CON LAS MANOS EN LA MASA

La cupula de la Fiscal_a nunca se imaginó que las pesquisas que adelantaban por fraude y corrupción en Foncolpuertos llegaran a tocar las mismas puertas del ente acusador. La semana pasada las autoridades tuvieron que capturar a dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por dejarse sobornar y por intentar sobornar a otros dos compañeros que tenían asignada la investigación. Ex funcionarios, trabajadores sindicalistas, abogados litigantes, jueces de tutelas y antiguos altos directivos de Foncolpuertos se prestaron para la gran defraudación al Estado en el proceso de liquidación de la empresa Puertos de Colombia. Las primeras medidas de la Fiscalía tienen al borde de una condena a por lo menos cinco ex funcionarios de la entidad, entre ellos a Luis Hernando Rodríguez _esposo de Marta Catalina Daniels_ , quien estuvo en la dirección de Foncolpuertos en 1992.
De acuerdo con los investigadores, las anomalías en la liquidación de la empresa en Santa Marta generaron sobrecostos por 10.000 millones de pesos. Ese dinero había sido desviado para el pago de millonarias pensiones. También descubrieron que a algunos operadores les hicieron recargos en sus salarios hasta de un 65 por ciento y que se autorizaron pagos de domingos y horas extras a personal que se había pensionado en 1976. La Fiscalía sostiene que en los próximos días serán vinculadas a este proceso unas 250 personas más. Simultáneamente las indagaciones en Barranquilla dieron esta semana los primeros resultados. Los agentes del CTI capturaron a seis personas, entre ellas dos empleados de la Fiscalía.
Los autores del fraude de Colpuertos tenían en claro que los fiscales les seguían los pasos. Por eso decidieron cometer otro delito: sobornar a los hombres de la Fiscalía para frenar las investigaciones. Quienes estaban detrás de la historia eran dos abogados que llevaban procesos de demandas laborales y liquidaciones de la empresa en Barranquilla. Uno de ellos, Alfonso Rafael Tapias Salcedo, contactó al investigador del CTI de esa ciudad, Mauricio de Alba Fontalvo, y le dijo que había 50 millones de pesos para los agentes de la Fiscalía que adelantaban las pesquisas. De Alba llamó a Carlos Contreras, un compañero del Cuerpo Técnico en Bogotá, y le pidió que le ubicara a los investigadores que adelantaban el proceso. Contreras contactó a los funcionarios encargados del proceso y les 'echó el cuento' de los 50 millones de pesos. Éstos avisaron a sus jefes y de inmediato se dio la orden de organizar un operativo para capturar a los abogados y a los funcionarios de la Fiscalía que se estaban prestando para el soborno.
Los investigadores asignados para descubrir la telaraña de corrupción viajaron a Barranquilla. Y después de varias citas se acordó el encuentro en la discoteca El Sherif. En las mesas contiguas a la de la reunión estaban sentados otros investigadores del CTI, que se habían desplazado de otras ciudades para no ser reconocidos. Una vez los abogados entregaron el maletín lleno de dinero, los funcionarios mostraron sus placas y capturaron a los abogados y a sus colegas cómplices del soborno.
Todavía faltan muchos cabos por atar en el saqueo a manos llenas de Colpuertos. En solo Barranquilla, según las investigaciones, hubo un fraude por más de 200.000 millones de pesos y hasta el momento las autoridades han logrado la captura de seis personas. Hoy por hoy Colpuertos simboliza el mayor foco de corrupción en el país. Esa misma que denunció el entonces contralor general Guillermo Aldana, quien señaló que en los últimos cuatro años le fueron robados al erario público dos billones de pesos. Estos recursos pueden equipararse a la inversión para 1999 en educación, salud, empleo y seguridad social. Pero lo más grave de la denuncia del ex contralor es que por este desfalco a la Nación son muy pocos los que están hoy tras las rejas.