Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1996/08/26 00:00

CON UN PIE EN LA CALLE

Al acercarse el final de su proceso judicial, a Fernando Botero se le está arreglando el caminado.

CON UN PIE EN LA CALLE

Cuando un juez sin rostro profirió hace dos semanas el fallo contra Santiago Medina en el que desconoció casi todos los beneficios propuestos por la Fiscalía y condenó al ex tesorero de la campaña del presidente Ernesto Samper a ocho años de prisión, la historia judicial del 8.000 cambió de rumbo. En una sentencia que dejó a los abogados boquiabiertos y que ahora se ha convertido en un hito jurisprudencial, el juez regional castigó al ex tesorero con argumentos que agudizaban la pena por factores como el "estatus social relevante" de Medina y la falta de espontaneidad en la confesión. Además de la sorpresa que causó, la sentencia puso a los abogados en guardia y a la gente a formular una cruel comparación. Si a Medina, un anticuario de una familia común y corriente, le aplicaban una pena de ocho años, qué le esperaba al ex ministro Fernando Botero, delfín de una de las grandes dinastías político culturales del país Y si la confesión de Medina, que ni siquiera contó con el beneficio de un abogado titular, no sirvió, cómo sería la de Botero que fue fríamente preparada durante dos meses con la ayuda de asesores internacionales. El propio Botero entró en pánico y pensó que no había salida. En ese momento todos los sindicados del proceso 8.000 llegaron a la conclusión de que colaborar con la justicia y confiar en los jueces, no era un buen negocio. A todo el que confesaba con la esperanza de regresar rápido para su casa, los jueces los devolvían para la cárcel con unas penas desproporcionadamente severas. Medina no fue el único que cayó en ese abismo. La senadora María Izquierdo, quien había aceptado el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, fue condenada a 56 meses de prisión. En una implacable sentencia, el juez le negó como atenuante su confesión pero aceptó el hecho de que parte de los dineros recibidos del cartel de Cali fueron destinados al pago del rescate de su esposo secuestrado. "Si la conciencia jurídica que es la Fiscalía General, se deja acorralar, nadie a partir de la fecha volverá a colaborar con la justicia", dijo la senadora. Aterrorizado por estos antecedentes, el senador Alberto Santofimio Botero, que había tomado el mismo camino, decidió frenar su negociación y cambiar de estrategia. No se necesitaban más ejemplos para llegar a la conclusión de que el peor negocio era caer en las manos de un juez ajeno al proceso que bajo la presión de la opinión pública, impartiera justicia digna del ayatolla Komeini. En medio de este desconcierto, Botero y su abogado Fernando Londoño tomaron la decisión de no dejar su caso en manos de un juez. Aceptar una sentencia anticipada era exponerse a lo mismo de Medina e Izquierdo. La otra alternativa, irse a juicio, duraría por lo menos dos años y medio al final de los cuales podría ser condenado a muchos años de cárcel. Por todo esto Botero y Londoño optaron por recurrir a una salida poco transitada en el Código de Procedimiento Penal. Se trata de la audiencia especial, una suerte de minijuicio con las cartas abiertas en el que las personas que conocen más el caso, el fiscal encargado y el abogado del acusado, discuten la tipificación de los delitos, el grado de participación, la culpabilidad y la pena y llegan a un acuerdo que ponen en una acta. Esto significa que la condena queda en manos de la Fiscalía y el papel del juez se limita simplemente a la revisión de legalidad del acta. La Fiscalía ya sabe de esta decisión de Botero. La semana pasada Londoño se reunió con la comisión de fiscales para tal fin, y según lo estableció SEMANA se realizaron dos sesiones informales para discutir las bases de la confrontación. La esperanza de Botero es que con esta fórmula su camino pueda despejarse.
La primera estrategia
Desde el momento en que Botero decidió colaborar con la justicia tenía una meta definida: reconocer el delito de encubrimiento pero no enriquecimiento ilícito a terceros. Su versión era que el ingreso de los narcodineros tuvo su origen en contactos entre Samper y parlamentarios enviados por los Rodríguez Orejuela. La responsabilidad del ex ministro, según él, se limitaba a no haber denunciado estos hechos cuando se enteró. Según el testimonio de Medina el cuento era exactamente al contrario. El eje de toda la operación habría sido Botero, quien le dio la orden al tesorero de la campaña de ir a Cali a entrevistarse con los Rodríguez y pedirles el dinero. Para Medina la decisión la tomó Samper pero las órdenes las dio Botero para que nadie tocara el tema del candidato. La Fiscalía le cree más a la versión de Medina que a la de Botero pero el ex ministro tenía a su favor de que nadie contaba con la plena prueba. La discusión había llegado a un punto muerto: Botero se negaba a reconocer el enriquecimiento ilícito a terceros y la Fiscalía se negaba a retirarle ese cargo de que Botero sí había dado la orden.
