Congresista Yahir Acuña: de investigador a investigado

Hace dos semanas, Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe, llegó a la Comisión de Acusaciones a pedir que se declarara la prescripción del proceso que desde el año 2009 deambulaba de mano en mano por el caso de la compra del voto a la congresista Yidis Medina para favorecer la reelección presidencial.

Lombana, en su petición, aseguró que el cohecho propio, “presunto delito” por el que se investigaba a Álvaro Uribe, según la ley prescribe a los seis años de haberse cometido la conducta.

Según el abogado del expresidente Uribe, se habría consumado antes del 5 de junio del 2004, día en que la entonces parlamentaria Yidis Medina votó el proyecto que permitía modificar la Constitución para establecer la reelección presidencial. La acción de la justicia colombiana, según Lombana, se venció el 5 de junio del 2012.

Sin embargo, Semana.com conoció que el pasado 7 de mayo, el representante a la Cámara Yahir Acuña (Partido Negritudes), quien adelanta la investigación, le respondió a Lombana negándose a declarar la prescripción del proceso. En cambio, mantuvo la decisión de citar a indagatoria al expresidente Uribe, la cual está vigente desde el pasado mes de octubre.

Acuña sustentó su determinación en que Yidis Medina, en la declaración que rindió en la Comisión de Acusaciones el pasado 25 de octubre, aseguró que una de las supuestas dádivas que Uribe le entregó se materializó hasta el 2 de febrero del 2006, cuando el Gobierno nombró a Juan Bautista Hernández director del Sena seccional de Bucaramanga. Por eso, asegura Acuña, el delito se ejecutó hasta el 2006, siendo así, la fecha de la prescripción del proceso sólo se daría en febrero del 2014, y su proceso estaría vigente.

Como respuesta, Lombana radicó un nuevo escrito en la Comisión de Acusaciones el pasado martes 14 de mayo, en el que en diez páginas no sólo sustenta que el proceso ya prescribió, pues sentencias de la Corte Constitucional relacionan que el delito de cohecho se configura antes de la decisión del funcionario público. En este caso, antes del voto de Yidis Medina.

Lombana también señala que el representante Acuña habría incurrido en el delito de prevaricato por abrir una investigación después de la fecha en que la acción penal de la justicia habría prescrito.

El expediente

El pasado 3 de octubre, cuatro meses después de que, según Lombana, el proceso hubiera prescrito, Yahir Acuña se apropió de la investigación y anticipó que “no le temblaría la mano” para tomar “cualquier decisión incluso en contra del expresidente Álvaro Uribe”.

Así lo hizo cuando asumió la demanda del ciudadano Alejandro Baquero Nariño quien, desde el 2009, había puesto una queja disciplinaria en la Procuraduría, organismo que le dio traslado a la Comisión de Acusaciones.

Sin embargo, por esos días la Comisión de Acusaciones ya adelantaba un proceso por el mismo caso derivado de la denuncia interpuesta por los congresistas del Polo Democrático, incluido el representante Germán Navas Talero, el mismo que llevó el caso conocido como ‘yidispolítica’ a la Corte Suprema de Justicia, donde el proceso concluyó con la condena a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño.

Dicho proceso era adelantado desde el 2010 por los representantes Orlando Velandia, Hernán Penagos y Germán Blanco. Pero con la decisión de Acuña de abrir una nueva investigación, el proceso promovido por la denuncia del Polo se estancó.

Escuchar el testimonio de Yidis Medina, en diligencia que se adelantó el 25 de octubre, fue la única prueba que practicó Acuña, 24 horas después decidió abrir investigación formal y llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe.

Para Jaime Lombana esa decisión violó el debido proceso porque no se practicaron las pruebas fundamentales, como son la ampliación de la denuncia del denunciante, en este caso el ciudadano Alejandro Baquero Nariño, y la versión libre del investigado, el expresidente Álvaro Uribe.

El procurador Jorge González, delegado de Alejandro Ordóñez ante la Comisión de Acusaciones, no sólo le dio la razón al abogado de Uribe, sino que advirtió que Acuña cometió un error jurídico al no mantener la investigación “más antigua y de mayor jerarquía, y cuya investigación se encontraba más adelantada”, es decir, la denuncia de los congresistas del Polo Democrático.

Por eso, el pasado 25 de enero la Procuraduría pidió la nulidad de todo lo actuado bajo instrucción de Acuña, por considerar que se violó el debido proceso. El representante investigador rechazó tal petición.

La defensa del expresidente Álvaro Uribe, además de apoyar el concepto de la Procuraduría, considera que, a pesar de haber prescrito la acción penal por el caso de la ‘yidispolítica’, Acuña decidió abrir investigación y profirió diferentes decisiones, como el llamado a indagatoria al expresidente, lo cual no debía haber ocurrido.

“A partir de esa conducta errada y contraria al ordenamiento jurídico, el representante Acuña presuntamente podría haber incurrido en el delito de prevaricato por acción al ser todas estas decisiones violatorias al derecho fundamental al debido proceso”.

Y en el documento Lombana no sólo pide a la Comisión de Acusaciones que se declare la prescripción del proceso por yidispolítica, sino que pide “darle el traslado a la Procuraduría para que emita un concepto frente al particular”.

De Yahir Acuña se conocía poco hasta cuando apareció como investigador del expresidente Uribe en el proceso por las chuzadas y el de la yidispolítica. Recientemente asumió la investigación contra Uribe por el fallo de La Haya sobre San Andrés. Probablemente trascienda a la historia por ser el primer congresista en citar a indagatoria al expresidente Uribe, pero sus actuaciones podrían traerle un lío si se comprueba que violaron el debido proceso.