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| 8/1/2012 12:00:00 AM

Congreso decidirá si violencia sexual en el conflicto es crimen de lesa humanidad

Si el Senado y la Cámara aprueban un proyecto de ley, miembros de grupos ilegales y del propio Ejército que atenten sexualmente contra las mujeres serían delincuentes atroces y no podrían recibir beneficios de la justicia transicional.

Los representantes a la Cámara Iván Cepeda y Ángela María Robledo le propusieron este miércoles al Congreso calificar los delitos sexuales en el marco del conflicto armado como crímenes de lesa humanidad.
 
La propuesta pretende modificar algunos artículos del vigente código penal y de la ley contra la violencia de género para calificar a los miembros de grupos armados ilegales, y a los propios miembros de la fuerza pública que atenten contra la mujer, como delincuentes atroces.
 
Si el Congreso así lo decide, la nueva ley tendría varias implicaciones políticas. Por ejemplo, que los miembros de las guerrillas que hayan cometido estos delitos no podrán beneficiarse de los beneficios de justicia transicional, que el reciente marco para la paz contempla para adelantar eventuales procesos de paz.
 
Así mismo, obligaría a que la reforma al fuero militar excluya como irregularidades del servicio la violencia sexual, con lo cual no serían conocidas por la justicia penal militar sino que su competencia sería exclusiva de la justicia ordinaria.
 
El proyecto cuenta con el visto bueno del gobierno. La alta consejera presidencial para asuntos de la Mujer, Cristina Plazas, acompañó esta iniciativa, que inició formalmente su trámite este miércoles en el parlamento.
 
Este proyecto también pretende fortalecer la celeridad y la eficacia de la justicia para investigar estos delitos que, según los representantes Robledo y Cepeda, han quedado en la impunidad.
 
Además, si el Congreso decide calificar la violencia sexual en el marco del conflicto, estas conductas no prescribirán. Actualmente, la ley colombiana establece que las conductas que no sean tipificadas de esta forma prescribirán 20 años después de haberse cometido.
 
Según Cepeda, la iniciativa “contribuirá a precisar los casos en los que la violencia sexual en el escenario del conflicto se constituye en un crimen de guerra y de lesa humanidad, o sea que de acuerdo con la normatividad internacional, no prescribe, no tiene vencimiento y puede ser reclamado, investigado y juzgado en cualquier momento por ser una práctica habitual, extendida, sistemática, generalizada e invisible”.
 
Este proyecto incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los crímenes de violencia sexual, ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza como el caso de la prueba física.
 
De igual manera desvirtúa el uso de la violencia física y contempla nuevos elementos como contextos de coacción o delitos producto de amenazas o uso de poder. Amplía conductas penales como el embarazo forzado, la esterilización y la desnudez forzadas, y propone un sistema de información sobre violencia sexual.
 
Violencia sexual, delito impune
 
Según se consigna en la exposición de motivos del proyecto, entre el 2001 y el 2009, aproximadamente medio millón de mujeres (489.687) fueron víctimas directas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. En promedio, 170 mujeres fueron víctimas diariamente y siete cada hora. El 82% de las mujeres víctimas de estos delitos manifestó no haber denunciado por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confían en la justicia, según cifras de las organizaciones no gubernamentales Casa de la Mujer y Oxfam.
 
Pese al subregistro, la información señala que la violencia sexual ha aumentado en los últimos ocho años en 40%. Pasó de 14.239 casos en el 2003 a 20.142 en el 2011, según Medicina Legal en su informe del 2011.
 
A mayo del 2012 se registraron 393 casos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. De estos casos sólo en el 3,5% existe sentencia (14 casos): 11 terminaron con sentencia condenatoria y tres con sentencia absolutoria (según datos oficiales de la Fiscalía General de la Nación).
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