Viernes, 20 de enero de 2017

| 2006/12/02 00:00

Conejo a los gringos

A medida que las empresas de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela eran incluidas en la 'Lista Clinton', fueron reemplazadas por otras que operaban como si nada hubiera pasado.

Los hijosde los Rodríguez Orejuela utilizaron a antiguos trabajadores de sus empresas para crear sociedades paralelas. A través de ellas, continuaron comercializando más de 250 productos farmacéuticos

Es sorprendente la manera como las familias de los ex jefes del cartel de Cali se las ingeniaron para continuar sus negocios farmacéuticos y de cosméticos. Desde 1997 y hasta hace 20 días, sus negocios siguieron funcionando, a pesar de estar todas sus empresas y cooperativas incluidas en la Lista Clinton y bloqueadas en el sistema financiero.

Continuaron vendiendo más de 253 marcas registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio. Setecientos treinta y un nuevos registros de medicamentos y cosméticos fueron avalados por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos (Invima). Obtuvieron los certificados de buenas prácticas de manufactura. Manejaban sus estados financieros. Firmaban contratos. Tenían sus propias nóminas de empleados. Y para completar, movían sus dineros en 14 cuentas bancarias de seis bancos diferentes en todo el país.

¿Cómo lograron hacer todo esto si sus negocios estaban todos administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, figuraban en la Lista Clinton y estaban bloqueados en el sistema financiero?

Eso mismo se preguntaban los investigadores de la Policía Judicial (Dijín) y de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, que con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera del país (Uiaf), se dieron cuenta de la existencia de múltiples empresas y cooperativas que tenían el mismo objeto social de las incautadas a los Rodríguez Orejuela y que funcionaban tranquilamente.

Según los investigadores consultados por SEMANA, a medida que el gobierno estadounidense incluía en la Lista Clinton sus empresas y cooperativas, éstas se liquidaban y eran reemplazadas por otras que cumplían el mismo objeto social y en algunos casos funcionaban en las mismas sedes. Vendieron los registros sanitarios que figuraban a nombre de Miguel Rodríguez Orejuela en la cadena de Drogas La Rebaja. Adquirieron nuevos registros sanitarios, marcas de productos farmacéuticos y cosméticos y a través de las nuevas cooperativas se hacían los giros de dinero a miembros de las familias Rodríguez Orejuela y de Fernando Gutiérrez Cancino, quien manejaba las empresas de los ex jefes de la mafia y se encuentra preso en Nueva York por narcotráfico.

Fue así como la Uiaf comenzó a reportar numerosas operaciones sospechosas de las nuevas empresas y enormes sumas de dinero que se movían en sus cuentas bancarias del Bbva, Bancolombia, Bcsc, Davivienda, Santander, Colpatria y Agrario, en las que mezclaban dineros buenos y malos provenientes de su tradicional negocio de venta de productos farmacéuticos.

Para poder funcionar sin que nadie se diera cuenta, las juntas directivas de las nuevas empresas y cooperativas eran conformadas por sus antiguos trabajadores y por personas de su absoluta confianza. Entre ellos se suscribían contratos de franquicia y se les vendían o alquilaban los derechos que tenían sobre los registros sanitarios. En uno de los informes de la Fiscalía aparecen, por ejemplo numerosos cheques que cobraban conductores y escoltas de confianza, que figuran como accionistas de las empresas, pero que se ganan entre 600.000 y 800.000 pesos mensuales cada uno.

Entre los informes contables que más causaron curiosidad a la Uiaf está el movimiento de las cuentas bancarias en donde figuran cheques girados por montos inferiores a 10 millones de pesos a favor de diferentes personas, para no ser rastreados por inteligencia financiera. Los nombres de los beneficiarios no corresponden a los que figuran en los endosos y eran consignados a nombre de una de las nuevas cooperativas cuyo beneficiario final era una persona de confianza de la familia Rodríguez Orejuela.

Las 20 empresas paralelas que conformaron para continuar con sus negocios, y que tienen un valor cercano a los 13 millones de dólares, serán expropiadas y pasarán a la Dirección Nacional de Estupefacientes para su administración. Estas propiedades no forman parte del arreglo al que llegaron las autoridades norteamericanas con la familia Rodríguez Orejuela en septiembre pasado, en el cual aceptaron la confiscación de 2.100 millones de dólares en activos vinculados con el narcotráfico.

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