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| 12/11/2010 12:00:00 AM

Con los pelos de punta

Pocos dudan de que en la Dirección Nacional de Estupefacientes hubo graves irregularidades, pero por ahora es más el insomnio de los posibles inculpados que las pruebas procesales.

Cuando el presidente Juan Manuel Santos ordenó intervenir la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), hace casi dos meses, muchos aplaudieron la medida y la intención del gobierno de tratar de poner en orden una de las entidades más importantes del Estado, pero a la vez una de las más caóticas y más corruptas. Allanamientos a las instalaciones realizados por las autoridades y contundentes declaraciones del nuevo director de esa entidad, Juan Carlos Restrepo, fueron el primer paso del largo camino para depurar la DNE, pero también dieron lugar a una oleada de especulaciones.

Desde hace varias semanas, en los pasillos del Congreso de la República comenzó a correr el rumor de que dentro de las anomalías que la Fiscalía había encontrado en la primera etapa saldrían salpicados decenas de políticos beneficiados con contratos y adjudicación de bienes a través de testaferros. No pocos estaban con los pelos de punta. Hace tres semanas, la periodista María Jimena Duzán publicó en su columna una investigación que demostraba cómo el hermano de la senadora nariñense Miriam Paredes era el depositario directo de decenas de bienes entregados por la DNE.

La semana pasada, otros medios de comunicación publicaron un listado de congresistas que supuestamente habrían sido beneficiados con bienes a través de terceros. Los políticos señalados rechazaron las sindicaciones y se empezó a crear una tormenta política. La realidad es que, con excepción del caso denunciado por Duzán, la investigación de los congresistas de la DNE aún está muy lejos de ser confirmada. El listado de nombres que apareció recientemente hace parte de una serie de documentos que tiene la Fiscalía, el cual incluye varias denuncias anónimas que llegaron a la DNE y a la Oficina Anticorrupción de la Presidencia, en las que se relacionan nombres de políticos con bienes. Esas denuncias, que fueron las que se filtraron, se entregaron a la Fiscalía para que se iniciara una investigación para tratar de establecer su veracidad, algo que hasta ahora están empezando a hacer los fiscales. Es posible que en varios meses algunos políticos puedan terminar enredados, pero, hasta hoy, judicialmente no hay nada. Lo que está más avanzado en la investigación de la Fiscalía tiene que ver con las redes de corrupción de funcionarios de la DNE, al igual que con lo que se denomina 'cartel de tinterillos', que básicamente son abogados que aprovechan sus contactos en la entidad para cobrar astronómicas sumas a narcos y paras para desaparecer, cambiar y reasignar la administración de bienes.

Aunque el caso de la DNE ha tenido mucho ruido, el único hecho probado hasta ahora por parte de las autoridades ocurrió el viernes de la semana pasada. Ese día la Procuraduría acusó al ex director Juan Carlos Vives y a los ex secretarios generales de esa entidad Gonzalo Martín Gutiérrez Diazgranados y Alejandro Vélez Múnera por irregularidades con un contrato para implementar el sistema Faro, que es la base de datos en la que se almacenaba toda la información sobre los bienes del narcotráfico que la entidad ha recibido. Según la acusación, esos funcionarios omitieron controlar y vigilar la ejecución de un millonario contrato por casi 4.000 millones de pesos para instalar un sistema para llevar el inventario físico de los bienes administrados por la entidad. Considerada una falta gravísima por el ministerio público, esa omisión y falta de control permitió el caos en la DNE, lo que facilitó todo tipo de artimañas que aún están por conocerse. Por ahora hay mucho ruido y pocas nueces. Lo cierto es que hay muchas nueces, actos de corrupción y políticos involucrados por descubrir en la medida en que las investigaciones avancen.
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