Concejales: seguridad en riesgo

El presidente del Concejo de Medellín, Jhon Jaime Moncada, está en la clínica Las Américas, de esa ciudad, recuperándose de cinco disparos que recibió el sábado en la noche.

Viajaban en una camioneta su conductor, él y un escolta, por el barrio Laureles, cuando unos sicarios se acercaron en una moto y dispararon. El escolta, un suboficial de la Policía, reaccionó. Uno de los atacantes murió y el otro logró escapar, herido. Se dice que ahora se encuentra en un centro de salud recibiendo atención médica.

Por ahora, las versiones cuentan que Moncada no había recibido amenazas previamente. Después del atentado, el alcalde Alonso Salazar y la Policía estudian las condiciones de seguridad de los concejales y analizan si es necesario mejorar los esquemas de protección.

El caso de Moncada se suma a una seguidilla de actos violentos contra muchos de los 12.104 concejales que tiene el país. Actualmente, la Federación Nacional de Concejales (Fenacon) tiene más de 3.500 denuncias por amenazas que han recibido los cabildantes de varios municipios del país.

En los últimos 10 años, han sido asesinados 256 concejales y en lo que va de este año, cinco, de Trujillo (Valle), Ambalema y Planadas (Tolima), Albania (Santander) y Tarazá (Antioquia), según los registros de Fenacon.

“Tenemos la amenaza de las Farc y desde 2006, después de la desmovilización de los paramilitares, han aparecido 13 grupos emergentes y el Gobierno no los reconoce dentro del conflicto armado, sino como brotes de inseguridad y pandillas. Pero la verdad es que cada vez están tomando más fuerza y son un brazo armado fuerte”, dice Juan Carlos Moreno, director de derechos humanos de esa federación.

En declaraciones a la radio esta mañana, el director ejecutivo de Fenacon, Edgar Polo, dijo estar preocupado también porque en algunos casos de violencia contra concejales han estado involucrados funcionarios de los gobiernos logales.

“No podemos permitir que se siga atentando en contra de la democracia y que, peor aún, existan alcaldes condenados por mandar a asesinar concejales, como el caso de Suárez, Tolima, y hay otros alcaldes investigados por lo mismo”, dijo Polo.

Moreno reconoce que en los últimos años han disminuido los casos de homicidios de concejales. Así, en 2002 se presentaron 66 asesinatos y en 2003 se registraron 74. Desde entonces, las cifras son cada vez menos “porque se implementó el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER)”.

El CRER tiene como funciones el estudio de los casos de riesgo, la verificación de la información que se tiene sobre cada caso y adoptar las medidas de protección necesarias. Está conformado por representantes del Ministerio del Interior, el DAS, la Vicepresidencia, la Policía y organizaciones civiles que velen por los derechos de los afectados.

Pero hay otra situación que se ha venido presentando paralelamente y que preocupa a Moreno. “Está aumentando el número de concejales desplazados”, dice, y explica que si bien antes los corporados soportaban las amenazas y hacían resistencia hasta perder muchas veces sus vidas, ahora están dejando sus lugares de origen.

“Algunos se van para otras ciudades o, los que viven en zonas rurales, se desplazan hacia los casos urbanos”, dice Moreno. Según cuenta, Fenacon no tiene una cifra exacta que diga cuántos han tenido que huir, pero “tengo 1.500 concejales que me han pedido apoyo en los últimos meses para reubicarse”. La situación podría ser más grave porque no se sabe bien cuántos más están en esa condición y no han reportado sus casos. Además, muchos de ellos asumen sus traslados por su cuenta y en el país hay cientos de concejales que apenas se ganan un salario mínimo.

Ahora el temor es porque el Decreto 1740 de 2010 modifica las medidas de protección y esto podría ocasionar más riesgos para la seguridad de los concejales.