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| 3/6/2005 12:00:00 AM

¿Conflicto armado o amenaza terrorista?

El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, defiende en este texto la posición del gobierno acerca de la naturaleza de la situación que se vive en Colombia

Conflicto armado interno es el término contemporáneo que se utiliza para designar una situación de guerra civil. No es ese el caso de Colombia. Aquí no podemos hablar de enfrentamiento de dos sectores de la población que dirimen sus diferencias por las armas.

Tampoco existe en Colombia una dictadura personalizada o una constricción constitucional que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, argumentos alegados dentro de la tradición liberal y marxista para justificar la acción violenta. Colombia es una República democrática, con separación de poderes, libertad de prensa y plenas garantías para la oposición política. Su Constitución está centrada en la defensa de las libertades individuales y garantías ciudadanas.

Carentes de apoyo popular, los grupos armados ilegales se perpetúan en Colombia por su vinculación al narcotráfico, que les ofrece recursos ilimitados para financiar sus acciones. Sus 'objetivos militares' son en gran parte ciudadanos desarmados, la infraestructura civil y autoridades regionales. Como en muchos países de la Europa contemporánea, llamamos terroristas a estos grupos minoritarios que intentan imponer sus ideas o intereses por medio de la violencia. Y los caracterizamos como una grave amenaza para la democracia.

De allí la premisa central que invoca este gobierno: en Colombia no existe un conflicto armado interno sino una amenaza terrorista. No se trata de un cambio caprichoso de los términos. Es un asunto conceptual de vital importancia para el destino de la nación. Es cierto que el término 'conflicto armado interno' ha sido consignado en normas jurídicas e incluso, anteriores gobiernos validaron la existencia de un 'conflicto social y armado', dando a entender que la situación de violencia tenía como causa un conflicto social, que al no encontrar cauces democráticos terminaba expresándose como acción armada.

Es hora de corregir este grave error. Reconocemos la existencia de múltiples conflictos en el seno de la democracia, pero todos ellos pueden dirimirse a través de mecanismos constitucionales, apelando a la decisión del pueblo. En las modernas teorías de negociación, conflicto es un término noble y positivo. Pero en vez de estimular caminos creativos para solucionar los conflictos sociales, los terroristas los bloquean y aplastan. Los terroristas no permiten dignificar al contradictor; al contrario, lo matan.

Temen algunos que por no reconocer la existencia de un conflicto armado interno, se desconozca la aplicación del derecho internacional humanitario. Con la aparición de la Corte Penal Internacional, la jurisdicción penal universal y la tipificación en nuestros códigos internos de las conductas violatorias del DIH, no hay ninguna posibilidad de impunidad para estos delitos.

Ni el gobierno dejará de educar a los miembros de la Fuerza Pública en el respeto al DIH, ni se violarán los derechos fundamentales de los terroristas cuando caigan bajo el poder de las autoridades. Tampoco se violará, como dicen algunos, el principio de distinción, que obliga a las Fuerzas Armadas a respetar a los civiles. Lo que no podemos hacer es reconocerles a los terroristas el derecho de atacar a nuestros policías y soldados, como se deriva del hecho de considerarlos 'parte del conflicto'. Tal calificativo sugiere además que nacionales o extranjeros podrían declararse neutrales ante las partes, lo que pondría en igualdad de condiciones a los miembros de la Fuerza Pública y a los ilegales.

Colombia gana en claridad llamando las cosas por su nombre. Eso no quiere decir que cerremos las puertas a una salida dialogada. Si los terroristas muestran voluntad de abandonar sus métodos sangrientos y declaran un cese de hostilidades, estamos dispuestos a explorar con ellos caminos de paz. En eso se diferencia nuestra política contra el terrorismo de la que adelantan otros países. Nuestro talante liberal y pluralista nos lleva a dejar abierta la salida dialogada.

En verdad no es mucho pedir. Sólo que dejen de matar y secuestrar. Lo demás lo arreglamos en el camino.
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