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| 11/19/2011 12:00:00 AM

Con pies de plomo

El presidente Santos dijo que no le cierra las puertas a la despenalización de las drogas blandas, pero que no es una decisión solo de Colombia. ¿Puede el país liderar un cambio en la política mundial contra las drogas sin ser estigmatizado?

El presidente Juan Manuel Santos es un escéptico de la llamada guerra contra las drogas. Desde que llegó a la Presidencia, hace 15 meses, ha dado declaraciones cautelosas pero claras sobre su desilusión por el fracaso de la política prohibicionista y sobre su intención de apoyar alternativas propuestas por otros. Al mismo tiempo, y dentro de su pragmatismo conocido, también ha demostrado que reconoce las limitaciones políticas que existen para cuestionar el principio de que la guerra se puede ganar. Hace un año, cuando en el estado de California se llevó a cabo un referendo sobre la legalización de la marihuana -que al final fue derrotado-, Santos aprovechó para poner sobre la mesa la contradicción que significa que en Estados Unidos se den pasos hacia la despenalización mientras en Colombia siguen muriendo soldados y policías que llevan sobre sus hombros la lucha contra la producción.

La semana pasada, en vísperas de su viaje a Londres, el presidente avanzó un paso más. En entrevista con el prestigioso diario The Guardian, dijo que "es tiempo de repensar la guerra contra las drogas", y "si eso significa legalización, y el mundo piensa que esa es la solución, le doy la bienvenida. No estoy en contra de eso". A diferencia de otras opiniones publicadas en el pasado, esta vez el presidente dijo que su punto de vista no se limita a la marihuana: "Yo hablaría sobre la legalización de la marihuana y más que simplemente la marihuana.(…) Yo consideraría la legalización de la cocaína, si hay un consenso mundial, porque esta es la droga que más nos ha afectado en Colombia". El periódico, y su versión dominical The Observer, hizo amplio eco de la entrevista con el mandatario colombiano y expresó una opinión editorial crítica contra los gobiernos británicos que no han modificado la guerra contra las drogas, a pesar de su fracaso, y mantienen "un vergonzoso silencio" al respecto.

Hasta ahora, la bandera contra el prohibicionismo y en favor de la despenalización se había concentrado en la marihuana y había sido defendida por exfuncionarios, exjefes de Estado, académicos y hasta organizaciones internacionales. Pero no lo había hecho ningún presidente, y menos aún extendiendo su reflexión a la cocaína. Que el presidente de Colombia, el país que se ha distinguido por su compromiso con la mano dura, y el principal aliado de Washington en la guerra, sea quien trate de abrirle un camino al cuestionamiento de la prohibición tiene un gran significado político. "(Santos) ha ido más lejos que cualquier presidente en ejercicio -dice The Guardian, y agrega­:- El hecho de que un presidente colombiano entre al debate con tanta fuerza tiene una importancia simbólica". No es igual, por ejemplo, que los llamados que César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso, como expresidentes, han hecho en favor de una modificación del rumbo, o los de Kofi Annan y otros que se han sumado a una revaluación del tema.

Y en realidad, el gran cambio en el manejo de las drogas ilícitas se producirá cuando la propuesta de la despenalización pase de los terrenos de la academia y de los líderes de opinión a los jefes políticos y a los gobiernos. ¿Se convertirá Santos en el precursor de ese giro? ¿Tiene Colombia el espacio de maniobra para proponer la legalización de la cocaína sin ser estigmatizado como un país que beneficia a las mafias que la producen? ¿Tendrá costos la posición del presidente colombiano, por ejemplo, en sus relaciones con Estados Unidos?

Es poco probable que en un plazo breve el mundo o alguno de los principales países consumidores -Estados Unidos o las naciones europeas- legalicen las drogas y, en particular, la cocaína. El tema no está en la agenda: ningún periódico o revista estadounidense de primer orden, por ejemplo, recogió los recientes pronunciamientos del presidente Santos. En consecuencia, el consenso mundial que el mandatario colombiano acepta como condición para repensar la estrategia está muy lejano.

La opinión de Juan Manuel Santos, además, no es radical para evitar, según sus palabras, que "lo crucifiquen". Más bien, "habla como un 'luchador' frontal y no como un 'desertor' dubitativo del combate contra las drogas", según Juan Gabriel Tokatlián, uno de los académicos que más han trabajado el tema. No se trata de un discurso de confrontación con Estados Unidos ni con quienes propenden por el mantenimiento de la prohibición, sino de una invitación a un debate. Por eso, los planteamientos de Santos no han sido mal recibidos en Washington. "El gobierno de Obama no se va a molestar -según Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano-, porque el discurso ha sido mesurado y porque aquí no hay ánimo ni para hacer un debate sobre este tema", dice.

Además, Colombia ha sido el país que más recursos -monetarios y de todo tipo- ha destinado al combate de las drogas. Nadie puede cuestionar su compromiso ético ni su legitimidad para conocer cuáles son las limitaciones de la llamada guerra contra las drogas. La importancia de los carteles en el país se ha reducido, en comparación con los años noventa, y las hectáreas cultivadas de hoja de coca han disminuido de 145.000 en 2001 a 62.000 el año pasado, pero las dimensiones globales del problema en el mundo no se han reducido. Santos habla con la autoridad que le da el hecho de haber manejado el componente militar del Plan Colombia, como ministro de Defensa, y que como mandatario no ha variado un ápice la política antidrogas de Colombia.

De hecho, el reformismo moderado de Santos es bien recibido en la comunidad internacional. En Estados Unidos hay tolerancia, porque la droga no está en los primeros lugares de preocupación de una ciudadanía indignada por el desempleo y la crisis económica. En América Latina, la mayoría de los gobiernos son conscientes de que un cambio traería beneficios, como aliviar la presión internacional en favor de la guerra y disminuir la violencia interna del combate a los carteles, y esperan que alguien lance la primera piedra para sumarse a la causa. Pero ningún presidente tiene espacio político para promover la rectificación de la estrategia ni está dispuesto a correr el riesgo de ser estigmatizado como "blando contra el flagelo". De México hacia el sur, la actitud de Juan Manuel Santos es vista con simpatía. Si el pretendido liderazgo regional del actual mandatario se puede concretar en algún tema, es precisamente en el de la propuesta de una nueva política antidrogas. Lo cual es una paradoja si se tiene en cuenta que, en el pasado, antecesores como Virgilio Barco y César Gaviria se ganaron sus prestigios en el exterior gracias a sus credenciales de combatientes heroicos contra el narcotráfico.

Pero los tiempos han cambiado. La droga no es la prioridad de otras épocas en el debate político estadounidense y "en un mundo aturdido por la crisis económico-financiera en el que habrá hacia el futuro políticas cada vez más 'cost-effective' (con énfasis en la eficacia de la inversión de dineros públicos) y ante una lucha antidrogas con rasgos de fiasco mundial, las palabras de Santos contribuyen a iniciar un debate más sofisticado sobre el tema", según Juan Gabriel Tokatlián.

Más que un giro, o un cambio de política, lo que Santos busca es ir abriendo espacios para el futuro y estimular un debate para el presente. Como no es radical, los costos son limitados. Pero, por esa misma razón, la desilusión puede llegar por el lado de quienes consideran que no hace falta esperar para concluir que "la guerra no es ganable", como dice The Guardian.
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