Consejo de Estado admite demandas de pérdida de investidura contra Uribe y Duque

El senador Álvaro Uribe y su ungido electoral, el candidato presidencial Iván Duque, podrían afrontar la muerte política. Esto si prosperan dos demandas de pérdida de investidura que el Consejo de Estado admitió recientemente contra ellos por haberse ausentado al momento de votar en varias de las sesiones de la legislatura pasada en el Congreso.

Este miércoles, el tribunal aceptó la demanda que el abogado Nixon Torres interpuso contra el expresidente, y hace dos semanas había recibido también la que Adriana Posso Rodríguez puso contra Duque. Torres, quien en el pasado ha representado los intereses del líder de la Farc, Jesús Santrich, le explicó a SEMANA que interpuso ese recurso contra Uribe "por no comparecer a la votación de unas 12 o 14 sesiones de forma consecutiva en la última legislatura". El mismo abogado también presentó otra demanda contra Duque que, hasta ahora, no ha sido aceptada.

Esos recursos no son un asunto menor. De prosperar la pérdida de investidura, Duque quedaría inhabilitado para posesionarse como presidente, en caso de que gane las elecciones, y Uribe tampoco podría hacerlo como senador.

Esta situación tiene un antecedente cercano. A comienzos de este año, un fallo del Consejo de Estado que le declaró la muerte política a Luz Adriana Moreno Marmolejo, representante del Partido de la U. La parlamentaria perdió su investidura por reiterar en una conducta que, aunque irregular, se ve con cierta cotidianidad en el Congreso colombiano: asistir a las sesiones, contestar el llamado a lista, pero desaparecer del recinto a la hora de la votación.

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El alto tribunal revisó las actas de varias sesiones para corroborar una denuncia que indicaba que Moreno Marmolejo faltó a por lo menos 20 plenarias en la legislatura 2015-2016 y a otras 19 de la comprendida entre el 20 de julio de 2016 y el 20 de junio de 2017. Y -tras su investigación- no solo concluyó que las ausencias no estaban justificadas, sino que, además, planteó dudas sobre la calidad del trabajo legislativo y lo que se espera de quienes son elegidos por voto popular para ocupar una curul, y que en teoría son los ‘representantes del pueblo‘.

"La corporación consideró que el solo hecho de haber contestado a lista no prueba la asistencia de la congresista a las sesiones”, dice el fallo del Consejo de Estado que tuvo ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández. Y agrega el alto tribunal: "Quien abandona el recinto en donde va a realizarse la sesión, después de contestar el llamado a lista, no puede tenerse como asistente, más aún cuando hay una obligación de participar en la sesión que es inherente al deber constitucional de todo congresista".

Los fallos judiciales aplican a quien es objeto de decisión del mismo, pero cuando se trata de pronunciamientos de las altas cortes se configura una jurisprudencia que puede -y algunas veces debe- ser aplicada a quienes incurran en situaciones similares a las que motivaron la decisión.

Por eso cuando se conoció la decisión sobre la representante de La U, se extendió la preocupación entre otras bancadas del Congreso, especialmente sobre la del uribismo. ¿Por qué? Hay que remontarse al reciente periodo parlamentario que se denominó fast track, durante el cual se tramitaron a través de un mecanismo abreviado todas las iniciativas que tenían que ver con el desarrollo legal de los acuerdos de paz con las Farc.

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El Centro Democrático, con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez a la cabeza, participó de todas las discusiones, sus parlamentarios intervenían en el debate y prolongaban al máximo la discusión, pero a la hora del té se salían y no votaban, ni siquiera negativamente, los proyectos relacionados con la paz. En la práctica, algo similar a la conducta que le costó la investidura a la representante de La U.

Uribe y su bancada argumentaron en distintos escenarios que no validarían con su voto, así fuese negativo, ninguna de esas normas que el Gobierno de Juan Manuel Santos puso a consideración del Congreso para darle sustento jurídico a los acuerdos de La Habana. Se recuerda, incluso, que los 21 senadores uribistas acudieron a todas las sesiones, pero nunca sufragaron en el fast track.

El fallo contra Moreno Marmolejo, sin embargo, no está en firme. La decisión del Consejo de Estado está siendo analizada en segunda instancia. Por su parte, la admisión de las demandas contra Uribe y Duque significa apenas que el tribunal analizará los casos.