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| 11/19/2011 12:00:00 AM

Con licencia para participar

Regular la participación en política de los servidores públicos es necesario, pero con rígidos controles para que no abusen de su investidura. Un justo medio difícil de lograr.

Además de ganadores y perdedores, las últimas elecciones también dejaron una vasta estela de denuncias contra funcionarios por participación en política. La Procuraduría, por ejemplo, le abrió investigación al alcalde saliente de Medellín, Alonso Salazar, quien denunció la supuesta influencia mafiosa en la campaña de Luis Pérez Gutiérrez, quien era candidato.

Preocupados por lo que consideran una limitación al derecho a la participación, y un desconocimiento de la naturaleza política del ejercicio del gobierno, los senadores Juan Carlos Rizzeto (del PIN) y Carlos Enrique Soto (de La U) presentaron ante la Comisión primera del Senado un proyecto de ley que busca definir hasta dónde los funcionarios pueden ejercer sus derechos políticos. Lo que busca la iniciativa es desarrollar el artículo 127 de la Constitución que dejó abierta la puerta para que los empleados que no hacen parte de la rama judicial, ni ejercen cargos en organismos electorales, de control, o de seguridad, participen en política. La propuesta cuenta con el aval del gobierno, aunque el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, advirtió la semana pasada que si no se reglamenta en detalle podría ser "muy mala".

Todo indica que la ponencia será aprobada, el martes, en la Comisión Primera del Senado. Pero el debate no es fácil. De un lado hay quienes consideran que la participación de los servidores públicos en la política es una realidad que hay que aceptar, porque el ejercicio del gobierno, por naturaleza, tiene una dimensión política. Además, desde 2004, cuando se aprobó la reelección presidencial se aceptó que el presidente y el vicepresidente pueden hacer campañas proselitistas, aunque sujetos a restricciones para garantizar una competencia equilibrada.

De otro lado, hay quienes temen que la ley, si llega a aprobarse, podría desequilibrar la competencia por el poder, sobre todo en los municipios pequeños, donde quien gana las elecciones controla casi todas las instituciones del Estado. La preocupación no es infundada, pues la iniciativa contempla que los mandatarios locales puedan participar en las campañas políticas. Sería una patente de corso para que funcionarios influyan a favor del candidato preferido de la administración, pues quienes ostentan una investidura gozan de una clara ventaja frente al ciudadano de a pie.

La reglamentación del derecho de los funcionarios a participar en política ya había sido motivo de debate. En 2005, en la discusión de la Ley de Garantías Electorales, el Congreso la reglamentó. Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que los artículos que se referían a la participación de los funcionarios no fijaban con claridad cuándo, dónde y cómo podrían participar en política. Este proyecto pretende resolver los vacíos que quedaron entonces.

La propuesta consta de diez artículos en los que se definen cuáles son las actividades en las que los funcionarios pueden participar: preparar propuestas de campaña, asistir a discusiones, inscribirse como miembros de partidos, entre otros. Y según el proyecto, los funcionarios podrán participar de esas actividades dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones. También establece lo que los servidores públicos no pueden hacer: difundir propaganda, presionar a los empleados a su cargo para respaldar una campaña, utilizar las instalaciones del trabajo para hacer proselitismo, aprovecharse del cargo, recibir dinero por su actividad política, entre otras.

La regulación del derecho a la participación en política de funcionarios es pertinente, pues podría darle mayor claridad al proceso electoral. Pero hay un riesgo de que la norma termine por legalizar el uso de la ventaja que tienen aquellos servidores que ejecutan presupuestos y administran recursos del Estado sobre sus adversarios políticos. Al debate, sin embargo, le hacen falta cuatro rounds.
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