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| 3/6/2017 10:01:00 AM

Condena a la Nación por pupitre en mal estado

No tener en óptimas condiciones las instalaciones y los implementos escolares podrá salir muy caro. Consejo de Estado ordena reparación de 200 millones de pesos a menor que perdió el ojo con un escritorio en su escuela.

Una encuesta del Ministerio de Educación a 9.176 sedes educativas reveló hace tres años que el 25 % de las instituciones públicas deben ser reubicadas o reestructuradas por riesgo de inundación. Del 78 % que está en el sector rural, el 2,3 % no cuentan con ningún servicio público, 5,5% solo tienen pozo séptico y 2,5% solo cuentan con energía eléctrica.

En este preocupante panorama, en el que los expertos aseguran que la infraestructura física de las instituciones educativas en Colombia es una amenaza contra el aprendizaje de los niños, el Consejo de Estado acaba de emitir un pronunciamiento que pondrá en cintura a los entes territoriales y al Ministerio de Educación.

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Una sentencia de la Sección Tercera del alto tribunal acaba de condenar al departamento de Santander a pagar más de 200 millones de pesos a un estudiante que por cuenta del daño permanente que le ocasionó un escritorio en mal estado.

El caso revisado por el alto tribunal es el de Camilo*, un niño de 12 años que estaba en examen de matemáticas cuando se agachó a recoger un lápiz. En este movimiento, el menor se lastimó el ojo con una puntilla que sobresalía de su pupitre. El menor fue atendido en el hospital San Roque, en el municipio de Charalá (Santander). El dictamen fue la pérdida total del ojo. La Junta de Calificación de Invalidez del departamento confirmó una detrimento en su capacidad laboral del 32,65 %.

Para el alto tribunal, todas las directrices de vigilancia e inspección fueron obviadas y al colegio oficial se le suministró un pupitre en un estado precario. De manera que es evidente que existió una grave deficiencia en la dotación y manutención de la planta física de la institución educativa.

El hecho ocurrió hace 15 años, sin embargo, el Consejo de Estado envió un claro mensaje y es que es una obligación de la Nación que haya total certeza sobre las óptimas condiciones de la planta física de los colegios, con el fin de que esta no termine representando una amenaza hacía los estudiantes. El Estado -dicen los magistrados- a través de los departamentos debía dirigir y administrar, directa y conjuntamente, la prestación de los servicios educativos estatales, en aplicación a la Ley 60 de 1993, vigente para la época.

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El informe del Ministerio de Educación registró que para el momento de los hechos el funcionamiento del Colegio José Antonio Galán de Santander y el mantenimiento de sus bienes estaba bajo la observancia del departamento. 

Este es un campanazo de la justicia frente a un sector, el de la educación pública, que se raja en calidad, según lo revelan las pruebas PISA 2012, en las que Colombia se ubica entre los diez países con peor rendimiento escolar. Y para quienes custodian la educación, gran parte de la responsabilidad está en las condiciones en que los jóvenes estudian.

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