Con 14 impedimentos inicia debate de ley de víctimas

Según la ley, cuando algún proyecto genere intereses particulares y directos en algún congresista, este deberá declararse impedido para discutirlo y votarlo. De lo contrario, se expondría a sanciones disciplinarias que incluso llegarían hasta la pérdida de investidura o su muerte política.
 
El proyecto de reparación a las víctimas, según el senador Juan Fernando Cristo, autor y ponente, es un proyecto de ley de interés general, por lo que ninguno de los congresistas está incurso en un conflicto de interés.
 
Expone su argumento expone acogiéndose a un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado, tramitado por el propio Gobierno y que concluye que para este proyecto el interés general prima sobre el particular y no genera ningún conflicto de interés particular, directo o inmediato.
 
Sin embargo, Cristo considera que, a pesar de ese concepto, los congresistas están en su legítimo derecho de declararse impedidos.
 
Otra cosa es que esos impedimentos se conviertan en un pretexto para dilatar el debate o abstenerse de la discusión.
 
Como la ley de víctimas ha sido acogida como el proyecto bandera del propio presidente Juan Manuel Santos, hay quienes consideran que es uno de esos proyectos expuestos a la llamada ‘operación tortuga’. O tal vez a que sea utilizado por algunos congresistas para presionar relaciones más favorables con el Ejecutivo.
 
El debate de la ley de víctimas, que empieza al mediodía de este martes, deberá resolver los impedimentos de 14 senadores. La plenaria del Senado deberá decidir si esos congresistas se ausentan o no de la discusión del proyecto. En juego estarían 14 votos, que sumarían para el mínimo de 51 que necesita la iniciativa.
 
Entre los argumentos que han sustentado los congresistas para declararse impedidos están que son víctimas directas del conflicto o que algún familiar directo o su respectivo cónyuge han sufrido menoscabo de sus derechos por parte de grupos armados ilegales e incluso agentes del Estado.
 
Pero también hay argumentos sorpresivos como, por ejemplo, abstenerse de la discusión por el hecho de tener abiertas investigaciones preliminares en la Corte Suprema. Un argumento que descalifica el propio Cristo al señalar que la ley de víctimas no modifica el código penal ni las normas vigentes del juzgamiento para funcionarios aforados.
 
Entre los impedidos están tres senadores que, entre otras, tienen vínculos familiares con dirigentes políticos comprometidos en el proceso de la ‘parapolítica’.
 
Son ellos la senadora liberal Arleth Casado de López (esposa del condenado exsenador Juan Manuel López Cabrales), el senador del PIN Héctor Julio Alfonso López (hijo de la condenada empresaria del chance Enilce López ‘La gata’), Teresita García, también del PIN (hermana del exsenador Álvaro García, condenado a 40 años por la masacre paramilitar de Macayepo). Ellos han argumentado haber sido secuestrados o sufrido atentados por parte de grupos armados ilegales.
 
Hay casos como los del senador Jorge Eduardo Géchem Turbay (La U), secuestrado por las FARC y que había anunciado una demanda contra el Estado. El Gobierno, ante el reclamo de varios exsecuestrados, sugirió que se acogieran a la ley de víctimas para reclamar indemnización o reparación solidaria por parte del Estado.
 
También es el caso de Mauricio Lizcano (La U), hijo del exsenador Óscar Tulio Lizcano, quien también estuvo secuestrado a manos de las FARC.
 
La lista de impedidos la completan Félix Valera (P. Verde), Nora García (P. Conservador), Milton Rodríguez (La U), Germán Carlosama (Indígenas) Antonio Guerra de la Espriella (Cambio Radical), Juan Mario Laserna (P. Conservador), Manuel Mazenet (PIN), Carlos Barriga (P. Conservador) y Juan Manuel Corzo (P. Conservador).
 
La discusión de estos impedimentos podría dilatar el debate, pues cualquier senador podrá exigir que se resuelvan con voto nominal y público, y en caso de no haber quórum se podría levantar la plenaria, tal como sucedió una semana atrás.
 
Con esta circunstancia comenzó el debate definitivo de la ley de víctimas.