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| 7/11/2017 10:18:00 AM

La alcaldesa condenada a 6 años de cárcel aunque no se robó un peso

Julieta Naranjo, exmandataria local de Usaquén, acaba de ser sentenciada por irregularidades en tres convenios que firmó. Se abre un debate, pues será privada de la libertad aunque no se perdió un peso durante esos procesos contractuales.

En medio de los cientos de expedientes de funcionarios que enfrentan la justicia por el manejo de la plata pública, reposa un caso especial. Julieta Naranjo, exalcaldesa de la localidad de Usaquén, tendría que pagar 5 años y 10 meses años de prisión por la decisión que este martes tomó una jueza. Su proceso fue abierto por la firma de tres convenios contractuales, sin embargo, en contraste con muchos casos de corrupción impunes, si se confirma el fallo en segunda instancia ella irá a la cárcel aunque nadie la culpa de haberse robado un centavo, o de haber propiciado la pérdida de recursos públicos.

La Fiscalía asegura que Naranjo firmó en 2012 tres convenios de asociación sin cumplir los requerimientos necesarios para esa forma de contratación. Su defensa desestimó esos hallazgos. Hizo énfasis en que el Estado no perdió ni un peso, que Naranjo no obtuvo ningún beneficio a cambio y que los objetos de los contratos fueron cumplidos.

Y que si acaso hubo algún error de su parte, argumentó la defensa, Naranjo lo cometió sin intenciones y por desconocimiento, en tres de los casi 300 contratos que firmaba cada año como alcaldesa local, y que representan alrededor de cien millones de pesos de los 100.000 millones que ejecutó durante su periodo. En todo caso, el juzgado 12 penal de Bogotá la encontró culpable del delito de contratación sin el lleno de requisitos legales. Una decisión que por ahora la envía a prisión, pero que todavía puede apelar.

La llegada de Naranjo a la alcaldía de Usaquén sucedió casi por casualidad. Cuando nacieron sus hijos mellizos decidió retirarse por un tiempo del mundo laboral. Se había graduado como abogada de la Universidad de los Andes, después trabajó en el IDU, en Transmilenio y en la Superintendencia de Servicios, entidades en las que prestó servicios sin inconvenientes en las áreas de cotratación. Ya acumulaba 10 años de experiencia en el sector público, pero cuando los pequeños nacieron, prematuros y con problemas de salud, ella decidió retirarse del trabajo para dedicarles todo su tiempo.

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En 2012, cuando cumplieron cinco años, Julieta Naranjo sintió que ya habían superado esas primeras etapas en los que necesitaban un cuidado más dedicado. Entraron al colegio y ella decidió que era momento de volver a trabajar. Pero conseguir un empleo luego de una inactividad tan larga no fue fácil. Buscó hasta que un día leyó un aviso en un periódico en el que se anunciaba la apertura de las convocatorias para alcaldes menores en Bogotá.

Naranjo se presentó más con el ánimo de foguearse y entrenarse en el proceso de selección que con la esperanza de lograr el puesto, pues era consciente de que para esos cargos es necesario tener conexiones políticas y padrinos, y de eso, dice, carecía por completo. El primer paso fue presentar un exámen de conocimientos, elaborado por la Universidad Nacional. Ella estuvo entre el 10% de aspirantes que lo aprobaron.

Luego vino la entrevista con los ediles de Usaquén que tenían que escoger a las tres personas entre las que el alcalde mayor, en ese entonces era Gustavo Petro, designaría a uno. En ese punto del proceso ya pesaban las conexiones políticas. En la entrevista le preguntaron por su filiación partidista y ella solo contestó que nunca había participado en política. Aún así, casi por coincidencia, resultó seleccionada. Los ediles, por ley, tenían que poner al menos a una mujer entre los elegibles. Para la alcaldía de Usaquén, solo dos mujeres habían superado el examen y así fue como, cuenta ella, terminó incluida en la terna.

Luego se entrevistó con el entonces alcalde Gustavo Petro y dos semanas después, tras enterarse en internet que había sido elegida, Julieta Naranjo se posesionó como la alcaldesa local de Usaquén. En ese mismo año de su posesión firmó los convenios que hoy la tienen en problemas porque, para la jueza y la Fiscalía, las entidades que contrató no eran idóneas y las propuestas de los proyectos fueron planteadas por la alcaldía local, y no por la contraparte, como debía hacerse a la luz de la ley de contratación.

