¿Con las manos en la masa?

Los bogotanos no salian de su asombro cuando vieron por televisión aparecer a tres concejales de Bogotá con una maleta de 100 millones de pesos a su lado como presunto pago de un soborno. ¿Cómo podía haber tanto descaro? ¿Sería cierto que los habían cogido con las manos en la masa tan fácilmente? Estas eran algunas de las preguntas que se hacían los ciudadanos, incrédulos, ante semejantes imágenes. La verdad es que detrás de estas escenas hay una historia bastante más complicada de lo que se convirtió en el tema obligado de las visitas la semana pasada.

Todo empezó cuando el domingo 8 de diciembre media docena de hombres de la Dirección de Investigaciones Judiciales de la Policía (Dijin) entraron a la sede política de la concejal Judy Consuelo Pinzón en el barrio La Soledad. En el lugar se encontraban los también concejales Lilia Camelo y William Cubides, quienes no pudieron ocultar su sorpresa por el allanamiento. Se trataba, según las autoridades, de un operativo destinado a capturar a los concejales, quienes presuntamente se encontraban en el lugar esperando el primer pago de 400 millones de pesos que se había pactado para asegurar su voto negativo en la discusión del tema de vendedores ambulantes en el proyecto de acuerdo del Código de Policía que el Concejo estaba discutiendo.

Los miembros de la Dijin ingresaron al lugar y con una cámara grabaron la que es catalogada como una "captura en flagrancia". En el video, que fue emitido por todos los noticieros y es considerado como una de las pruebas más importantes dentro del proceso, se observa a la concejal Camelo vestida informalmente al lado de sus otros dos colegas. Sobre el escritorio de la oficina había un maletín de cuero café, el cual fue abierto rápidamente por un hombre vestido de civil. En su interior se observan unos fajos de billetes de 20.000. Los tres son grabados cuando salen de la oficina escoltados por policías.

La noticia de la captura fue anunciada por el propio director de esa institución, general Teodoro Campo, quien dijo que la aprehensión se produjo gracias a la denuncia de un miembro de la asociación de vendedores que había sido contactado por los concejales. Las reacciones no se hicieron esperar y ese mismo día de la captura desde el vicepresidente de la República, Francisco Santos, hasta el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, pasando por el Fiscal y el Procurador, condenaron el hecho y resaltaron la gravedad de lo que había ocurrido ya que tendía un oscuro manto de duda sobre una institución respetable como es el Concejo de Bogotá



El hombre clave

El hombre que los denunció fue Mauricio Arturo Castillo Mora, presidente de la Asociación de Buhoneros de Colombia, que agrupa a cerca de 12.000 vendedores ambulantes.

Castillo aseguró a las autoridades que desde finales de noviembre comenzó a recibir una serie de llamadas por parte de Pinzón, Cubides y Camelo, en las que le ofrecían su 'ayuda' para modificar el artículo del Código de Policía que sacaba a los vendedores de las calles. Ese polémico artículo no hacía parte del proyecto original y había sido incluido como parte del Código a comienzos de noviembre. En las llamadas los concejales le aseguraron a Castillo que estarían en capacidad de conseguir los votos necesarios para que el proyecto se hundiera o sufriera cambios que supuestamente los favorecerían.

Según las grabaciones que tiene la Fiscalía de las conversaciones telefónicas y personales entre Castillo y estos concejales, ellos se mostraban confiados en que Castillo aceptaría su ofrecimiento (ver transcripción de una grabación en recuadro). Al fin de cuentan si el Código salía sin modificaciones él y su empresa de 12.000 vendedores serían los mayores damnificados ya que no podrían volver a ejercer su actividad en las calles. El presidente de los buhoneros aseguró que por esa 'colaboración' le cobraron 400 millones de pesos.

Según los concejales todo es un montaje y ellos nunca le pidieron dinero a Castillo. "En ningún caso he recibido ni pedido dinero a cambio de mi voto en este proyecto ni en ningún otro", dijo a SEMANA Lilia Camelo (ver entrevista).

Castillo dijo que les había manifestado su reserva frente al tema. Estaba relativamente confiado en que podría llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía, en donde había radicado su propio proyecto con alternativas para reglamentar a los vendedores ambulantes.

Sin embargo, según la Fiscalía, las llamadas de los concejales recordándole a Castillo que se acercaba el debate en el Concejo eran cada vez más frecuentes y sutilmente le sugerían que la única salida era aceptar el ofrecimiento que le habían hecho a cambio de los 400 millones de pesos. Le aclararon que la suma era tan elevada porque para garantizar el éxito de su gestión debían repartir parte de ese dinero entre un mínimo de 22 concejales. Fue entonces cuando Castillo decidió acudir a la Fiscalía y a la Policía.

