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| 7/10/2014 12:00:00 AM

Gobierno pedirá no castigar porte de armas blancas

Mientras el Congreso estudia el proyecto de ley para llevar a la cárcel a quienes porten puñales, el Gobierno pide tumbar la iniciativa.

Nueve puñaladas tras un atraco terminaron con la vida del subintendente de la Policía Gilberto Arango, esta semana en calle 26 cerca al puente peatonal del Portal El Dorado. Este asesinato no sólo generó la indignación de los bogotanos, también puso sobre la mesa un viejo debate: la penalización del porte de armas blancas. Hoy se sabe que el Gobierno pediría tumbar un proyecto de ley que cursa en el Congreso sobre este tema.

En la actualidad, cuando a una persona se le encuentra un cuchillo o navaja, la Policía sólo lo conduce a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) y lo retiene por 24 horas. Luego es anotado en un libro y queda libre.

Los datos son contundentes. Según la propia Policía, del total de homicidios en el país, cerca del 18 %, son cometidos con armas blancas y es Bucaramanga la ciudad donde más lesiones personales y muertes se cometen. En dos años, cerca de 1,4 millones de este tipo de objetos fueron incautados en todo el país.  

Tras la muerte del subintendente de la Policía, el subsecretario de seguridad de la Alcaldía de Bogotá, Jonathan Nieto, le pidió al Congreso que debatiera en la próxima legislatura -que se inicia el 20 de julio- el tema del porte de armas blancas y que se castigue con el mismo rigor con el que se penalizó el porte de armas de fuego.

Lo hizo con un argumento estadístico, el 30 % de las 1.200 muertes que ocurren en Bogotá al año se producen por armas blancas. “Si una persona tiene un puñal, es probable que no vaya a hacer una labor distinta a un tema delictivo. El uso de estas es creciente porque no hay penas”, dijo Nieto.

Penas de dos años y más

Actualmente en el Congreso se debate una iniciativa que busca penalizar el porte de armas blancas. En esta se quiere que se adicione un artículo (365 A) al Código Penal. “Para nadie es una sorpresa que hoy en día, ante la ausencia de legislación en nuestro país, se permite que cualquier persona transite tranquilamente portando cuchillos y puñales”, se lee en la justificación del proyecto.

La iniciativa establece que en sitio público o privado abierto a los ciudadanos, tales como establecimientos educativos, estadios, centros deportivos, salas de cine, discotecas, bares, lugares en donde se expendan bebidas alcohólicas, se porten armas blancas, “incurrirá en prisión de uno a dos años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”, se resalta en el proyecto de ley del exsenador Juan Carlos Vélez.

Así mismo, se establece que a quien reincida en esta conducta se le duplicará la pena mínima. Este castigo también se ampliará cuando se utilicen medios motorizados, el arma provenga de un delito, la persona oponga resistencia en forma violenta a las autoridades, se empleen máscaras o elementos similares.

El NO a la iniciativa

El deseo del subsecretario de Seguridad no sería cumplido. El Gobierno ya tiene listo un documento elaborado por un comité técnico del Consejo Superior de Política Criminal que pediría el archivo de la iniciativa.

Semana.com conoció el documento en el que tumbaría nuevamente el proyecto al considerarlo “inconveniente”, además de “inoperante” para la política criminal. Son varias las razones: “resultan insuficientes (los argumentos) para respaldar la tipificación”. Así mismo, se dice que existen “otras vías o delitos para sancionarlos”, que cambia la tipificación al convertir el delito de "culposo a doloso" y “abre campo a la arbitrariedad de las autoridades policiales”.   

Dentro de las conclusiones también está que la penalización de porte de armas blancas podría “ahondar la crisis del sistema penitenciario y carcelario”. Al final se dice que la iniciativa ya fue presentada en otras oportunidades y fue archivada.

La suerte de este proyecto está en manos del Congreso, que tendrá que darle debate a una problemática que ya cobró la muerte de un Policía y la de miles de ciudadanos.
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