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| 4/4/2012 12:00:00 AM

¿Cómo sería un proceso de paz entre Santos y las FARC?

En una eventual negociación, el gobierno puede autorizar voceros para adelantar acercamientos. Eso sí, no habrá despejes ni zonas desmilitarizadas en el país. Los diálogos serían en el exterior. Se suspenderían órdenes de captura y se ofrecerían penas alternativas a quienes dejen las armas.

Políticamente, hablar de un proceso de paz entre el gobierno y las FARC se advierte prematuro. Pero después de la liberación del último de los secuestrados 'políticos' en poder de la guerrilla, el escenario parace más cercano. O por lo menos, hay un tibia esperanza de que así pueda suceder.

El presidente Juan Manuel Santos valoró "en toda su dimensión" el gesto unilateral de la guerrilla de liberar a los 10 uniformados que continuaban secuestrados. Lo calificó como "un paso en la dirección correcta", pero "insuficiente".

Sin embargo, el presidente de la República reiteró a las FARC las otras condiciones que faltarían para acordar una solución dialogada al conflicto como fórmula para alcanzar la paz.

Además de cumplir con la promesa de no volver a recurrir a la práctica del secuestro, Santos exigió la liberación de "todos los secuestrados civiles" que aún estén en poder de las FARC.

Y aunque no lo dijo en su alocución del pasado lunes, en reiterados discursos (por ejemplo en el de su posesión el 7 de agosto del 2010) Santos también le ha pedido a las FARC cesar los ataques terroristas contra la población civil, el desminado de territorios, y poner fin al reclutamiento de menores para la guerra.

Esas serían las condiciones para que, en palabras de Santos, "se inicie un proceso que lleve a la terminación del conflicto". Pero, ¿cómo sería ese eventual proceso de paz?

En diciembre del 2010 Santos sancionó la prórroga a la Ley de Orden Público. La misma que en 1997 posibilitó el despeje de una zona comprendida entre San Vicente del Caguán (Caquetá) y otros cuatro municipios en el departamento del Meta, pero que el Congreso modificó precisamente atendiendo las peticiones del actual gobierno.

Esa ley es la que delimita los alcances de cualquier futuro proceso de paz. Y al tener vigencia hasta el 21 de diciembre del 2014, podría entenderse como la ‘hoja de ruta’ del actual gobierno para alcanzar la paz, pero por la vía negociada.

Los acercamientos

La ley faculta al presidente de la República de autorizar a "representantes" para realizar actos tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálogos previos con los grupos armados ilegales.

Esos acercamientos tendrán fines específicos. "... Obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los Derechos Humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de estos grupos o lograr su sometimiento a la ley, enmarcados en la voluntad de crear condiciones que propendan por un orden público, social y económico justo".

El presidente Santos, de momento, no ha autorizado a ningún "representante". Es más, ni siquiera ha encomendado el cargo de Comisionado para la Paz. El lunes, tras la liberación, dijo que ese tipo de acercamientos, autorizados por la Ley, no se han adelantado.

Incluso Santos asegura que cuando haya las condiciones para un proceso de paz "el país lo sabrá", y por eso manifestó que todo lo que se ha dicho, que Santos viajó a Cuba también para pedir algunas gestiones reservadas al gobierno de Raúl Castro, "no son más que especulaciones".

Sin 'caguanes ni 'ralitos'

Santos le pidió al Congreso la prórroga de la Ley de Órden Público pero eliminando la facultad al presidente de despejar o desmilitarizar cualquier zona del territorio colombiano. Es decir un eventual proceso de paz no repetiría ni zonas de despeje como las del Caguán, ni zonas de concentración como la de Ralito, donde se firmaron los acuerdos con las Autodefensas.

"... En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional", dice el texto de la mencionada ley.

En consecuencia, cualquier mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC sólo podrá tener lugar en el exterior.

¿Quiénes participarían de los diálogos?

Una mesa de diálogo estaría integrada, además del gobierno, por los ‘miembros-representantes’ de las FARC y los ‘voceros’ de esa guerrilla.

La ley define a los ‘miembros-representantes’ como la persona que el grupo armado designe como representante para participar en los diálogos, en la negociación o en la suscripción de acuerdos. Pueden ser los mismos miembros del secretariado.

