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| 3/26/2011 12:00:00 AM

Conejo a recicladores

Pese a la existencia de tres sentencias de la Corte Constitucional, parte de los recicladores del país siguen por fuera del lucrativo negocio de las basuras.

No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Eso les ocurre a los tres mil recicladores de Cali, que pese a estar amparados por una sentencia de la Corte Constitucional desde hace dos años, siguen peleando por que el alcalde, un hombre de izquierda, les cumpla. Esta semana, un pequeño grupo se tomó la sede ambiental del municipio para exigirle a Jorge Iván Ospina que resuelva sus inquietudes.

A simple vista el asunto que los mueve parece un pleito doméstico, pero se trata de un tema de gran envergadura que pone en evidencia que los tres fallos de la Corte en torno a los recicladores y sus derechos siguen a la deriva. Un mal precedente para un sector del que viven 300.000 personas.

Como se recordará, el 23 de abril de 2009 salió la histórica sentencia T-291, mediante la cual la Corte no solo reconoce el derecho al trabajo de los 680 recicladores que escarbaban el basurero de Navarro, en Cali, sino que obligó a las autoridades a garantizarles "su desempeño como empresarios del sector".

Dicho en otras palabras, el fallo abrió las puertas para que, de tú a tú, participen con los grandes grupos económicos en las licitaciones para operar el servicio de aseo, con exclusividad en la cadena de la basura reciclable, en la que son expertos empíricos.

Así se hizo con una de las cuatro rutas concesionadas en Cali, donde el operador creó una promesa de sociedad futura con cerca de 200 recicladores y los hizo dueños del uno por ciento de la compañía. El tema fue reproducido por la revista británica The Economist, que vio en el esquema de capitalismo y economía solidaria un modelo: ricos y pobres haciendo empresa.

Todo ese logro fue cimentado por los recicladores de Bogotá desde 2003, cuando ganaron la demanda de inconstitucionalidad de la licitación que se realizaba en la capital. Desde entonces, la Corte sentó jurisprudencia a través de las sentencias T-741 y T-724 en torno al derecho que tienen de asociarse y competir en igualdad de condiciones y participación efectiva en las licitaciones del servicio de aseo.

Sin embargo, varios expertos en el tema creen que las sentencias no han sido respetadas porque la basura reciclada solo en Bogotá mueve un promedio de 60.000 millones de pesos al año, y quienes ganan son los grandes intermediarios, que se pueden contar con los dedos de la mano.

Irónicamente en Cali, la ciudad donde culminó con éxito esa batalla jurídica, las cosas no parecen mejorar. "Tergiversaron el esquema de la sentencia y están manoseando todo con oportunismo político", dijo a SEMANA Espólito Murillo, reciclador que fue candidato al Concejo por el Polo y se quemó.

Como el fallo obligó al municipio a garantizar trabajos temporales a los 680 recicladores de Navarro, mientras eran incluidos en el manejo integral de las basuras, el alcalde montó en 2009 la nueva empresa Girasol Eice. Esa jugada le permitió matar dos pájaros de un tiro: le cumplió parcialmente a la Corte y, de paso, lanzó un salvavidas para los extrabajadores de la liquidada Emsirva, empresa de aseo que cayó en desgracia por la politiquería.

Sin embargo, en Girasol hay contratados solo 300 de los 680 recicladores que la Corte ordenó atender. Y, como si fuera poco, se apoderó del servicio de la ruta reservada exclusivamente para que ellos desarrollaran su empresa. Adriana Restrepo, la abogada caleña experta en reducción de pobreza que a través de la fundación Civisol defendió los derechos de los recicladores ante la Corte, catalogó la jugada del municipio como "una vil tercerización laboral irónicamente liderada por un mandatario de izquierda".

El alcalde Ospina defiende el proceso y argumenta que la integración de todos los recicladores en el negocio de la basura se hará de manera progresiva por su complejidad, y reconoció que lo ideal es que el vínculo en el sector sea "como empresarios y no como empleados".

En Cali, entonces, está todo por resolverse. Tal vez les sirva de ejemplo lo ocurrido en Bogotá. En esta ciudad, en este momento se avanza con el proceso para entregar en concesión seis zonas de aseo en un contrato de 2,3 billones de pesos. La licitación se atrasó, justamente, porque a la Corte le tocó también ordenar que acataran el fallo e incluyeran en el negocio a 25.000 recicladores. "Ya se logró que en los pliegos se definiera la inclusión de nuestras organizaciones como accionistas", explicó Nohora Padilla, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores. De manera silenciosa se está haciendo el milagro.
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