Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1993/12/27 00:00

CONGRESO MANIRROTO (GASTO PUBLICO)

De aprobarse como están nueve proyectos de ley, el déficit fiscal podría llegar al 5 por ciento en 1994.

CONGRESO MANIRROTO (GASTO PUBLICO)

DE BUENAS INTENCIONES está empedrado el camino de la inflacion. Tal es la versión que del adagio popular sobre el camino al infierno está manejando en este momento el Gobierno, a raíz de una serie de proyectos de ley que son discutidos ahora en el Congreso y que podrían elevar al 5 por ciento el déficit fiscal de la Nación en 1994. Según el equipo económico del Gobierno, dicho déficit causaría una inflación varias veces superior a la actual y produciría una revaluación del peso de entre el 16 y el 26 por ciento.
De acuerdo con un memorando interno preparado por el Grupo de Análisis Fiscal para el ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, existen varias iniciativas parlamentarias que pueden elevar el déficit fiscal de manera sostenida en 3,44 por ciento del PlB, unos l.8 billones de pesos. Este déficit sería adicional al que fue discutido en días pasados por el Confis, el Conpes y el Banco de la República, que como máximo puede llegar a 1,2 por ciento para ser consistente con las metas de inflación y la tasa de cambio.
El memorando considera, sin embargo, que dichas iniciativas violan la Constitución, pues "le echan mano a las finanzas plúblicas sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda". De ese argumento se ha prendido el Gobierno para tratar de evitar lo que, en su concepto, podría llegar a ser un verdadero descalabro económico.
El viernes pasado, Hommes le dirigió una comunicación en tal sentido al presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Julio César Guerra Tulena, y anunció para esta semana una gran ofensiva con el fin de llamar la atención de los parlamentarios sobre el riesgo que tendría la aprobación de los correspondientes proyectos de ley. Sobre todo de los que tienen que ver con la Ley de Orden Público, la Ley Eléctrica y la Ley Agrícola.
Los efectos fiscales más indeseables, en opinión del Minhacienda, los tendría la Ley de Orden Público, que destina casi 700.000 millones de pesos al Plan Nacional de Rehabilitación (PNR). Esa decisión, segun el Gobierno, no sólo es objetable desde el punto de vista fiscal, sino de la efectividad misma del gasto. El PNR maneja en la actualidad un presupuesto del orden de los 35.000 millones de pesos -es decir, 20 veces menor al contemplado en el proyecto de ley- y aun así tiene serias dificultades para ejecutarlo (ver informe especial). Pero además de eso, según el Gobierno va en contra de la descentralización, pues en un esquema como el ordenado por la Constitución las obras de las veredas de Colombia no pueden decidirse y dirigirse desde el centro del país.
El proyecto de Ley Eléctrica, por su lado, crea la obligación de destinar el uno por ciento del presupuesto a la electrificación rural, lo que viola la prohibición constitucional de crear rentas nacionales de destinación específica.
Y el proyecto de Ley Agraria le sustrae al Gobierno una tajada fundamental de sus recursos de origen petrolero -al destinar el 20 por ciento de las regalías de Cusiana exclusivamente para el sector agropecuario-, lo que va a obligar, según el Ministro, a desfinanciar gastos sociales o de orden público, o, simplemente, a acudir a un déficit inflacionario y dañino.
Esas no son, no obstante, las únicas iniciativas parlamentarias que lesionan el equilibrio fiscal (ver cuadro). La pregunta es si los proyectos se podrán enderezar en las tres semanas que restan para que concluya la legislatura. O si el Congreso decide aprobarlas, aun después del llamado de atención del Gobierno y el país se tiene que preparar para una larga batalla jurídica en relación con su constitucionalidad. De cualquier forma, lo cierto es que definitivamente los debates al respecto van a estar como para alquilar balcón.

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