Funcionarios, a responder por ataques con ácido

Natalia Ponce de León no es la primera colombiana víctima de la salvaje agresión con ácido, pero su caso, quizá como nunca antes, ha generado tanta indignación. Las cifras de Medicina Legal parecen ya intolerables. Desde el 2004 ha habido 926 agresiones de este tipo, 565 de ellas contra mujeres, y a pesar de existir una ley que endureció las penas contra los causantes de estas agresiones, esta conducta parece engrosar la lista de delitos que se alojan en la más alta impunidad.

El caso de Natalia ha movilizado a los colombianos, que en las redes sociales parecen decir basta ya. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que los ataques con ácido son "un crimen realmente atroz y deplorable", al tiempo que aumentó la recompensa. "Ofrezco inclusive más, 75 millones de pesos para cualquier persona que nos dé información sobre responsables de este tipo de crímenes y de quién está detrás de esta modalidad", manifestó.

Pero lo que más preocupa a muchos es si las autoridades, y sobre todo el Gobierno, han actuado eficazmente para evitar que este tipo de hechos se repitan en el país. Tuvieron que pasar centenares de víctimas para que el Congreso de la República llamara a rendir cuentas a los funcionarios del Gobierno para que expliquen que se ha hecho desde el Ejecutivo para ponerle fin a esta barbarie.

Por una proposición del senador Juan Lozano, la Comisión Segunda citó a los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y de Salud, Alejandro Gaviria, además del comandante de la Policía, general Rodolfo Palomino, y al fiscal general Eduardo Montealegre, para que respondan varios interrogantes relacionados con las acciones que desde el Estado se han adelantado para castigar a los agresores, y evitar que esta conducta se repita.

Los funcionarios deberán dar respuesta a un cuestionario de 26 interrogantes. El Congreso pide explicarle al país cuántas investigaciones existen y están abiertas por casos de agresión con ácido, cuántas personas están acusadas y cuántas condenas existen hasta la fecha, establecer cuánto es el tiempo que el aparato judicial  tarda para investigar y castigar esta conducta, y de cuánto tiempo podría ser la condena por este tipo de agresiones.

Al ministro de Salud se le interrogará si el Estado, a través de su sistema de salud, cubre el tratamiento físico y psicológico que deben recibir las víctimas, y si existe una reglamentación para la comercialización de los ácidos.

En el caso particular de Natalia Ponce, el Congreso indaga cuál fue el tiempo de reacción de la Policía para atender el caso, y en qué estado se encuentran las investigaciones para dar con el paradero del agresor, también al comandante de la Policía se le pedirán cuentas sobre el manejo y el control de la Policía en comercialización, manipulación y uso del ácido en el país.

Lozano igualmente indaga al Gobierno por qué el Estado en principio solo sólo ofreció la suma de 5.000.000 de pesos como recompensa en este caso. El debate fue aprobado por la Comisión Segunda y citado para el próximo miércoles 9 de abril.