La segunda opción
En medio de ese limbo, se presentó un hecho no anticipado que permitió superar el impasse. Se trató del fallo del juez sin rostro que condenó a Medina en el que surge una nueva interpretación jurídica de lo ocurrido. Según la providencia los principales participantes de la campaña de Samper tienen responsabilidad colectiva en el ingreso del dinero sin entrar en grandes detalles de lo que hizo cada uno de ellos. Para el juez la polémica no giraba alrededor de quién mandó a quién o quién le contó a quién ni en qué momento. Si el dinero entró, todos incluido Samper son parte de una conspiración "de suerte que no es necesario que el agente realice todos los elementos del tipo, sino que a la sazón, siendo la empresa criminal de carácter complejo con multiplicidad de agentes y de ejecutores, la acción individual no es analizada de modo independiente sino que su estudio tiene una proyección desde el punto de vista general". En castellano raso o todos en la cama o todos en el suelo. Paradójicamente fue en esta interpretación donde Botero encontró su salida de emergencia. Echando mano de este concepto de responsabilidad colectiva, eludió la incomodidad de aceptar la individual. Como quien dice reconoció sin reconocer. Esto dejó más tranquilos a los fiscales quienes estaban empeñados en no ceder en este punto de principio, y a partir de ese momento su actitud hacia Botero cambió. Fue una excelente antesala a la audiencia especial que se realizará en los próximos días. Las condiciones de la negociación que van a iniciarse son las siguientes: las penas por enriquecimiento ilícito van de cinco a 10 años y las dos partes acordaron comenzar a negociar a los siete. Por el solo hecho de acudir a la figura de la audiencia especial se presenta entonces una rebaja de la tercera parte. Con ésta, Botero llega a 56 meses, es decir a cuatro años y ocho meses. A partir de ahí comienza un forcejeo para lograr más rebajas en torno a los conceptos como grado de participación en el delito, circunstancias de éste y forma de culpabilidad. Londoño intentará convencer a los fiscales de que aunque menos espectacular la confesión de su cliente fue más útil que la de Medina. Y que por lo tanto con ella se lograron objetivos más importantes. Concretamente, el abogado defensor, considera que más trascendentales que los detalles del operativo que denunció Medina, son las revelaciones sobre la estructura de la conspiración y el alcance que llegó a tener el encubrimiento de ésta. Si a Londoño le va mal en su propuesta y los fiscales consideran que la colaboración no fue eficaz, la Fiscalía no le concedería rebajas adicionales a los 56 meses ya negociados. Si le va bien, le pueden dar una rebaja adicional de otros 20 meses, lo que dejaría la pena efectiva en 36. Aunque Botero no llegue a conseguir 36 meses con la Fiscalía le queda una segunda alternativa. La figura de la audiencia especial contempla que una vez se termine la negociación, el expediente pase a revisión de un juez regional. Esta etapa, conocida como proceso abreviado, le permite al sindicado una última oportunidad para conseguir más disminuciones. La meta de este maratón de negociaciones es llegar a la cifra mágica de 36 meses. La ley contempla que una persona condenada entre uno y 36 meses de prisión puede gozar de la libertad condicional. Nadie sabe si Botero logrará si la meta de la libertad condicional se obtendrá. Pero aunque esto no sea posible, es probable que al ex ministro le irá mucho mejor que a Santiago Medina y a María Izquierdo. En todo caso es seguro que le irá mejor si va a juicio o si acepta sentencia anticipada de un juez. Por todo lo anterior, del resultado que obtenga Fernando Botero de la audiencia especial, dependerá el futuro jurídico del resto de los sindicados del proceso 8.000. Ante el pánico despertado por la severidad de los jueces, es de esperar que muchos de ellos empiecen a hacer fila frente a la Fiscalía. La razón por la cual los otros sindicados no habían recurrido a esta figura era porque se consideraba que la línea dura era la de la Fiscalía, pero ante los excesos de los jueces, Valdivieso y sus muchachos, parecían un modelo de ecuanimidad. En otras palabras, más vale malo conocido que bueno por conocer.

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