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| 5/8/2000 12:00:00 AM

Con rostro

La Corte Constitucional tumbó la controvertida justicia sin rostro. De ahora en adelante fiscales, jueces y testigos tendrán que dar la cara.

En los 10 años que funcionó la justicia sin rostro se logró desmantelar los dos carteles de Medellín y Cali, procesar a varios jefes de la guerrilla, impulsar el proceso 8.000, desarticular bandas de secuestradores, capturar a miembros de grupos paramilitares, descubrir cuentas millonarias al servicio del narcotráfico y acabar con el terrorismo de las mafias de las drogas. Pero la semana pasada esa justicia especial, que generó tanta controversia, quedó en el pasado

Aunque la opinión de algunos expertos es que esta justicia no es justa por su carácter de reservada, lo cierto es que muchos coinciden en que las condiciones del país así lo exigian y que aún lo requieren. El fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, ha dicho que respeta la decisión de la Corte Constitucional y que fue muy positivo el hecho de mantener los términos para no permitir la salida de más de 2.500 sindicados, pero que la decisión de levantarles la identidad a los fiscales y testigos es algo que analiza con reserva: “Esa decisión es excelente para un país como Dinamarca, donde no hay organizaciones criminales qué enfrentar, pero estamos en Cundinamarca”.

De acuerdo con la ley que creó la justicia especializada en reemplazo de la justicia regional, o sin rostro, las reservas en las identidades podían ser solicitadas y otorgadas por el Procurador o el Fiscal a fiscales o testigos cuando la gravedad del delito investigado lo ameritara. Pero, según la Corte, esta disposición era contraria al debido proceso de los sindicados al no permitirles saber quién los estaba investigando. El presidente de la Corte, Alejandro Martínez, explicó que todos los testimonios obtenidos hasta el momento con reserva de identidad serán válidos, pero los nuevos que se reciban deberán presentarse de manera abierta.

Para quienes administran justicia esta decisión se convertirá en un obstáculo para el éxito de las investigaciones contra terroristas, narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y secuestradores. El fiscal Gómez Méndez ha dicho que será muy difícil lograr delaciones, confesiones o colaboraciones de miembros de algunas de estas organizaciones. “Los testigos siempre tienen miedo a las represalias de estos grupos. Si no se les protege será muy difícil que colaboren en las investigaciones”.

El Tribunal Superior Nacional también fue declarado inexequible por la Corte. Ahora la segunda instancia de los jueces será en tribunales en cada circuito, es decir, por regiones. Esto es grave, según su presidente, Mauricio Quintero, primero porque son jueces sin reserva y, segundo, porque va a ser muy difícil protegerlos en cada rincón del país. El Fiscal General aseguró que “antes esos procesos delicados se podían concentrar en Bogotá y los funcionarios judiciales podían fallar sin presiones”.

La decisión de la Corte va a generar una gran polémica. Por un lado, la pregunta que hoy se hacen muchos de los jueces y fiscales que tienen a su cargo los procesos de terrorismo y narcotráfico es qué va a pasar con su seguridad personal cuando los delincuentes conozcan su identidad. Quién les va a garantizar sus vidas después de un fallo adverso contra un terrorista.

En la otra orilla están los sindicados, quienes alegan que la justicia sin rostro viola el debido proceso. Que tienen que someterse a un juez que nunca da la cara y a testigos sin identidad a quienes poco o nada pueden controvertir. Las experiencias en el pasado les dan suficientes argumentos a las dos partes. Pero, como afirma el propio Fiscal, el desmonte de la justicia especial es necesario pero debe hacerse de una manera gradual y no de un tajo. Las primeras protestas ya se escuchan y hay quienes afirman que jueces e investigadores amenazados no podrán impartir justicia e indagar a fondo cuando a sus espaldas prácticamente ya cargan con una lápida.
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