Condenan al Estado por crimen cometido por policías en Medellín

El viernes 14 de agosto de 1992 cuatro jóvenes fueron interceptados por seis miembros de la Policía Nacional que viajaban en tres motos. Los agentes hicieron bajar a los jóvenes de sus vehículos y los obligaron a ubicarse contra la pared de una construcción. Los golpearon, les quitaron los cordones de los zapatos para amarrarles las manos por la espalda y les dijeron que serían conducidos a la inspección de policía de San Cristóbal en Medellín.

En el camino uno de los detenidos sintió miedo de perder su vida y aprovechó que la moto sufrió una avería para golpear a uno de los policías y emprender la huida. En el lugar donde los policías condujeron a los otros tres jóvenes, dos de ellos perdieron la vida mientras el tercero logró salvarse a pesar de haber recibido seis disparos en su cuerpo.

El 8 de noviembre de 1993, el abogado Javier Villegas, en representación de las víctimas, instauró una demanda por la muerte y la retención de los jóvenes, un caso que vivió su más reciente capítulo el pasado 9 de diciembre, 18 años después, cuando se conoció una sentencia histórica del Consejo de Estado en la que se condena a "la Nación Colombiana, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, como responsables de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes".

Este fallo resolvió el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 29 de mayo del 2000 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que falló en contra de los demandantes.

El Consejo de Estado condenó al Estado a pagar más de 550 millones de pesos a las víctimas y le ordenó realizar en los próximos tres meses dos publicaciones que contengan esta sentencia, una en un medio de amplia circulación nacional y la otra en un medio del departamento de Antioquia.

Además, el Estado deberá ofrecer disculpas públicas en una ceremonia con la presencia de los altos mandos militares, los demandantes, la comunidad y los medios de comunicación.

El abogado Villegas, en diálogo con Semana.com, consideró que la indemnización a las víctimas "no es significativa". En su criterio, la gravedad de los hechos ocurridos ameritaba un pago superior por los perjuicios y daños ocasionados.

De los agentes de Policía, actualmente –dice el abogado– se desconoce su paradero. En la época de los hechos, los uniformados fueron asegurados y procesados por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y hurto calificado. Sin embargo, la justicia penal militar los absolvió de los cargos y el proceso disciplinario que inició la Procuraduría en contra de los agentes prescribió en marzo de 1998.

Sobre este punto también se pronunció el Consejo de Estado, que al considerar el crimen de los jóvenes un delito de lesa humanidad, pidió a la Fiscalía reabrir la investigación penal correspondiente, una postura que Villegas consideró "satisfactoria".

“Con la declaratoria de lesa humanidad que hace esta sentencia se tumba la absolución de los policías y hay que investigar de nuevo”, dijo el abogado de las víctimas.

"Los familiares recibieron con sorpresa la decisión. Fueron 19 años de impunidad total. La justicia penal militar absolvió a estos policías y la muerte de dos jóvenes y las lesiones de los otros dos iban a quedar impunes. Uno de los hermanos de las víctimas ya es abogado y presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", agregó.