Conejo a la Corte

En las últimas semanas, el proceso de paz con los paramilitares se ha convertido en una fuente de escándalos sin fin. Primero fue la inclusión de Juan Carlos 'El Tuso' Sierra como jefe paramilitar desmovilizado y la suspensión de su extradición. Después, la explosiva confesión de los asesinos de Carlos Castaño, que denunciaron a Vicente, su hermano, como la persona que ordenó el crimen. Aún sin recobrar el aliento por tan macabra historia, la opinión nacional quedó estupefacta con la noticia de que Johny Cano, un reconocido capo del norte del Valle del Cauca capturado el año pasado en una finca de 'Macaco', se presentó desde la cárcel como un paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona de la Sierra Nevada, con el aval de su comandante, Hernán Giraldo.

El afán de los más pesados narcotraficantes para ser incluidos en el proceso, antes de que se cierren las puertas, son los beneficios que obtendrán con la Ley de Justicia y Paz. Su benevolencia quedó ratificada esta semana, cuando el gobierno publicó en Internet el decreto que la reglamenta y que incorpora las modificaciones que planteó la Corte Constitucional en su reciente fallo sobre la misma. Con la publicación no sólo del decreto, sino de las listas de postulados, presos y personas con solicitudes de extradición, la Presidencia busca que se mitiguen las críticas sobre la falta de transparencia y el secretismo con el que se ha llevado el proceso de negociación con las autodefensas. Pero el esfuerzo de comunicación no absuelve los problemas de fondo.

La redacción del decreto estuvo llena de dificultades. El reto del gobierno era lograr recuperar la credibilidad de una negociación extremadamente desprestigiada, sin que colapsara todo el proceso y los jefes de las AUC se pararan de la mesa. Pero darles gusto a Dios y al diablo es muy difícil. Esta vez, la balanza se inclinó en muchos puntos a favor del diablo.

La posibilidad de que los narcos puedan entrar en firme al proceso quedó abierta. Los sutiles giros en la interpretación del principio de favorabilidad pueden disminuir enormemente el tiempo que los paramilitares pasarán en la cárcel. El ocultamiento de la verdad será difícil de probar y la entrega de bienes queda prácticamente dependiendo de la buena fe de los desmovilizados, que hasta ahora ha sido muy poca en este terreno. A las víctimas y a la Comisión Nacional de Reparación les restringe espacio.

El decreto abre la puerta para que prácticamente cualquier narcotraficante pueda entrar al proceso. La Ley de Justicia y Paz se les aplica a los delitos de lesa humanidad cometidos por los paramilitares y también el narcotráfico, siempre y cuando éste no haya sido la actividad principal del grupo. El decreto es laxo y hace casi imposible que se pueda excluir a cualquier narco. Dice que si una persona incurrió en el tráfico de estupefacientes de manera colateral a su actividad armada, se le puede incluir como beneficiario de la ley. Esta es una trampa mortal porque todos los narcotraficantes construyen grupos armados -que bien se pueden nombrar como de autodefensa- para poder garantizar su supervivencia en la mafia. Hasta el propio Pablo Escobar, si viviera, podría demostrar que exportaba droga para financiar su ejército de sicarios y su guerra contra el Estado.

Un segundo aspecto que generó polvareda tiene que ver con el tiempo que los paramilitares pasarán en la cárcel. La Corte Constitucional señaló que el lapso que pasaron en Ralito no podrá ser considerado como tiempo de prisión. El decreto, apoyado en el principio de favorabilidad penal, le hace un esguince al fallo. Es así como en teoría, a los paramilitares se les podría descontar hasta 18 meses de prisión, por el tiempo pasado en las zonas de ubicación. Sin embargo, en este punto, como en casi todos, la decisión está en manos de los jueces. Serán ellos quienes juzguen si Ralito cumplió con las condiciones carcelarias de austeridad y vigilancia que se requerían. Algo difícil de probar, si se tiene en cuenta que los paramilitares pasaron más tiempo fuera de allí que adentro, que mantuvieron una vida de lujos y ostentación; y que la vigilancia del Estado fue tan deficiente, que varios de ellos, como Vicente Castaño, 'Los Mellizos' y 'Jorge 40', que supuestamente tenían escolta, se esfumaron sin que la Policía, el DAS, ni el Inpec den razón de ellos.

Un tercer aspecto que ha escandalizado a muchos tiene que ver con los bienes. Pero este no es el único beneficio que sacaron los narcoparamilitares esta semana. El gobierno reglamentó también la Ley de Orden Público (782 de 2002) para devolverles a los grupos armados el carácter político que les había quitado en el pasado. Este punto es crucial para ellos, pues podría blindarlos contra la extradición que, como se sabe, no opera para delitos políticos. La medida beneficiaría en total a 24 extraditables, ocho de los cuales están en la cárcel. Sin embargo, hay críticas muy fundadas en que el tema del delito político, que fue objeto de una reforma en el Legislativo, debería pasar por el Congreso.

La benevolencia de los decretos de la semana anterior explica el afán inusitado de los más importantes narcos pedidos en extradición para ponerse el camuflado y las insignias de las AUC.

Y aunque con estas medidas jurídicas el gobierno logra el anhelado blindaje que el proceso requería, sigue ahondando la crisis de credibilidad del mismo. Resuelve lo jurídico, pero no lo político. El gobierno norteamericano, por ejemplo, que ha observado de cerca el proceso, está estupefacto con la 'colada' de los extraditables. Funcionarios del Departamento de Estado le dijeron a SEMANA que estos hechos no serán fácilmente comprendidos por el Congreso de Estados Unidos, que discutirá este mes el nuevo paquete de ayuda para Colombia.

La percepción general, y para nada errónea, es que los paramilitares podrán recibir todos estos beneficios a cambio de nada. Podrán burlar la verdad si quieren. Porque ahora sólo se les podrá procesar por los crímenes que olviden confesar si hay una sentencia judicial del mismo y si el delito es suficientemente grave. Algo que también queda a interpretación del juez.

También tienen un amplio margen para burlar la entrega de bienes. Especialmente los que son considerados lícitos, y que según la Corte, podrían ser entregados para reparación de las víctimas. Tanto el fallo de la Corte como el decreto dicen que los desmovilizados podrán conservar los bienes necesarios para llevar una vida digna. Lo cual da para muchas interpretaciones.

También es claro que no será posible establecer qué bienes están en manos de testaferros, y como la Ley de Justicia y Paz es laxa con este delito, sin duda este se convertirá en el camino expedito para burlar la entrega de bienes.

En blanco y negro, los paramilitares recibirán generosos beneficios jurídicos, incluida la no extradición, a cambio de una verdad a medias y, si acaso, una reparación simbólica y colectiva a las víctimas. El problema con este desequilibrio es que no sólo no habrá justicia, sino que tampoco se garantiza la paz. Tanta generosidad es apenas un incentivo para que surjan nuevos grupos, con nuevos capos a su mando, que luego se desmovilizan, lavan sus fortunas y siguen como si nada. Un escenario que ya se ve en muchas regiones del país. Así, queda claro que no se va a resolver el problema.