Condena a Pauselino Latorre: deshonra general

El miércoles de la semana anterior ocurrió un hecho inédito en la historia judicial del país, que pasó prácticamente inadvertido. Ese día la juez quinta especializada condenó al general retirado del Ejército Pauselino Latorre al encontrarlo culpable de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. La juez ordenó el arresto inmediato del oficial, su reclusión en la cárcel La Picota y el próximo 2 de octubre se conocerá la pena que se le impondrá, la cual puede llegar a los 15 años de cárcel. El tema no tuvo mayor despliegue en los medios, en parte porque coincidió con los discursos y anuncios del proceso de paz con las Farc. Sin embargo no se trata de un asunto menor ya que es la primera vez que un oficial de ese rango del Ejército termina condenado por temas relacionados con narcotráfico.

El caso contra el exoficial empezó hace cuatro años, cuando en enero de 2008 la Fiscalía anunció los resultados de una investigación conjunta con autoridades antimafia de Estados Unidos que había arrancado en 2006. Como resultado de esas pesquisas se capturaron 24 personas, nueve de ellas solicitadas en extradición, acusadas de narcotráfico y lavado de activos. Entre los detenidos estaban el general, que se había retirado en 2005, y un sobrino suyo, Leobardo Latorre, quien había sido hasta ese momento fiscal Antimafia, paradójicamente entrenado por el gobierno estadounidense. El oficial fue jefe de inteligencia militar, comandante de una de las primeras brigadas móviles del Ejército y de la Brigada XVII en Urabá.

En ese momento, 13 de los capturados aceptaron cargos, pero no el general y su sobrino. Un juez ordenó la libertad de ambos porque consideró que la Fiscalía en ese momento no había mostrado evidencias suficientes, aunque los dejó vinculados a la investigación. Esta tenía, entre otras pruebas, centenares de interceptaciones telefónicas de los integrantes de la desmantelada banda de mafiosos. En ellas, había decenas de llamadas del general que, según los investigadores, demostraban que era asesor y testaferro de un narco llamado Carlos Aguirre Babativa, conocido con los alias de el Señor, que trabajaba para el Loco Barrera y controlaba el negocio en el Sur de Bolívar y la frontera con Venezuela. Todo indicaba que para esas asesorías contaba con la ayuda de su sobrino exfiscal.

Aguirre, el narco, fue extraditado en febrero de 2009 y aceptó cargos por narcotráfico ante una corte en el Distrito de Columbia. Mientras esto ocurría, el general y su sobrino exfiscal intentaron librar la batalla en los estrados. En el juicio, que duró cuatro años, el exoficial intentó probar su inocencia. No obstante, la fiscal delegada ante el tribunal que llevaba el caso logró demostrar, entre otras cosas, que él, conscientemente, prestó su nombre para conformar una empresa fachada para lavar dinero de la mafia. "Esa firma cumplía con los requisitos legales pero en realidad era utilizada para disfrazar la entrada de activos del narcotráfico", dijo la semana pasada la fiscal en su presentación ante la juez, quien le dio la razón a la Fiscalía y terminó condenando al general retirado en primera instancia.

La suerte de su sobrino exfiscal aún está por definirse, pues el juicio en su contra está en desarrollo. Por orden de una juez, desde finales de noviembre del año pasado, está detenido en La Picota, sindicado de asesoramiento ilegal, concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y lavado de activos, cohecho por dar u ofrecer, y tráfico de influencias de servidor público. Allí se reencontrará con su tío, el general.