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| 2/12/2006 12:00:00 AM

¿Conejo a la extradición?

Human Rights Watch advierte que la extradición de los paramilitares está en peligro con la Ley de Justicia y Paz. Todo depende de cómo el gobierno la reglamente.

Si los jefes paramilitares confiesan los delitos de narcotráfico que cometieron en Estados Unidos, y los fiscales colombianos les imputan esos cargos, no podrán ser extraditados. Así se lo advirtió José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, al Presidente Álvaro Uribe en un documento de nueve puntos, enviado este sábado, que contiene recomendaciones detalladas sobre el contenido que debería tener el decreto que reglamenta la Ley de Justicia y Paz. Dicho decreto está en proceso de elaboración, pero se espera que esta semana se dé a conocer una versión final. El último borrador que prepara el gobierno, conocido por SEMANA, no aborda el tema de la extradición. Sólo les pide como requisito a los desmovilizados que firmen un acta en la que "declaren, bajo la gravedad de juramento, que no se han organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito". En esas condiciones, el temor de Vivanco se haría realidad. Por ejemplo, si Diego Murillo, 'Don Berna', confesara los delitos de narcotráfico por los que es pedido en extradición, y luego esos delitos son objeto de pena alternativa, inmediatamente quedaría blindado contra la extradición, pues por principio nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito. Para Vivanco, la única verdadera herramienta de presión que tiene Uribe para que los paramilitares entreguen bienes, y confiesen la verdad sobre sus crímenes, es justamente la posibilidad de que un avión de la DEA se los lleve a Estados Unidos. Por eso le pide al Presidente que, explícitamente, le solicite a la Fiscalía que no acuse a los paramilitares de estos crímenes. Y, más aun, que esto quede consignado en la reglamentación de la Ley. El influyente director de Human Rights Watch también manifiesta, en una carta dirigida a Uribe que acompaña el documento, su preocupación por el uso que se le está dando a la suspensión de la extradición. "Si un comandante paramilitar cuya extradición está suspendida no cumple plenamente y de buena fe con sus compromisos, se debería inmediatamente reactivar la orden de extradición". Hasta ahora, dos jefes paramilitares tienen suspendida la orden de extradición: Salvatore Mancuso y 'Don Berna'. El otro tema que preocupa a Vivanco, y al que dedica la mayor parte de su carta al Presidente, es que guerrilleros de las Farc y el ELN que han sido capturados, procesados y condenados por delitos atroces, resulten beneficiados por la Ley de Justicia y Paz. Así ocurrió con 38 presos de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita que fueron sacados de allí con bombos y platillos por el comisionado Luis Carlos Restrepo, quien los presentó ante las cámaras de televisión como los primeros beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz. En concreto, Vivanco pide a Uribe "reconsiderar su decisión de incluir estas 38 personas en el listado de quienes pueden recibir los beneficios de la Ley". La Ley contempla que los guerrilleros o los paramilitares pueden acogerse individualmente si aportan información que ayude a desmantelar sus grupos, entreguen bienes, y confiesen la verdad. Nada de esto ha ocurrido con los 38 guerrilleros. El borrador de reglamento que el gobierno está trabajando mantiene esta prerrogativa. La preocupación de Human Rights Watch, compartida por muchos juristas, es que se está socavando el Estado de Derecho. Vivanco considera que la reglamentación de la ley de Justicia y paz, obligatoria en el propio texto de la norma, es una oportunidad para corregir algunos de sus principales errores, peligros y falencias. Su texto incluye ocho recomendaciones, la mayoría de las cuales distan muchísimo del borrador de decreto que tiene el gobierno. Uno de lo temas cruciales son los requisitos que deben cumplir los paramilitares para ser incluidos en la lista de beneficiarios de la Ley. Para Human Rights Watch no es suficiente, como lo propone el gobierno, que los paramilitares den su versión sobre sus delitos y bienes. La Fiscalía debería, según Vivanco, hacer un exhaustivo cruce de información con todas las entidades del Estado, incluso con las notarías. Y si es del caso, recoger información en el terreno mismo. Esto implicaría, por ejemplo, que las autodefensas tendrían que responder por el paradero de 410 secuestrados y 113 desaparecidos que, según Fondelibertad, están en su poder. A pesar de que el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, ha dicho que esa entidad está trabajando en ese cruce de información, SEMANA pudo establecer que apenas se está haciendo sobre los delitos que se les imputan a los principales y más visibles líderes. Sobre los bienes y las cuentas bancarias, tanto en Colombia como en el exterior, nadie sabe cómo se logrará una información completa y confiable. Y cómo se enfrentará el complicado tema del testaferrato. Capítulo aparte merece el tema de reparación a las víctimas, tanto en el documento de Human Rights Watch como en el borrador del decreto reglamentario. La preocupación de Vivanco es que las víctimas tengan tiempo de reclamar su reparación incluso después de que el juez dicte sentencia condenatoria a los paramilitares, y que cuenten con el apoyo de la Fiscalía para presentar las pruebas. Esta solicitud, a diferencia de la propuesta gubernamental, es realista. El gobierno pretende que a través de edictos publicados por una vez, y con mensajes en las radios locales, las víctimas acudan a reclamar su reparación en plazos muy cortos. Y el borrador de decreto deja claro que la víctima debe llevar pruebas de los atropellos que ha sufrido. Infortunadamente, la mayoría de las víctimas de los crímenes cometidos por los paramilitares son campesinos. Casi todos habitantes de zonas muy alejadas. Gran parte de ellos carece incluso de títulos de propiedad que les permitan reclamar sus tierras. Por eso, si los plazos y los requisitos que pone el gobierno son imposibles de cumplir, más que reparados, terminarán siendo víctimas otra vez, por cuenta de una ley que funciona como un embudo. Pero que la reglamentación podría corregir, con un poco de voluntad política.
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