CON EL AGUA AL CUELLO

Estaba previsto con rigor matemático en los estudios del Himat, que el invierno de 1987 dejaría pérdidas económicas promedio de 35 millones de dólares, 65 mil personas damnificadas y un cálculo de 140 personas muertas.
Esta estadística, surgida de sumas y porcentajes que arrojaban los inviernos de los últimos cinco años, se fue al traste por la tragedia de Villa Tina (Medellín, más de 500 víctimas) y las inundaciones ocasionadas por el represamiento insospechado del río Chicamocha, que por poco borra del mapa a la población de Cepitá (Santander) con buena parte de sus 1.500 pobladores.
No obstante, prácticamente todos los estragos que pueda dejar un fuerte; invierno como el que se espera para fines del presente año, son anunciados. Se sabe, por ejemplo, que en un período de doce meses se pueden presentar hasta 150 problemas por fenómenos geológicos como derrumbes y deslizamientos, hasta 260 por fenómenos hidrométricos como crecientes, inundaciones y represamientos y no se queda por fuera el cálculo de 27 mil familias aproximadamente que quedarán sin nada.
Pero "poco puede hacerse para reducir estos riesgos hasta tanto no se resuelva en Colombia el problema de la pobreza absoluta", afirma Pablo Medina, director de la Oficina Nacional para la Atención de Emergencias del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien además señala como comportamiento tradicional de las gentes más pobres, el asentamiento o invasión de las zonas ribereñas de los ríos y de los puntos de más alto riesgo invernal.
"Allí están las numerosas familias, robándole a los ríos su lecho seco por el verano, sabiendo de antemano que cualquier día vendrá crecido el río y se llevará sus viviendas y, porqué no, a algunos de ellos", dice Medina. Es a lo largo de las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena donde se presenta la mayor vulnerabilidad invernal. En estos puntos se suceden el 70% de pérdidas de vidas y el 90% de daños materiales.
Lo cierto es que el desbordamiento de ríos deja 2 millones de hectáreas inundadas; el Canal del Dique se rebosa y deja inservibles 26 mil; en el área de Santa Lucía en el Darién y en zonas dispersas del país otras 68 mil son cubiertas por el agua, lo que arroja un total de. 2 millones 200 mil hectáreas inundadas anualmente, y pérdidas incuantificables en el agro, vías y asentamientos humanos.
De manera que todo se sabe sobre el invierno y desde hace varios años, incluso los nombres de los 14 departamentos y 91 municipios que sufrirán estragos, quizá lo que no se tiene muy claro en el país es la obligatoriedad que tiene el gobierno en materia de prevención de desastres y el hecho de que la ley 9 de 1978 del Código Sanitario Nacional exige a las autoridades departamentales disponer de recursos y poner a funcionar los Comités de Emergencia con suficiente antelación a los problemas.
Este año, en medio de los horrores del desastre de Villa Tina, se conoció un proyecto de ley por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Emergencias, presentado por el ministro de Gobierno, César Gaviria, ante la Secretaría del Senado, y el cual, por tramitación normal, no podrá entrar en vigencia hasta antes de dos meses, es decir, cuando Colombia se encuentre a fines del fuerte período invernal.
La posible nueva ley, entre otras cosas, define responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas y privadas en las fases de prevención, manejo, control, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo derivadas de las situaciones de emergencia y garantiza un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de esas situaciones. El contenido del proyecto parece reconocer que el Estado hasta ahora ha puesto más énfasis en las medidas de socorro que en la prevención. Las 14.756 emergencias por desastres de toda índole (inundaciones, derrumbes, desbordamientos, sismos...) registradas en la última década así lo demuestran.
Aún planteado el problema, los perjuicios del pasado, las futuras soluciones y, sobre todo, lo que va a suceder y dónde va a ocurrir, no deja de ser insólito que, a mediados de octubre, y luego de que el Himat ha previsto un invierno tan fuerte o superior al del año anterior, todavía no se hayan emprendido las necesarias labores de evacuación en las zonas de alto riesgo, como tampoco los trabajos para evitar el desbordamiento de los ríos, ni las campañas para promover la participación comunitaria en lo que concierne a su preparación para una posible tragedia.
Por el momento, la Defensa Civil tiene apostadas sus 200 lanchas en puntos estratégicos, por si acaso; el ministerio de Obras tiene dispersa en las carreteras del país su maquinaria, por si los derrumbes; la Secretaría de Salud está alerta a las llamadas de auxilio y los gobernadores tienen instrucciones presidenciales para activar cuanto antes los Comités de Emergencia departamentales. Así las cosas, 1987 no tiene más remedio que ehgrosar las estadísticas del Himat y la Defensa Civil, toda vez que además de socorrer, prácticamente ya no existe el tiempo suficiente para prevenir.--