grave como hurto u homicidio (independiente de si fue un acto de servicio o no), será juzgado por las leyes de su país y no por las nuestras.

Por otro lado, este acuerdo de octubre de 2009 no se limitaba a labores antinarcóticos, sino que también le apuntaba a la delincuencia organizada transnacional y a combatir las “amenazas persistentes a la paz y a la estabilidad”, un concepto muy ambiguo que tenía con los pelos de punta al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Otra novedad en el acuerdo era que los norteamericanos podrían utilizar la base de Palanquero, en el Magdalena Medio, la más importante para los militares de ese país. El Congreso de Estados Unidos ya había aprobado más de 40 millones de dólares para ampliar la plataforma de esta base aérea, pero con el frenazo de la Corte al acuerdo esto queda en veremos.

Ricardo García, politólogo y analista de Razonpublica.com, explica que tras lo dicho por el magistrado González los cambios son de tipo jurídico y no militar, pues el gran debate de fondo lo tendrá que dar el Legislativo, si el presidente Juan Manuel Santos decide, como lo recomendó la Corte, llevar allí el convenio para su respectivo trámite.

“Las cosas siguen tal y como estaban dentro de los acuerdos anteriores, como por ejemplo que la presencia de militares estadounidenses no podrá ser mayor a 800, ni la de contratistas mayor a 600. La cuestión es que si se le da carácter de tratado al acuerdo de 2009, éste también tendrá que pasar por el Congreso de E.U.”, dijo García.

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