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| 11/30/2011 12:00:00 AM

Condenan a militar a 54 años por falsos positivos

El cabo del Ejército Luis Alejandro Toledo fue hallado responsable de la muerte de tres civiles, a quienes presentó como guerrilleros.

Un suboficial del Ejército fue condenado a 54 años de cárcel por los homicidios de tres civiles a los que se hizo ver como guerrilleros muertos en combate en apartadas regiones de la costa caribe de Colombia, se informó el miércoles.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía General dijo que la sentencia condenatoria, proferida por un juez penal de Sincelejo, recayó en el cabo segundo del Ejército Luis Alejandro Todelo Sánchez.

El suboficial fue encontrado responsable de los delitos de homicidio, desaparición forzada y concierto para delinquir.

El primero de los casos por los que fue condenado Todelo ocurrió el 1 de noviembre del 2007 en el municipio de Galeras, en Sucre, cuando el Ejército reportó la muerte en combate de Fabio Alberto Sandoval y Eleonis Manuel González.

"En esa investigación la Fiscalía estableció que el mismo día de los hechos las víctimas fueron contactadas por particulares para un supuesto (e inexistente) trabajo en una finca ganadera de la región", precisó la Fiscalía.

El segundo caso sucedió dos días después en zona rural de la población de San Benito Abad, también en Sucre, donde en circunstancias similares a las de Sandoval y González fue muerto por las tropas Juan Carlos Santos.

El suboficial condenado, aseguró la Fiscalía, "reconoció que para simular los combates, los implicados recogían dinero para comprar en el mercado negro las armas que les pondrían (en las manos) a las víctimas".

Todelo está detenido en una guarnición militar de la ciudad de Montería.

Desde fines del 2008, cuando se descubrió que algunas bajas reportadas por los militares en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía ha recibido denuncias de que más de 2.700 personas habrían sido víctimas de esa criminal práctica.

Según datos de la Fiscalía, hasta abril pasado, 344 militares habían sido condenados por ejecuciones. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados.

AP


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