Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2015/10/09 19:11

Castigan la fuerza desmedida del Esmad

El Consejo de Estado condenó al grupo antidisturbios de la Policía por ocasionar la pérdida del 80 % de la capacidad laboral a una mujer.

Los hechos fueron hace 16 años en una protesta de los trabajadores del Hospital Universitario San José en Popayán. Foto: Carlos Julio Martinez / SEMANA

Aunque muchos ciudadanos aprecian la labor del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por disipar muchos actos de alteración al orden público, su exceso en el uso de fuerza es una realidad tan notoria, que en el último tiempo se han ganado más de una condena.

Y es que si bien se trata de un órgano creado precisamente para controlar situaciones de riesgo para la ciudadanía, lo que indica su naturaleza muchas veces es usar la fuerza, esta no puede ser excesiva y menos, letal. Tampoco se debe utilizar contra personas que están indefensas y no representan amenaza alguna.

Este fue el caso de una mujer que perdió el 80 % de su capacidad laboral por culpa de los graves traumas que recibió por la intervención del Esmad en una protesta. El Consejo de Estado condenó a la Nación por estos hechos y le ordenó indemnizar a la ciudadana agredida y a sus familiares.

Los hechos se produjeron hace 16 años, cuando trabajadores del Hospital Universitario San José adelantaban una protesta pacífica en el centro de Popayán (Cauca). Decenas de trabajadores organizaron un acto simbólico para conminar a las directivas de esa institución a que les cancelaran acreencias laborales que les adeudaban.

Pero lo que pretendía ser un acto pacifista, muy distinto de las trifulcas y asonadas en las que se han visto inmersos muchos grupos de ciudadanos con la Policía en el último tiempo, terminó en una batalla campal. Algunos de los manifestantes se tomaron las instalaciones de la Registraduría, lo que produjo la intervención del Esmad.

No solo quienes irrumpieron en la sede de la autoridad electoral, sino también otros manifestantes -que en nada alteraron el orden-, recibieron fuertes golpes. Muchos cayeron en la reyerta, sin tener nada que ver.

Una de ellas fue la demandante, quien sufrió delicadas contusiones. El resultado: la pérdida de su capacidad laboral en un margen del 80 %. Para el Consejo de Estado, se trata de un ejemplo claro y verificable de cómo el uso precipitado de la fuerza por parte de los órganos coercitivos del Estado puede terminar afectando gravemente a inocentes.

El llamado de esta corporación es a que la fuerza sea el último e inevitable recurso, para evitar que en el futuro personas inermes terminen lisiadas en hechos tan injustos. Pero de paso, impedir que sea la Nación la que tenga que asumir las culpas por las imprudencias de los agentes del orden.

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