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| 6/22/2011 12:00:00 AM

Condenan al Estado colombiano a resarcir familias por asesinato de cinco personas

El Consejo de Estado ordenó el pago de más más de 136 millones de pesos a familias de personas asesinadas por la Policía en 1994.

Un alto tribunal dictó una condena contra el Estado colombiano que lo obliga a pagar más de 136 millones de pesos como resarcimiento a las familias de cinco personas que fueron asesinadas por la policía en 1994, según informó este miércoles.

El Consejo de Estado, uno de los cuatro altos tribunales judiciales del país, informó sobre la condena a través de su oficina de prensa.

De acuerdo con ese órgano, el hecho ocurrió "dentro de una de las mal llamadas 'operaciones de limpieza social''', o asesinatos selectivos contra ladrones, prostitutas y drogadictos.

Agregó que diez hombres enmascarados ingresaron en abril de 1994 a una vivienda en una empobrecida barriada de la ciudad de Cali, en el suroeste del país, y se llevaron en una camioneta a siete personas a las que propinaron balazos.

Pero dos de las personas retenidas por el grupo de encapuchados lograron sobrevivir al ataque y reconocieron a uno de los agresores que no había cubierto su rostro y que resultó ser el policía Libardo Carlosama, según el Consejo.

Carlosama fue investigado y condenado a 50 años de prisión por las autoridades penales, agregó el Consejo, que es el encargado de dirimir las demandas administrativas de los particulares ante el Estado.
 
Según testigos, las víctimas fueron asesinadas porque se encontraban consumiendo droga en una vivienda que había sido identificada con anterioridad por agentes de la Quinta Estación de Policía como el lugar donde se reunían personas catalogadas como "viciosas".

El magistrado Enrique Gil Botero, autor de la sentencia del Consejo, señaló que "de lo que dan cuenta los autos es de la ejecución de varios ciudadanos en una de esas mal llamadas labores de 'limpieza social', que no pueden ser catalogadas sino como una vergüenza nacional no sólo frente al mundo, sino ante el tribunal de la razón y la civilidad, por más deteriorada que se encuentre en un momento histórico dado".

De acuerdo con testigos de los hechos, "las víctimas fueron asesinadas porque se encontraban consumiendo droga en una vivienda que había sido identificada con anterioridad por agentes de la policía como el lugar donde se reunían personas catalogadas como viciosas" o drogadictas, dice el Consejo.

La Contaduría General de la Nación, encargada entre otras cosas de llevar los balances del país, indica que sólo en el año 2010 sobre el Estado colombiano pesaban demandas administrativas por 848.911 millones de pesos o unos 417 millones de dólares, en acciones que el Gobierno ha lamentado por los perjuicios que causa a las arcas nacionales.


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