Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2016/02/22 17:13

Concejal Ramírez arremete contra Mindefensa

Marco Fidel Ramírez, autodenominado ‘concejal de la familia’, le pidió a la Procuraduría investigar a Luis Carlos Villegas por la visita de delegados de las FARC a un corregimiento de La Guajira.

Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Foto: SEMANA

La presencia de ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y ‘Joaquín Gómez’ acompañado de un nutrido grupo de guerrilleros armados en el corregimiento de Conejo (Fonseca, La Guajira) indignó a un sector del país que vio el acto como una afrenta. La razón, era inadmisible que esa organización estuviera haciendo proselitismo político con armas en una zona en la cual había civiles pero no había presencia de la fuerza pública.

El hecho generó el repudio de diversos sectores, uno de ellos, el uribismo, que no sólo se encargó de hacer las denuncias, también de solicitar explicaciones de por qué la guerrilla aparecía en esa población. Pero el cabildante de Opción Ciudadana Marco Fidel Ramírez pidió a la Procuraduría que haya consecuencias disciplinarias en contra del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

El cabildante le pidió al Ministerio Público que investigue al jefe de la cartera y a los responsables del comando de la Fuerza de Tarea Conjunta, entre ellos el coronel Juan José Rendón. Para el concejal, es inexplicable la presencia de los guerrilleros en la zona sin que hubiese integrantes de la Policía o el Ejército.

En la carta enviada a la Procuraduría, el concejal aseguró que la ausencia de la fuerza pública para impedir esta clase de manifestaciones “constituye una omisión a su deber constitucional de salvaguardar la población civil y la vida, honra y bienes”.
Aunque no es de su competencia, pues Ramirez es concejal de Bogotá, este decidió interponer la queja al considerar que se violó la Constitución.

La historia

A partir del jueves pasado las redes sociales se inundaron de fotografías de integrantes de los negociadores de paz de las FARC acompañados de guerrilleros armados y de civiles, en el corregimiento del Conejo.

Más tarde se comprobó que la presencia de los jefes guerrilleros había sido auspiciada por el gobierno nacional, que –como ocurrió en ocasiones anteriores– había autorizado su traslado desde Cuba con la mediación de la Cruz Roja, Cuba y Noruega. De esa forma, los líderes de la guerrilla socializan con sus tropas el contenido de los acuerdos de La Habana.

Sin embargo, los alzados en armas se habrían tomado atribuciones que no les correspondían, como las de ir armados, mezclarse con la población civil y realizar tareas de proselitismo político.

Al menos así lo dijo el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, cuya declaración precedió la del presidente Juan Manuel Santos, quien suspendió la autorización para el adelantamiento de esa labor de pedagogía de la paz que pretendían desarrollar los jefes guerrilleros.

Para el concejal, como para el procurador Alejandro Ordóñez, no puede ser una coincidencia que cientos de guerrilleros se hubieran mezclado con la población en un acto público a plena luz del día y que las fuerzas del orden no se hayan dado cuenta. De hecho, el procurador Ordóñez ha expresado que se podría tratar de un acto de despeje que está prohibido legal y constitucionalmente.

En su criterio, la defensa de los derechos humanos de la población no puede ser sacrificada bajo ninguna circunstancia. Por eso, es partidario de que los responsables de determinaciones de ese tipo respondan ante las autoridades por el incumplimiento de sus deberes como servidores estatales.

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