Y los ‘voceros’ son definidos como aquellas personas de la sociedad civil que sin pertenecer al grupo armado ilegal, pero con el consentimiento expreso de este. No podrán ser voceros, dice la ley, aquellas personas que antes del inicio de los diálogos tenga vigente una resolución de acusación en su contra. La exsenadora Piedad Córdoba perfectamente podría participar en este tipo de negociaciones.

Las garantías

La foto de Santos dialogando con Timochenko podría ser posible en la medida en que la Ley de Orden Público pide a las autoridades judiciales suspender las órdenes de captura vigentes contra quienes representen a la guerrilla.

Y además se suspenderán las ordenes de captura que se puedan producir contra voceros del grupo armado ilegal con posterioridad al inicio de los diálogos y negociaciones.

La suspensión de las órdenes de captura será exclusivamente por el tiempo que duren los diálogos.

Sin indultos ni amnistías

Jurídicamente, el gobierno no puede ofrecerle nada distinto a los miembros de las FARC que su sometimiento a la justicia o la reincorporación a la vida civil, siempre que abandonen las armas.

Pero Colombia, por haber suscrito el Tratado de Roma en 1998 que le dio vida a la Corte Penal Internacional, ya no puede culminar ningún proceso de este tipo con amnistías, indultos o leyes de perdón y olvido.

Los crímenes de lesa humanidad, según ese tratado, tienen que ser judicializados. Por eso el gobierno Santos ha apostado por ofrecerle a la guerrilla la posibilidad de pagar "penas alternativas" a las contempladas por el Código Penal, que para muchos delitos de lesa humanidad, alcanzan los 60 años de prisión.

La ley de Justicia y Paz contempló este mecanismo para la desmovilización de las Autodefensas y algunos miembros de la guerrilla que abandonaron las armas de forma individual.

Pero los actuales miembros de la guerrilla no pueden acogerse a este proceso, porque dicha ley solo cobijó a quienes abandonaron las armas antes del 2006.

En consecuencia, Santos no tenía más salida que ofrecer el sometimiento a la justicia.

Por eso aceptó el llamado marco legal para la paz, que no es más que el establecimiento en la Constitución de mecanismos de justicia transicional (como los contemplados en la Ley de Justicia y Paz).

Ese proyecto lo podrá tener Santos en el mes de junio. Y le permitiría entregarle a los miembros de las FARC la posibilidad de pagar condenas de máximo ocho años, a cambio que dejen las armas, se comprometan con revelar la verdad de los hechos y resarcir a las víctimas.

Las pretensiones de las FARC

El canje de prisioneros, el despeje de una zona del territorio, antiguas exigencias de las FARC, quedaron en el pasado.

El más reciente comunicado del jefe de la guerrilla, alias ‘Timochenko’, pide al gobierno retomar ‘la agenda del Caguán’.

"Nos interesa tratar en una hipotética mesa de conversaciones. De cara al país. Poner en cuestión las privatizaciones, la desregulación, la libertad absoluta de comercio e inversión, la depredación ambiental, la democracia de mercado, la doctrina militar", dijo 'Timochenko' el pasado 9 de enero.

Mientras tanto, 'mano dura'

Para el gobierno, las FARC han dado pasos en la dirección correcta, pero aún insuficientes. Y mientras no cumplan con las otras condiciones que Santos ha enunciado, la política del gobierno será la de "enfrentar a los violentos con toda la firmeza, con toda la contundencia y con toda la efectividad, y en esa política vamos a seguir", como lo reiteró el lunes el presidente de la República .

Pero muchos consideran que esa política es insuficiente para poner fin al conflicto por la vía militar. Y por eso el gobierno trabaja para fortalecer el fuero militar que le de seguridad a la tropa en su ofensiva contra la subversión.

Ese fortalecimiento del fuero, que para muchos significa la vía libre a una ofensiva final en el conflicto, estaría listo en el 2013. Hasta allá el gobierno confía en que la guerrilla “no deje pasar el tren” y pueda sentarse a dialogar con el gobierno.

Por eso todos los mecanismos de paz, la prórroga de la ley de orden público, y probablemente el marco legal para la paz tendrán como fecha de vigencia límite el 2014. Precisamente el término del gobierno de Juan Manuel Santos. Si no se reelige. De reelegirse, y si no ha conseguido la paz, esta legislación tendría que actualizarse.  
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