Castillo expuso su caso y explicó los antecedentes de lo que estaba pasando. Las autoridades, entonces, diseñaron un plan que permitiera consolidar un caso judicial que terminara con la captura de los concejales. Como primer paso las autoridades le dijeron a Castillo que grabara todas las llamadas que le hicieran. Y así lo hizo. Castillo, con la asesoría de las autoridades, efectuó más de una docena de grabaciones en las que, según constató la Fiscalía, los concejales le pidieron el dinero. Los fiscales aseguran que aunque la negociación fue liderada por Camelo, Pinzón y Cubides las grabaciones contienen comprometedoras conversaciones con cerca de una docena de concejales más con quienes Castillo habló sobre el tema.



Se destapa la olla

Sin saber lo que estaba por ocurrir, el miércoles 4 de diciembre el proyecto del nuevo Código de Policía fue aprobado en la comisión de gobierno, de la cual hacen parte los tres concejales. Cubides y Camelo votaron favorablemente. Castillo supone que era la forma más efectiva de demostrarle que estaban hablando en serio. Asegura que además le dijeron que tuviera en cuenta que no tenía demasiado tiempo para decidirse a pagar ya que, una vez aprobado el proyecto en comisión, sólo quedaría la votación en plenaria del Concejo, la cual se efectuaría el martes 10 de diciembre.

Para ese momento Castillo y las autoridades ya tenían en su poder suficientes conversaciones grabadas como evidencia de las presuntas intenciones de los concejales. En ese momento comenzó la segunda fase del operativo, que concluiría con la captura. La Fiscalía y la Policía le informaron a Castillo que aunque las grabaciones tenían un valor probatorio era necesario hacer un operativo que los capturara en flagrancia para terminar de sustentar el caso.

Por eso, asesorado por las autoridades, en una de las llamadas que los concejales le hicieron a Castillo éste les dijo que aceptaría su ofrecimiento pero con la condición de que sólo les entregaría 100 millones de pesos y que los 300 restantes se los daría una vez fuera modificado el proyecto en la plenaria del Concejo. Sostiene Castillo que los ediles aceptaron y acordaron la cita del domingo 8 de diciembre en las oficina de la concejal Pinzón en el barrio La Soledad, en donde finalmente fueron capturados.

Pero si el operativo policial causó sorpresa y desconcierto en los círculos políticos y en la comunidad en general, no menos extrañeza produjo el hecho de que los concejales recobraran su libertad tan sólo tres días después de haber sido capturados supuestamente con las manos en la masa.

Los tres salieron de los calabozos de la Dijin en la noche del miércoles después de invocar el hábeas corpus, una figura jurídica que protege el derecho a la libertad de las personas cuando se les ha vinculado formalmente a un proceso. Según la Fiscalía la liberación se produjo porque "de acuerdo con el artículo 347 del Código de Procedimiento Penal, cuando se produce la captura en flagrancia de un servidor público y no se adelanta en el menor tiempo posible la indagatoria, procede dejarlo en libertad y fijarle fecha para recibirle esa diligencia". Y eso fue justamente lo que ocurrió. El fiscal que acompañó a los hombres de la Dijin a realizar la captura cometió un error en el procedimiento ya que no realizó las indagatorias el mismo domingo en que fueron detenidos. Parte de la explicación en esta demora consistió en que no se estableció con prontitud si los ediles iban a ser acusados por extorsión o por concusión, como finalmente ocurrió.

Lo cierto del caso es que el jueves Camelo, Pinzón y Cubides regresaron a ocupar nuevamente sus curules en el Concejo, en donde se estaba debatiendo en plenaria el Código de Policía. Después de un caluroso recibimiento por parte de algunos de sus colegas, cada uno de ellos pidió disculpas por haber enlodado el nombre del Concejo y se declararon impedidos para participar en la votación.

Al mismo tiempo que el procurador general, Edgardo Maya, anunciaba la apertura de una investigación disciplinaria, el viernes de la semana pasada finalizaron las indagatorias ante un fiscal de la unidad anticorrupción. Este funcionario tiene 10 días para decidir si dicta resolución de acusación contra los ediles o cierra el caso.

De todos modos, en lo que concierne a la ciudad, el Código de Policía fue aprobado en bloque por el Concejo pero se dejaron algunos puntos polémicos por fuera para que la comisión de gobierno los vuelva a discutir. Sin embargo ya fue aprobado el artículo crítico que penaliza a las empresas que fomenten la venta ambulante de productos y permite a las autoridades retenerles las mercancías a los vendedores callejeros -y si reinciden decomisárselas definitivamente-. El único punto polémico que aún queda por definir es el que reglamenta la publicidad en vallas, particularmente en las gasolineras.

Así que, bien sea que el testimonio de Castillo y las grabaciones en poder del Fiscal conformen un caso lo suficientemente sólido para acusar a los tres concejales -e inclusive a otros más- o no, ya quedarán prohibidas las ventas ambulantes en Bogotá. Es decir, haya habido o no concusión, su presunto propósito de modificar el Código ya no se concretó.