El futuro político no tan claro de Ovidio Claros

El pasado 8 de febrero, Ovidio Claros, presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le presentó al Congreso su carta de renuncia al cargo de magistrado. Su dimisión estaba motivada en “temas personales”, aunque las verdaderas razones obedecían a sus intenciones de ser candidato, o al Senado o a la Cámara de Representantes, en las próximas elecciones legislativas, que se adelantarán, exactamente dentro de un año. El 11 de marzo del 2018 el país elegirá a los nuevos senadores y representantes.  

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Este jueves, el Congreso en pleno, es decir, Senado y Cámara de Representantes a la vez, fueron citados para aceptar o no la renuncia del magistrado de la Judicatura. Hubo quorum suficiente como para aprobar el orden del día, para al momento en que se dio inicio al caso Ovidio Claros, los congresistas, unos desaparecieron del Salón Elíptico, otros se abstuvieron de votar.

A varios congresistas de Cambio Radical los señalaron de ‘quemar tiempo’ durante la sesión y dilatar la votación hasta que no existiera el mínimo quorum para decidir. Para algunos, había temor de que Claros fuera a desplazarlos a la hora de conformar las listas de candidatos a la Cámara. Sin embargo, congresistas de este partido negaron, al final de la sesión, el haber entorpecido el trámite de la renuncia del magistrado.   

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A tal punto que como no hubo votos suficientes para adoptar la decisión, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano (la U), decidió convocar, de nuevo, al Congreso pleno para el próximo miércoles 15 de abril, para que ese día se resuelva la renuncia de Ovidio Claros.

El aplazamiento de la decisión cayó como un baldado de agua fría al magistrado. La ley establece que para ser candidato, un funcionario público debe renunciar un año antes de la elección en la cual pretende participar, de lo contrario estaría inhabilitado para ser elegido.

En este caso, Claros necesitaba que antes del sábado (11 de marzo) el Congreso aprobara su renuncia para no tener ningún tipo de inhabilidad encima. En consecuencia seguiría en el cargo de magistrado dentro del año anterior a la elección, por lo que su aspiración de volver al capitolio podría quedar sepultada.

El asunto pasaría al plano jurídico. Ovidio Claros certifica que como el 8 de febrero pasado presentó su renuncia, la ley establece un término de 30 días para que el Congreso se pronuncie, pero en caso de no hacerlo, podría separarse del cargo sin que se configurara como abandono. Algo similar a lo que sucedería si el Senado se niega a aprobar la renuncia del Vicepresidente de la República.

Claros está decidido a presentarse como candidato a pesar de este episodio que podría oscurecerle el futuro político. En el momento en que se inscriba será el Consejo Nacional Electoral y la Sala Quinta del Concejo de Estado quienes determinen si está inhabilitado o no por el hecho de que el Congreso no aprobó su renuncia antes del 11 de marzo.