Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2004/02/22 00:00

Con afecto y gratitud

Pese a la actitud amistosa del gobierno colombiano, los empresarios españoles de Commsa siguen enredados en un multimillonario pleito con el Estado.

En vísperas de la llegada al país del presidente del gobierno español José María Aznar, la Casa de Nariño expidió un comunicado en el que decía que Colombia lo recibiría "con afecto y gratitud", porque ha demostrado "una gran amistad con nuestra patria; nos ha ayudado muchísimo". A juzgar por lo que se presentó la semana pasada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Aznar va a llegar a España esta semana a decir lo mismo de Colombia.

El motivo de gratitud de los españoles es la multimillonaria conciliación del Invías y Commsa, el consorcio que hace cinco años se comprometió a construir la troncal del Magdalena Medio. Desde principios de 2000, cuando Commsa incumplió el contrato y abandonó las obras, comenzó un pleito gigantesco y un pulso diplomático de altísimo nivel.

Los socios de Commsa, entre los que hay importantes empresarios españoles, como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, respaldados por su gobierno, empezaron una lucha por salvarse de la millonaria multa que el Invías le impuso a Commsa por incumplir el contrato: 137 millones de dólares.

Los accionistas del consorcio contrademandaron al Invías y emplearon a fondo su arsenal político y diplomático para salvarse de las sanciones. Dos altas fuentes de la administración Pastrana confirmaron a SEMANA que en el asunto intervino directamente José María Aznar y el propio rey de España Juan Carlos de Borbón. "En todos los encuentros que el ex mandatario sostuvo con ellos, siempre le tocaron el tema de Commsa", dijo una de las fuentes.

A Álvaro Uribe también le ha tocado lidiar con las presiones. En un consejo de ministros que se realizó hace varios meses la embajadora Noemí Sanín tocó el tema de la inversión española en Colombia. Según relató a SEMANA uno de los presentes, la embajadora expresó que a su juicio los españoles no volverían a invertir en el país si no se solucionaban varios problemas, y uno de los casos que citó fue el de Commsa.

Fiasco anunciado

Muchos se preguntan, al fin de cuentas, por qué ha sido tan difícil llegar a un arreglo. En este punto cabe un poco de historia.

Cuando el gobierno sacó en 1997 la licitación de la troncal del Magdalena Medio, que costaba 425 millones de dólares y contemplaba la construcción de 11 túneles, hubo un concursante (Commsa) que hizo una oferta muy barata. Tanto, que el entonces director de Invías, el asesinado gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, les mandó una carta a los representantes de Commsa para que aclararan si era cierto el rumor que circulaba por esos días: que pretendían ganarse la licitación y después cambiar el trazado de la carretera, de forma que no tuvieran que hacer los túneles, lo que abarataba la obra en cerca de 100 millones de dólares. Ellos respondieron por escrito que no buscarían cambiar el trazado.

Poco tiempo después de que el Invías les adjudicó la obra, sin embargo, solicitaron insistentemente el cambio de trazado. Ante la negativa oficial iniciaron la construcción, y la abandonaron antes de empezar los túneles. Y cuando el Invías intentó cobrar la póliza de garantía de cumplimiento del contrato que ellos habían entregado, ésta resultó falsa.

En ese momento el gobierno Pastrana denunció penalmente a los directivos de Commsa por falsedad, decretó la caducidad del contrato e inició las gestiones para cobrar la multa estipulada en el mismo. Las cosas se complicaron cuando llegó la hora de liquidar el contrato. El Invías había hecho un aporte de 77 millones de dólares a la obra, y pudo constatar que Commsa se había gastado una parte del dinero en cosas ajenas a la obra, como carros lujosos y viajes en primera clase a Madrid. También gastó varios millones de dólares del Invías en los diseños de un trazado alternativo para la carretera, que nunca fue autorizado. El asunto es objeto de investigación en la Fiscalía.

Todos los intentos de conciliación con el Invías se frustraban, sobre todo, por la imposibilidad de cambiar el trazado. Sin embargo, la actual directora del Invías, Alicia Naranjo, encontró una fórmula. Bajar el número de túneles de 11 a dos, pero hacer los dos más importantes. Y no hacerlos de inmediato, como estaba estipulado, sino en 2013 y 2021 respectivamente. No obstante, cabe la posibilidad de hacerlos un poco antes si el tráfico en las carreteras sube lo suficiente, según el acuerdo que hace pocos meses Naranjo negoció con Commsa.

En este arreglo el consorcio exime al Invías de desembolsar 60 millones de dólares que le faltaba aportar al proyecto cuando declaró la caducidad, siempre y cuando no le cobren la multa que debe. Los socios españoles de Commsa, de otro lado, se comprometieron a aportar 20 millones de dólares adicionales a la obra.

Los números, sin embargo, no cuadran. Primero, porque no se sabe de qué monto es la multa a la que está renunciando el Invías (según la interpretación jurídica pueden ser 77 ó 137 millones de dólares). Segundo, porque no se está indemnizando al Invías por el retraso, ni se le están reintegrando los rendimientos financieros de la plata que aportó en 1998 y estuvo congelada todos estos años. Y, más importante quizás es que no se está contabilizando como aporte estatal un peaje adicional que se montará en la carretera, y que le generará al contratista cerca de 10.000 millones de pesos anuales durante 23 años.

El texto de esta conciliación llegó a manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que lo debía aprobar el jueves pasado. Pero no lo hizo por dos razones. Primero, porque la Procuraduría, a solicitud del ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, estudió el acuerdo, y lo objetó. "Es absolutamente improcedente para los intereses de la Nación y de la comunidad, vulnera el orden jurídico", dice el Ministerio Público y por lo tanto le solicita al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no lo apruebe.

Además, el magistrado Leonardo Torres Calderón, encargado del caso afirmó a SEMANA. "Yo les di un mes para que me cumplieran varias cosas: hacer un nuevo diseño de las carreteras porque están proyectadas en forma muy angosta y traer una garantía bancaria de los 20 millones de dólares que van a aportar. Y también que me aclaren lo del recaudo de peajes y los estudios financieros que no veo muy claros".

Otra cosa que deberá evaluar es el hecho de que dos de los socios colombianos de Commsa estén en ley 550, y la posibilidad de que los españoles se vayan del consorcio, según está estipulado en el acuerdo. Los pliegos del contrato original exigían que hubiera socios con experiencia certificada en construcción de túneles de gran magnitud, y los que cumplían ese requisito eran precisamente los españoles. Lo cierto es que aún si se van del consorcio, continuarían vinculados a la investigación penal que adelanta la Fiscalía y dentro de la cual se han negado a comparecer.

La directora del Invías, Alicia Naranjo, sin embargo, defiende el acuerdo. "Es cumplir un sueño del gobierno de Álvaro Uribe en donde todas las entidades se deben sentar a conciliar con firmeza y liderazgo. Estamos en un gobierno que concilia y es generoso", dijo en un comunicado oficial. Sin embargo, no puede cantar victoria. El juez a cargo del caso es enfático al decir: "Yo no he aprobado ninguna negociación porque hay varias cosas que me tienen que aclarar".

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