Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Nación a
pagar cerca de 100 millones de pesos (175 salarios mínimos mensuales) al señor William Alberto Molina y a su familia por las condiciones en que estuvo recluido durante tres años en la cárcel de Bellavista, Antioquia.
Según el Tribunal
a Molina le fue vulnerado su derecho a la dignidad humana mientras estuvo en prisión, entre septiembre de 1997 y diciembre del 2000. El Inpec apeló el fallo ante el Consejo de Estado donde está siendo revisada la decisión.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, por su parte llamó la atención del Gobierno sobre el problema: “Porque
de ser confirmado este fallo ante el Consejo de Estado, serían 130.000 personas reclusas las que podrían verse motivadas a instaurar demandas contra el Estado”.
La demanda sienta un precedente que podría ser seguido por miles de reclusos que soportan condiciones similares a las de Molina.
Según la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento total de las cárceles colombianas llega al 40 por ciento, siendo el caso del centro penitenciario y carcelario La Modelo de Bogotá el más grave con una tasa del 147 por ciento de sobre ocupación.
Para la defensoría
el fallo “es un campanazo de alerta para que el Estado haga un mayor esfuerzo para el mejoramiento de las condiciones de la población carcelaria del país y una clara invitación para que las instituciones del Estado hagan un mayor esfuerzo para cumplir con la ley y así evitar demandas multimillonarias.”
Según el Defensor Otálora
existe “La necesidad de realizar ajustes al sistema penal para que no ‘todo’ sea tipificado como delito y que aquello que lo sea contemple penas alternativas a la privación de la libertad en centros penitenciarios y carcelarios, con lo cual también se minimiza el riesgo de posibles condenas al Estado”.
Por ahora hace tránsito en el congreso un nuevo modelo carcelario planteado por la Relatoría de Prisiones de la Universidad de los Andes que apunta a desactivar el problema del hacinamiento en las cárceles desde el sistema penitenciario en su conjunto.