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| 12/19/2004 12:00:00 AM

Con nadadito de perro

De forma silenciosa la corrupción avanzó en las regiones, mientras la reacción del Estado sigue siendo lenta.

Este año el monstruo de la corrupción mojó poca prensa. No hubo grandes titulares como en su momento lo fueron Dragacol, Foncolpuertos oTermo Río. Pero esto no significa que ahora sean menos los que hacen su agosto con los recursos públicos. La bestia, que en los escándalos de antes había asomado varias de sus cabezas, hoy deja ver parte de su gigantesco cuerpo.

Su mayor huella está en las finanzas de los municipios y los departamentos, en especial en los dineros del régimen subsidiado de salud que se administran a través de ARS. Según cálculos del Ministerio de Protección Social, en los últimos dos años se ha perdido un billón de pesos de estos recursos. No sólo se han encontrado miles de dobles afiliaciones y suplantaciones, sino que se han hecho irregulares traslados masivos de beneficiarios de una empresa a otra, y se han desviado recursos a particulares con complicidad de alcaldes y secretarios de Salud, ante la mirada ciega de las interventorías.

Por ejemplo en el Chocó se denunció que una de estas entidades ofreció a un alcalde un soborno para que le adjudicara más afiliados, y en Casanare y La Guajira se vinculó a dos ARS como financiadoras de los paramilitares. En los dos primeros casos aún se adelantan las investigaciones y por lo pronto las sanciones impuestas no les permiten renovar los contratos que ya tienen y que se vencen el próximo año. En el caso de La Guajira, se abrieron procesos penales que vinculan al alcalde de Riohacha y varios funcionarios de su despacho.

Pero las fórmulas del gobierno para atajar el problema aún son insuficientes. Pues quedó claro que la injerencia sobre estos recursos no sólo es de los grupos armados ilegales sino también de jefes políticos a los que nadie parece estar investigando. Por ahí es donde está la verdadera vena rota.

El segundo gran espacio de la corrupción fue en la contratación pública municipal que, como dice el procurador general Edgardo Maya, "al ser registrada por separado, el país no ha comprendido su magnitud". Según las denuncias, en las regiones se han creado verdaderas mafias, que hasta tienen montados carruseles que les permiten a varios contratistas turnarse los contratos.

En las regiones cada vez hay formas más sofisticadas de apropiarse de lo público. Se diseñan los pliegos de las licitaciones para beneficiar de antemano a una sola empresa, y se firman contratos con deficiencias legales que dan espacio a posteriores demandas o a exigencias del restablecimiento económico para los contratistas. El contralor general Antonio Hernández pone como ejemplo lo que ha sucedido con algunos alumbrados públicos del país entregados en concesión. Según las investigaciones de su despacho, se encontraron casos en los que se adjudicaron contratos a plazos extensos y con ganancias exageradas.

Desde el año pasado se habían encendido las alertas sobre la forma como se estaban manejando los recursos en las regiones. Uno de los detonantes fue el caso de las regalías de Arauca, que en gran parte terminaron en manos de la guerrilla. Fue tal el problema, que llevó a que el gobierno le suspendiera al departamento su administración.

Una medida acertada en relación con el control de estos recursos fue la creación de la Comisión de Seguimiento a las Regalías, conformada por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Este grupo élite revisó el manejo de las regalías en siete departamentos y halló irregularidades por más de 47.000 millones de pesos.

El agravante que ha tenido la corrupción en estos dos sectores, el de la salud y el de la contratación municipal, es que los grupos armados ilegales se legitiman al formar una especie de estado paralelo. La preocupación aumenta al consultar el Índice de Integridad Departamental realizado por Transparencia por Colombia, en el que se ubica a los departamentos de Arauca y Córdoba entre los más propensos a la corrupción. El primero de estos, con una fuerte presencia de la guerrilla y el segundo, de los paramilitares.

Por eso uno de los grandes temas pendientes este año fue la discusión y aprobación del proyecto de ley que modifica la ley 80 de contratación, pese a haber sido presentado por el gobierno, la Procuraduría y la Contraloría. En debate legislativo también quedaron leyes que pueden ayudar en la lucha contra la corrupción como la que regula el cabildeo, la ley antitrámites y la ley del estatuto orgánico del presupuesto, con la que se podría administrar el presupuesto general en forma más realista y eficaz.

Pasos de animal grande

Que los hechos más relevantes de corrupción se hayan presentado en las regiones no salvó a dos entidades de carácter nacional de ser presas de irregularidades.

La primera fue la Fiscalía, que estuvo sometida a una seguidilla de escándalos que le produjeron más de una jaqueca al fiscal Luis Camilo Osorio. La causa: el coctel de narcotráfico, paramilitarismo y corrupción. Todos indeseables, más en una entidad que administra justicia.

Hechos como la filtración de paramilitares en la Fiscalía de Cúcuta, la declaración de insubsistencia de 16 funcionarios de la seccional de Cali por supuestos favorecimientos a narcotraficantes y las denuncias a los medios de comunicación del director de la Unidad Nacional de Antinarcóticos e Interdicción Marítima y de un fiscal de esta misma unidad de que fueron retirados para frenar investigaciones contra capos de la mafia sembraron muchos cuestionamientos -que aún persisten- sobre independencia de algunos sectores de esta entidad.

Otro lío que enfrentó la Fiscalía fue el caso de Justo Pastor Rodríguez, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que cuando era director nacional de Fiscalías, recibió un costoso regalo de una persona vinculada a un proceso penal. Esto lo llevó a su renuncia. Carlos Hernando Arias, nombrado en su reemplazo para nuevo director de Fiscalías, salió acusado de cambiar fallos, de que su esposa y su cuñado habían sido parte de la nómina de la viuda del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y de ser acosador sexual.

La otra entidad manchada por los escándalos fue la Dirección Nacional de Estupefacientes. En el Congreso se debatieron irregularidades en la administración de los bienes incautados al narcotráfico, lo que llevó a la renuncia de su director, el coronel retirado Alfonso Plazas. Sin embargo, esto dejó dos sinsabores. Primero, que el debate se centró en la cabeza de Plazas y no en el tema de fondo: el hecho de que exista una institución que tiene a su cargo cientos de millones de dólares en activos y empresas con una estructura administrativa a todas luces insuficiente. Y segundo, que quedó sin explicación por qué el presidente Álvaro Uribe y su ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, metieron tan a fondo las manos en el fuego por Plazas cuando se estaban denunciando tan protuberantes irregularidades.

Y es que algunos mensajes que envió el ejecutivo fueron en contravía de su política contra la politiquería y la corrupción. El sólo hecho de cambiar las reglas en medio del juego para sacar adelante su proyecto de reelección sienta un mal precedente. A esto se suma la fortaleza que tuvo el clientelismo en la nómina consular y otras entidades, y la sensación de falta de transparencia que quedó de episodios como el que llevó a la renuncia del director del Dane.

Mientras la lucha contra este flagelo no sea una prioridad, no se actúe de forma más ágil, contundente y se aplique justicia pronta, el monstruo de la corrupción va a seguir avanzando con su nadadito de perro. Alimentándose de los recursos públicos y socavando la democracia.

* Periodista de SEMANA
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