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| 12/15/2010 12:00:00 AM

Congreso aprobó la prórroga de la ley de orden público

Entre los principales alcances del proyecto, el gobierno no podrá establecer zonas de despeje en el territorio nacional para promover acuerdos o negociaciones con grupos armados ilegales.

La ley 418, conocida como la ley de orden público, fue creada en 1997 en el tramo final del gobierno de Ernesto Samper. Fue la misma que permitió disposiciones como el establecimiento de zonas desmilitarizadas o zonas de despeje para adelantar negociaciones de paz con grupos armados ilegales.  
 
Los alcances de esta ley permitieron que el gobierno de Andrés Pastrana despejar 42 mil kilómetros del territorio en entre cinco municipios de los departamentos de Meta y Caquetá para adelantar diálogos con las Farc.
 
Esta ley ha sido prorrogada en 1999, 2002, y 2006, y ahora el Congreso hace lo propio para que el gobierno de Juan Manuel Santos la pueda utilizar incluso para adelantar procesos de reconciliación con las organizaciones ilegales.
 
Sin embargo, para ese fin, ya no se podrán establecer las zonas de despeje, pues el propio Santos le pidió al congreso eliminar esa facultad.
 
Según explicó el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, esta ley permitiría suspender órdenes de captura para miembros de grupos ilegales que adelanten diálogos con el Gobierno, y estos se podrían hacer dentro del país (sin la desmilitarización de ningún milímetro del territorio nacional) o en el exterior.
 
"El Gobierno Nacional podrá acordar, con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra éstos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso", señala el proyecto. 
 
Los eventuales procesos de negociación quedarán en manos del Presidente de la República, sin intermediación de terceros, a menos que los autorice el Jefe de Estado.
 
Según explicó el ministro Germán Vargas Lleras, la prórroga de la ley de orden público también establece la posibilidad de conceder eventuales indultos o cesación de procesos penales, pero para delitos que no comprometan la seguridad nacional, no vulneren el derecho internacional humanitario, ni sean tipificados de lesa humanidad.
 
La prórroga de la ley de orden público también modifica las sanciones penales para el delito de reclutamiento de menores. Esta ley contemplaba castigos de entre tres y cinco años, pero el Gobierno consiguió que en esta prórroga el reclutamiento sea castigado conforme al actual código penal, que establece penas de entre seis y diez años de cárcel.

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