Lo que el Congreso perdonó a conductores ebrios

La decisión que adoptaron las Comisiones primeras de Senado y Cámara en la tarde del miércoles, de reducir el castigo a los conductores ebrios sólo si causan lesiones personales o en el peor de los casos la muerte de una persona, generó un ‘tufillo’ de indignación.

El país esperaba una respuesta efectiva de su cuerpo legislativo, fórmulas efectivas que más allá de penalizar a los infractores se ocupara de prevenir esta conducta, la quinta causa de los accidentes en las vías del país.

Pero de un solo plumazo, la mayoría de los parlamentarios decidieron que para evitar que los conductores se atrevan a manejar en estado de embriaguez sólo bastaba con elevar las penas que el actual Código Penal establece para el homicidio culposo, delito por el cual son juzgados los conductores borrachos que causen accidentes mortales.

Y con esa decisión dejaron de lado un amplio conjunto de sanciones administrativas que lo que buscaban era castigar a los conductores que se atreven a mezclar el alcohol con la gasolina, así no ocasionaran accidentes, pues en palabras del senado Carlos Baena (Mira), aquellos que conduzcan bajo estado de embriaguez deben ser considerados como “asesinos en potencia”.

El proyecto, que fue trasquilado por el Congreso en menos de cuatro horas, proponía incorporar en el ordenamiento jurídico colombiano el concepto de “conducción temeraria”, una conducta que en adelante no sólo sería sancionada en la órbita penal, sino en el campo administrativo.

Precisamente, una de las causales de la conducción temeraria estaba determinada cuando el conductor registre un nivel de alcoholemia que altere su capacidad para conducir, o cuando conduzca bajo el efecto de sustancias psicoactivas que produzcan dependencia física o psíquica.

La ponencia que llegó a las comisiones primeras de Senado y Cámara contemplaba que al conductor de un vehículo que fuera sorprendido en ese estado se le aplicaran tres tipos de sanciones: la inmovilización del vehículo, la suspensión de licencias de conducción y multas.

Al conductor que fuera sorprendido en estado de embriaguez se le inmovilizará el vehículo por el término de un mes. Esta sanción se aumentaría a tres meses si causa daños a bienes de terceros en accidente de tránsito. A seis meses si causa lesiones personales, y hasta un año en caso de causar homicidio.

Otro de los capítulos trasquilados era la suspensión y cancelación de la licencia de conducción. El proyecto establecía que la suspensión de la licencia de conducción entre dos y tres años para quien fuera sorprendido en segundo grado de embriaguez, y de dos a diez años si en los exámenes de alcoholemia registraban tercer grado de embriaguez.

La gradualidad de esta sanción estaría determinada por la reincidencia, por haber causado daño a personas o cosas a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la fuga.

Las multas que se diseñaron para castigar a los conductores borrachos también fueron eliminadas. Estaban tasadas en el 10 % del valor comercial del vehículo para la primera vez que fuera sorprendido; 40 % del valor del vehículo para la segunda vez; y de ser encontrado en una tercera oportunidad conduciendo bajo estado de embriaguez la multa sería del 60 % del valor del vehículo.

Pero quizás uno de los capítulos más importantes que había diseñado una comisión de congresistas había sido el de la reparación de las víctimas. Se estableció crear un sistema de reparación financiado con el 50 % de las multas relacionadas con la conducción temeraria.

Las razones por las que el Congreso no aprobó este capítulo aún se desconocen. Antes del debate del miércoles se creó una comisión accidental para diseñar la propuesta definitiva. La cual fue solamente elevar hasta 18 años de cárcel la pena máxima para quien cause homicidio en accidente de tránsito.

El representante a la Cámara Roosevelt Rodríguez, uno de los integrantes de esta comisión accidental, consideró que con esa fórmula sería más que suficiente. “Si al elevar las penas no es suficiente para disuadir a los conductores borrachos, entonces que más se hace”, se preguntó.

Tras la indignación que generó la forma como quedó el proyecto, y ante las numerosas críticas, los congresistas se comprometieron a fortalecer el proyecto. Para ello tendrán apenas una semana, pues el periodo legislativo culminará el próximo 16 de diciembre.

La decisión la tendrán las plenarias de Senado y Cámara si reviven este conjunto de sanciones que buscaban meterles la mano al bolsillo a los conductores ebrios y castigarlos con su propio patrimonio. Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso, quien había instado a sus colegas a tener esta ley antes de la época navideña, aseguró que si no se reforzaba el proyecto lo mejor sería archivarlo, y solo hasta el 16 de marzo del año próximo volver a insistir en una nueva iniciativa.

Para la conducción bajo el influjo del alcohol, se establecen unas que van desde el 10 % hasta el 60 % del valor comercial del vehículo, según la tabla de avalúos comerciales para el pago de impuestos, que para el año correspondiente emita el Ministerio de Transporte.

¿Quiénes ‘trasquilaron’ el proyecto?

Estos fueron los senadores y representantes que decidieron aprobar este proyecto: Armando Benedetti (La U), Manuel Enríquez Rosero (La U), Jesús Ignacio García (Liberal), Roberto Gerlein (Conservador), Edgar Gómez (Liberal), Jorge Londoño (Alianza Verde), Karime Motta (La U), John Sudarsky (La U), Luis Fernando Velasco (Liberal), Alfredo Bocanegra (Conservador), Fernando de la Peña (PIN), Adriana Franco (Liberal), Jorge Eliecer Gómez (Liberal), Roosemary Martínez (Cambio Radical), Carlos Edward Osorio (La U), Alfonso Prada (Verde), Guillermo Rivera (P. Liberal), Juan Carlos Salazar (PIN), Germán Varón (Cambio Radical).

Los que se opusieron

Luis Carlos Avellaneda (Alianza Verde), Juan Manuel Corzo (Conservador), Juan Manuel Galán (Liberal), Juan Carlos Vélez (La U), Camilo Abril (Cambio Radical), Alfredo Deluque (La U), Germán Navas Talero (Polo), Gustavo Puentes (P. Conservador), Humphrey Roa (La U), Rubén Darío Rodríguez (Liberal), Berner Zambrano (La U).

Los que no votaron

Hernán Andrade (Conservador), Eduardo Enríquez Maya (Conservador), Hemel Hurtado (PIN), Carlos Enrique Soto (La U), Doris Vega (PIN), Henry Arcila (Conservador), Oscar Bravo (Conservador), Jaime Buenahora (La U), Carlos Correa (La U), Juan Carlos García (Conservador), Carlos Hernández (La U), José Rodolfo Pérez (Apertura Liberal), Carlos Augusto Rojas (Conservador), Jorge Rozo (Cambio Radical), Pablo Salamanca (Liberal), Heriberto Sanabria (Conservador), Victoria Eugenio Vargas (Liberal).