Concesiones mal parqueadas

Durante la última década Bogotá fue la top model que impuso las tendencias en el país sobre las políticas de espacio público. Así ocurrió a mediados de los años 90, cuando comenzó una intensa campaña para recuperar los andenes para los peatones, pues por años habían sido invadidos por carros. Fue la época de las polémicas zonas azules y el inicio de la ampliación de las aceras de la carrera 15. De inmediato en varias capitales como Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín aparecieron copias de estas iniciativas y decidieron entregar en concesión a privados el manejo de las zonas de parqueo en el espacio público.

Por eso es desafortunado que hoy varios de estos contratos estén en entredicho pues hay dudas sobre la manera como se adjudicaron o porque se consideran lesivos para las finanzas de los municipios. En otros casos se modificaron las condiciones pactadas originalmente, lo que llevó a que ciudades y concesionarios terminen enredados en millonarios pleitos y las ciudades se queden sin los necesarios parqueaderos.

Por ejemplo, Barranquilla entregó en 1999 a la empresa Construseñales un contrato para administrar el mobiliario urbano, la semaforización y las zonas verdes y de parqueo. Tres años después la administración del alcalde Humberto Caiafa autorizó, mediante un otrosí al contrato, ceder a la empresa Espacios Públicos Asociados S.A. la instalación y explotación de parquímetros en la ciudad. Muchos concejales de la ciudad vieron esto como una forma de hacerle el quite a la ley de contratación pública para poder adjudicar directamente.

También se desató una polémica por las condiciones económicas del contrato, adjudicado por 17 años. Se acordó que el concesionario se quedaba con el 85 por ciento de lo que se recaudara, y el 15 por ciento restante se le podía consignar a la ciudad o el concesionario lo podía reinvertir en la recuperación de andenes y zonas verdes. Según un informe de la Sociedad de Arquitectos del Atlántico, hasta el año pasado la empresa no había ejecutado ni el 30 por ciento de los 4.000 millones de pesos que se había comprometido a invertir.

La mayor crisis en la ejecución del contrato comenzó este año con la llegada de Guillermo Hoenisgberg a la Alcaldía, pues suspendió la instalación de nuevos parquímetros aduciendo que se estaba ocupando ilegalmente el espacio público. Esto lo hizo amparado en un fallo judicial, pero dejó el contrato en un limbo. La decisión, según el representante del concesionario Fabio Jáuregui, impidió continuar. Por eso la empresa pidió una indemnización por 20.000 millones de pesos, que está en estudio en un Tribunal de Arbitramento en Cartagena.

"No es cierto que eludimos la ley para tener el contrato" dice Jáuregui, "pues en el documento original se preveía la cesión de cualquiera de las actividades". Para ellos las decisiones de la actual administración fueron unilaterales y "a los puntapiés".

Este no es el único caso en el que el concesionario ha demandado luego de una decisión de la administración municipal. En Cali, su anterior alcalde, Jhon Maro Rodríguez, prohibió el uso de cepos o bloqueadores, lo que le permitía al concesionario inmovilizar los carros hasta que la gente pagara la cuenta del parquímetro. Además, en muchas de las vías donde se había previsto instalar parquímetro, esto fue imposible por falta de espacio o porque ahí cruzarán las troncales del sistema de transporte masivo.

Según el abogado de Utaru, el consorcio que tiene la concesión de los parquímetros caleños, el municipio afectó unilateralmente el contrato y por eso comenzó un pleito para restablecer el equilibrio económico. La demanda, que se calcula en más de 20.000 millones de pesos, está siendo estudiada por un Tribunal de Arbitramento en Cali. Mientras tanto la ciudad solicitó la nulidad del contrato ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Su principal argumento es que en el mismo contrato de parquímetros se incluyó la venta de publicidad en las señales de tránsito y el manejo de grúas y patios. El inconveniente es que el municipio ya había firmado contratos antes con otras empresas para hacer la misma actividad.

En Medellín, según un informe reciente de la Contraloría de esta ciudad, el concesionario recibe el 78 por ciento de los ingresos en una concesión que se firmó a ocho años. Además los gastos en los que incurre la ciudad para que pueda operar este contrato, que incluye las grúas y el servicio de patios, son superiores a los ingresos que recibe.

De forma similar, en Bucaramanga se cuestiona el alto beneficio que tiene la firma Ciudad Móvil, que maneja los parquímetros, pues de cada 1.000 pesos recaudados 820 pesos son para el concesionario. Bajo la administración de Iván Moreno se firmó una concesión a 15 años, y según la Cámara de Comercio, los ingresos del concesionario durante todo el contrato serán de 89.000 millones de pesos. La Dirección de Tránsito de esta ciudad a solicitud de la interventoría ha iniciado cinco investigaciones y ha impuesto multas al concesionario por más de 60 millones de pesos, por incumplimientos.

Jaime Lafaurie, representante de las concesiones en Medellín y Bucaramanga, y uno de los empresarios más grandes en el país en el negocio de los parqueaderos, dice que los señalamientos son falsos y que, al contrario, son las ciudades las que han incumplido. También dice que es un mito que estos contratos sean ventajosos pues de los porcentajes que a ellos les corresponden tienen que pagar todos los gastos y es mínimo lo que les queda.

"No se puede ver lo de los parquímetros aislado sino con los otros componentes del negocio, como es lo de las grúas, los patios y los comparendos. Ahí es donde la ciudad tiene mayor utilidad", dice Lafaurie.

Asegura que ellos mismos han solicitado revisar las condiciones del contrato para que se decida si este debe o no seguir. Sin embargo, si en Bucaramanga continúa lo que ellos llaman 'persecución política', con la que se está bombardeando su gestión, estudiarán la posibilidad de una demanda para buscar el restablecimiento económico del contrato.

Mientras tanto en Bogotá, desde que entró en vigencia el Plan de Ordenamiento Territorial, no se han renovado los contratos de zonas azules, pues estos imponían que se realizara un Plan Maestro de Parqueaderos para solucionar de raíz el problema. La alcaldía ha presentado sin éxito propuestas al Concejo en siete oportunidades.

Sin embargo en este tema la ciudad no se escapa de los problemas. Por ejemplo, la concesión que tiene Conalvías y que se hizo para la construcción de cuatro parqueaderos en la carrera 15 bajo la administración de Enrique Peñalosa, se estructuró de forma que el Distrito le garantizó al concesionario unos ingresos mínimos, aun si los parqueaderos estaban vacíos. Como resultado, en los últimos tres años la ciudad le giró a esta empresa cerca de 14.000 millones de pesos de 27.000 que se calcula debe entregar hasta el año 2011. En el IDU, que tiene a su cargo este negocio, dijeron que están evaluando si es posible ajustar estos contratos.

La idea de concesionar parqueos públicos parecía buena en la teoría. Se suponía que además de ayudar a liberar el espacio público de automóviles, daba al sector privado unos servicios que administraría con mayor eficacia y a menor costo que el Estado. Pero por la forma como se han hecho los contratos -en algunos casos, en abierta contradicción con el interés público-, estas concesiones han terminado resultando en muchos casos malas pero caras.