Los convenios

El 9 de noviembre de 2012, en el marco de la celebración de los 473 años de Usaquén, Naranjo suscribió un contrato por 39 millones de pesos con la Asociación Colombiana de Aventura y Montaña (ACAM) para organizar una carrera de alta montaña, cuyo recorrido pasara por los 21 kilómetros de los cerros orientales de Bogotá que están en la jurisdicción de esa localidad. La idea de Naranjo, al contratar esa carrera, era recordarles a sus habitantes que ese territorio se extiende sobre el área ambiental protegida y afianzar el compromiso de cuidarla.

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La Fiscalía, sin embargo, cuestionó la idoneidad de ACAM para ejecutar el convenio. Esa entidad sin ánimo de lucro había sido creada solo 9 meses antes de que se firmara el acuerdo y hasta entonces apenas había hecho tres carreras similares a la que tenía que organizar en Usaquén. La jueza adoptó la tesis de que la entidad no tenía la experiencia necesaria para ejecutar el contrato.

Naranjo, en diálogo con SEMANA, explicó que para 2012 ese tipo de carreras en las montañas eran una novedad en Colombia y, de hecho, ACAM era pionera en la materia. Por eso, se defiende, era adecuada para adelantar el proyecto. También agrega que la carrera finalmente se realizó y fue un éxito por la participación de la ciudadanía.

El 28 de diciembre de 2012, Naranjo firmó el convenio 081 con la Asociación de Juntas (Asojuntas) de Usaquén, para la capacitación de líderes comunales y la promoción de la participación ciudadana en la localidad. De nuevo, la jueza cuestionó la idoneidad de esa entidad para adelantar el contrato, entre otras cosas, haciendo referencia a su déficit presupuestal. Naranjo, por su parte, aseguró que contrató con Asojuntas porque era la que mejor conocía la participación y la organización ciudadana en Usaquén.

Pero el juzgado vio otra falla en este proceso. La Fiscalía habría demostrado que la propuesta de ese convenio la presentó la alcaldía local de Usaquén, y no la fundación sin ánimo de lucro, como lo dicta la norma de contratación. Esa misma falencia la identificó en el convenio por 62 millones con la Asociación Torca y Guaymaral, para la protección del humedal que lleva el mismo nombre. Sin embargo, asegura la defensa de Naranjo, la Fiscalía y la jueza cometen un error al leer esos convenios bajo la luz de la ley 80 de contratación que, asegura, no rige este modelo de convenio.

El debate

La misma jueza reconoció en la audiencia en la que condenó a Naranjo que "desde el inicio de este proceso se ha presentado como una discusión de interpretación legal".

En una columna publicada en El Tiempo el pasado 27 de junio, recién se conoció el fallo condenatorio contra Naranjo, Eduardo Behrentz criticó el proceso. "Esta decisión y su justificación son similares en naturaleza al tristemente célebre caso del exdirector del IDU Andrés Camargo y consolidan la insólita doctrina –exclusiva de nuestro país– según la cual un error administrativo conforma un delito que conlleva privación de la libertad".

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Behrentz agregó que "de seguirse ratificando la absurda doctrina que castiga penalmente eventuales errores administrativos (...) ahuyentaremos a profesionales idóneos que verán en el sector público un riesgo para sus carreras, en lugar de una oportunidad de trabajar por una sociedad mejor".

La discusión, además, está enmarcada en los escándalos de irregularidades en las alcaldías locales de Bogotá. Según datos de la Personería, actualmente hay más de 350 indagaciones vigentes sobre esas entidades, y más de la mitad tienen que ver con casos de contratación.

Así mismo, uno de los puntos claves de esos problemas son los convenios de asociación, la figura que tiene emproblemada a Naranjo. A través de ese mecanismo, las localidades pueden escoger casi a dedo a fundaciones sin ánimo de lucro que pueden ejecutar amplios paquetes de contratación. El año pasado, según datos del Distrito, fueron invertidos 40.000 millones de pesos a bajo esta modalidad. Este año, la alcaldía mayor prohibió que se usara esa figura.

Desde que Naranjo terminó su periodo como alcaldesa local en 2015 volvió a entrar en una especie de receso laboral. Esta vez no es por sus hijos, sino porque se ha dedicado a defenderse ante las autoridades por esos convenios. "Es muy duro saber que dediqué cuatro años de mi vida a trabajar sin ánimo de enriquecerme ni obtener réditos políticos. No me robé un peso y terminé con mi nombre manchado", dice.

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