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| 12/18/2010 12:00:00 AM

Confirma-DAS

En 2010, el escándalo por el espionaje del DAS contra magistrados, ONG, políticos de oposición y periodistas no se detuvo. Hubo nuevas revelaciones y algunos de los responsables confesaron o fueron condenados.

No hubo un solo mes, en 2010, en el que el escándalo por el espionaje del DAS contra magistrados, políticos de oposición y periodistas no ocupara los titulares de la prensa. No era para menos.

Desde febrero de 2009 y durante todo ese año, durante el cual SEMANA reveló el escándalo y publicó decenas de artículos denunciando los seguimientos e interceptaciones, sectores del gobierno de Álvaro Uribe y la prensa intentaron minimizar –y hasta negar– los seguimientos e interceptaciones ilegales hechos desde el DAS. Sin embargo, cualquier duda que existiera sobre el que es considerado como el escándalo más grave de las últimas décadas en el país se despejó plenamente durante 2010.

En abril de este año, SEMANA publicó una investigación en la que se revelaban pruebas y testimonios que demuestran que funcionarios de la Casa de Nariño, entre ellos el ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, habían ordenado al DAS espiar a magistrados y recolectar información que fue filtrada a la prensa con el fin de desprestigiar y atacar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aunque desde el inicio del escándalo ya se mencionaba la activa participación de altos funcionarios de Palacio en el complot, era la primera vez que se probaba la participación de miembros del círculo cercano del ex presidente Uribe. Unas semanas más tarde, SEMANA también reveló una serie de correos electrónicos entre la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, con Fernando Tabares y Martha Leal, ex director de Inteligencia y ex subdirectora de Operaciones, en los que se ordenó investigar, ilegalmente, bienes del ex presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia y de su abogado, Ramiro Bejarano.
 
En esas comunicaciones también se evidenció la intención de filtrar información a los medios con fines de desprestigio. Esos correos internos del DAS dejaban sin piso los argumentos que durante meses habían esgrimido ex funcionarios del DAS y del gobierno Uribe que intentaban argumentar que las únicas verificaciones que ese organismo hizo eran sobre un polémico abogado llamado Ascencio Reyes.

 Pero tal vez lo más grave ocurrió el 15 de mayo. Ese día SEMANA reveló cómo el DAS había infiltrado, dentro de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, a una detective, con el fin de grabar, ilegalmente, las sesiones de los magistrados, así como sus reuniones privadas. La funcionaria, llamada Alba Luz Flórez, conocida como ‘la Mata Hari’, creó también una red de informantes dentro de la Corte, que no solo le ayudaron a esconder grabadoras en los recintos de los magistrados, sino que le suministraban datos sobre ellos y sus familias y, como si fuera poco, sustraían expedientes reservados. La revelación de SEMANA hizo que ‘la Mata Hari’ se entregara a la justicia, confesara y entregara pruebas. Entre ellas, decenas de horas de audios con conversaciones de magistrados.

Para ese momento, durante una audiencia de imputación de cargos, Misael Rodríguez, el fiscal delegado ante la Corte que adelanta parte de la investigación del DAS, había presentado algunas pruebas ante el juez y lanzado una frase que resumía la gravedad y dimensión del espionaje. “Quienes participaron en las reuniones en el Ministerio de Hacienda, en la Casa de Nariño y en el DAS, para hacer seguimientos ilegales a los magistrados, conformaron una empresa criminal”, dijo. Para mitad de año, las denuncias de SEMANA ya habían sido plenamente comprobadas por la sólida investigación que desarrolló la Fiscalía. La contundencia de los hechos desató una avalancha de confesiones de algunos de los principales protagonistas del espionaje.

Una de las primeras fue ‘la Mata Hari’, que aparte de entregar pruebas le contó a la Fiscalía con lujo de detalles cómo se realizó la infiltración dentro de la Corte para entregar esa información a sus superiores en el DAS y en la Casa de Nariño. Pero las confesiones más impactantes corrieron por cuenta de dos de los funcionarios más altos que tenía el DAS. En agosto, Jorge Lagos, el ex jefe de Inteligencia de ese organismo se acogió a sentencia anticipada y ante un juez afirmó: “Deseo manifestar que no existió razón legal ni motivo de inteligencia alguno para que contra la Corte Suprema de Justicia se adelantaran las investigaciones y seguimientos que se llevaron a cabo. Así mismo, debo decir que el objeto de esas investigaciones era desacreditar esa alta Corte, tal y como lo estableció la Fiscalía; igualmente quiero hacer extensivas mis más sinceras disculpas ante ellos y ante las demás personas que pudieran resultar afectadas. Debo decir igualmente que las actuaciones efectuadas contra estos miembros del Congreso de la República se motivaron en una campaña de desprestigio, tal y como lo planteó la Fiscalía en su investigación. Reitero, para finalizar, que lamento todo lo sucedido y pido perdón por ello”.

Aparte de pedir perdón, Lagos confesó a la Fiscalía todas las actividades ilegales hechas desde el DAS y contó que estas habían sido efectuadas por orden de la ex directora María del Pilar Hurtado y de la Casa de Nariño. El ex jefe de Contrainteligencia Fernando Tabares también se acogió a sentencia anticipada y realizó una confesión similar a la de Lagos, pero señaló a Bernardo Moreno como uno de los responsables de haber ordenado al DAS efectuar el complot contra la Corte. Los dos funcionarios fueron condenados a ocho años de prisión y sus confesiones cayeron como un baldado de agua fría sobre los ex funcionarios de Palacio en la administración Uribe.

 En las semanas siguientes, Martha Leal, Germán Ospina, Gustavo Sierra y otros cuatro ex altos funcionarios del DAS también confesaron y entregaron pruebas a la Fiscalía.
 
Varios de ellos reconocieron que parte de las pruebas, entre ellas los audios de las interceptaciones ilegales, habían sido destruidas. Además de aceptar que participaron en el espionaje ilegal, todos coincidieron en señalar al ex director del DAS Andrés Peñate y especialmente a María del Pilar Hurtado y funcionarios de la Casa de Nariño, principalmente a Bernardo Moreno, como responsables de un complot originado desde la Presidencia.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, en octubre el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó por 18 años a Hurtado y Moreno e impuso otras sanciones menores a otros funcionarios como responsables de la vergonzosa, gigantesca y prolongada campaña de seguimientos y desprestigio. La decisión del Ministerio Público fue la confirmación contundente del espionaje.

Para mediados de noviembre, la gran cantidad de pruebas, evidencias y testimonios contra la ex directora del DAS Hurtado dejaban en claro que era inminente que la Fiscalía imputara cargos contra la ex funcionaria e incluso decretara su captura. Siguiendo una recomendación del ex presidente Uribe, la ex funcionaria huyó a Panamá, en donde argumentó ser víctima de una persecución política en su contra y consiguió que el gobierno de Ricardo Martinelli le otorgara un polémico asilo. Aunque con la fuga de Hurtado la investigación de la Fiscalía sufrió un revés, ya que dificulta llegar y castigar a los culpables en los niveles más altos del gobierno, la realidad es que ese hecho en sí se convirtió en una confesión y un reconocimiento explícito de la veracidad de las denuncias que se venían haciendo desde meses atrás.
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