03 diciembre 2011

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Con rabo de paja

DENUNCIACuando quedan menos de tres semanas para que los nuevos alcaldes y gobernadores asuman sus cargos, hay nerviosismo entre los gobernantes electos en dos capitales y cuatro departamentos. Tienen enredos que podrían dejar sus cargos en interinidad.

Con rabo de paja. Los gobernadores Luis Miguel Cotes, del Magdalena, Héctor Fabio Useche, del Valle, y Édgar Díaz Contreras, de Norte de Santander.

Los gobernadores Luis Miguel Cotes, del Magdalena, Héctor Fabio Useche, del Valle, y Édgar Díaz Contreras, de Norte de Santander.

Los alcaldes y gobernadores elegidos el 30 de octubre todavía no han empezado a trabajar y ya algunos de ellos tienen serios problemas. En unos casos, tienen a cuestas investigaciones que, incluso, podrían impedir que se posesionen. Y en otros, se han visto envueltos en escándalos recientes que
, por lo menos, los hacen comenzar con pie izquierdo su mandato.

Y no se está hablando de gobernantes de pueblitos perdidos de la geografía nacional, sino de los llamados a regir los destinos de departamentos o ciudades capitales durante los próximos cuatro años. Se trata de los gobernadores electos del Valle, Norte de Santander, Magdalena y Huila y de los alcaldes de Sincelejo, Sucre, y Mocoa, Putumayo.

Si bien el hecho de que tengan investigaciones no es un impedimento para que tomen posesión de sus cargos, los casos que se exponen a continuación pueden llegar a ser muy complicados.

Hay de todo. La gobernadora electa de Huila, Cielo González, antes de posesionarse tendrá que asistir a la audiencia de imputación de cargos por el presunto delito de peculado culposo. La Fiscalía investiga si ella hizo un manejo irregular de excedentes de las regalías petroleras cuando era alcaldesa de Neiva en 2004-2007. Si bien aún no ha sido vencida en juicio, muchos se preguntan cómo pasó los filtros para ser candidata del Partido de la U.

Una lógica similar se aplica para el caso del nuevo gobernador de Norte de Santander, Édgar Díaz Contreras, quien llegó por firmas apoyado por el polémico exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, capturado este año por homicidio. Más allá de sus respaldos, Díaz Contreras tenía una medida de aseguramiento extramural por el mayor escándalo de corrupción por un proyecto urbano, conocido como la Sociedad Parques de Cúcuta, cuando era concejal. Aunque en agosto pasado un fallo del Tribunal de Santander salvó a los concejales, aún falta la decisión de la Procuraduría y de la Contraloría.

Igual incertidumbre ronda a los vallunos con la elección de Héctor Fabio Useche, avalado por el MIO y considerado la ficha de los polémicos Juan Carlos Abadía y Juan Carlos Martínez Sinisterra. Su elección está amenazada por dos procesos, uno fiscal y otro penal, por presuntas irregularidades durante su gestión como secretario de Salud del entonces gobernador Abadía.

El primer lío que investiga la Contraloría General es por el supuesto detrimento de 63.000 millones de pesos causado por la firma de un convenio para la distribución de licores. Para la época, Useche era miembro de la junta directiva de la Industria de Licores del Valle, en representación de Abadía.

Y también hay una denuncia penal en su contra porque, cuando era secretario de Salud, firmó dos contratos para hacerles cirugías bariátricas a personas sin cobertura de salud, que suman 1.500 millones de pesos. La raro de esos contratos, que se hicieron con el reconocido cirujano Eduardo Bolaños, "es que algunas facturas aparecen firmadas por la misma persona, beneficiarios de Cauca y otros que ni siquiera aparecen en el régimen subsidiado", según la denuncia. Otra coincidencia que llama la atención es que ese médico le practicó la misma cirugía al polémico exsenador Martínez Sinisterra.

Ni hablar de los nubarrones que amenazan la elección de Jairo Fernández Quessep, alcalde electo de Sincelejo, quien tendrá que defenderse de varias demandas. La primera de ellas es un coletazo de la nulidad de su elección como parlamentario en 2009, que le traería consecuencias en su nuevo cargo como alcalde por cuenta de los estatutos del propio Partido de la U, en los que se establece que "no puede ser elegido en representación de esa colectividad quien haya perdido su credencial mediante fallo judicial".

Y abogados especialistas en derecho electoral creen que la defensa más difícil que tendrá que asumir es la legitimidad de los negocios de Almacenes Carmencita, una firma comercial familiar de la que es socio y que en el último año participó en licitaciones y suscribió contratos con entidades públicas para suministrar uniformes a Carsucre, la Dian, el Sena, la Fiscalía, el ICBF, la Gobernación y el municipio de Sincelejo. El Almacén Carmencita lleva el nombre de la madre del alcalde electo y por el método de libranza es el gran proveedor de las prendas de vestir de los funcionarios oficiales de la región.

La pregunta que se hacen en Sincelejo es: ¿podrá Fernández Quessep ejercer como alcalde si centenares de empleados oficiales tienen una relación comercial con su negocio y quien autoriza el pago es un subalterno suyo?

Una situación mucho más incómoda vive Élver Cerón, alcalde electo de Mocoa, avalado por el conservatismo. Su luna de miel por el triunfo se esfumó el pasado 27 de noviembre, cuando sicarios asesinaron a Eladio Yascual, delegado de la Misión de Observación Electoral (MOE) en esa región, quien lideraba denuncias por supuesta corrupción en contra de Cerón cuando fue alcalde de Mocoa entre 2004 y 2007. De hecho, Cerón fue destituido en primera instancia en agosto de este año, por la venta irregular de un lote de la plaza de mercado y existen otras 14 investigaciones contra él en la Procuraduría.

Y el caso más reciente, aunque no tiene en principio implicaciones penales, es el escándalo en que se ha visto envuelto el gobernador electo del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych. En una entrevista publicada en El Espectador, Carlos Mario García, alias Gonzalo, un paramilitar que está fuera del país, manifestó, cuando le preguntaron sobre el Magdalena, que se trataba de "un capítulo muy extenso. Solo puedo decir por ahora que hubo muchos negocios del Bloque Norte en la gobernación de Trino Luna y con los llamados 'conejos' de Santa Marta". Se refería a Luis Miguel y a Álvaro Cotes Vives, este último padre del electo gobernador del Magdalena, 'el Mello' Cotes.

Lo absurdo de este panorama regional es que casi la totalidad de las investigaciones eran conocidas públicamente, incluso fueron usadas por los opositores políticos durante la campaña, y pese a ello ganaron. Lo triste del problema es que el periodo de gobierno 2012-2015 se puede convertir en otro mandato plagado de sanciones y superar con creces los nueve gobernadores destituidos y 132 alcaldes suspendidos en el cuatrienio que culmina.
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