El ‘minicarrusel’ de las pensiones en Ibagué

El mal ejemplo de algunos miembros de la cúpula de la Rama Judicial llegó hasta un juzgado penal de Ibagué, en el que una juez -según una sentencia- otorgaba millonarias pensiones mediante un entramado criminal que beneficiaba injustamente tanto a funcionarios judiciales como a particulares.

La juez Quinta Penal del circuito de Ibagué, Stella Ramírez Vargas, montó toda una ‘empresa’ criminal con varios abogados y funcionarios judiciales. La estrategia utilizada era interponer acciones de tutela, las cuales seguían un trámite -en apariencia- normal.

Las acciones judiciales, sin embargo, tenían un número de radicación adulterado y no eran sometidas a reparto: misteriosamente todas llegaban al despacho de la juez, quien tenía toda la potestad para definir a quien daba o no jugosas pensiones.

Según la investigación de la Fiscalía en coordinación con el Seguro Social (en liquidación), la juez fue imputada y acusada por seis millonarios fallos de tutela que ordenaban pagar a Colpensiones, Cajanal y el Seguro Social por alrededor de los 1.230 millones de pesos, que o tenían los soportes ni la argumentación jurídica para fallarse.

Este viernes el magistrado Héctor Hernández Quintero, del Tribunal Superior de Ibagué, condenó a la juez Ramírez, a una pena de 21 años y 10 meses de cárcel por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción.

Hernández calificó como reprochable e indigna la conducta de un servidor de la justicia. “La funcionaria Ramírez Vargas conocía que bajo promesa remuneratoria aceptada, estaba ejecutando actos contrarios a sus deberes oficiales y a pesar de ello quiso hacerlo” señala la providencia.

Sin embargo, la juez no se hizo presente a la audiencia, por lo cual fue emitida por parte del tribunal una orden de captura contra la funcionaria para que sea recluida en la cárcel Picaleña de Ibagué.

Los casos más representativos en donde se probó el fraude de la juez son el de María Cristina Remolina a quien le reconocieron el régimen de transición pensional por lo cual la juez Ramírez le ordenó el pago de 117 millones de pesos a los cuales no tenía derecho como accionante. Otro caso relevante fue el de Luis Francisco Melo, con quien paso la misma situación que la anterior donde le reconocieron 531 millones de pesos a los cuales no tenía derecho legal.

El abogado de la juez, Humberto Escobar, apeló la decisión que terminará por ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia.