Adriana Guillén y los ‘peros’ a su aspiración al Consejo de Estado

La postulación de la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, a la Sala de Consulta del Consejo de Estado ha sembrado ciertos temores en algunos consejeros, que se preguntan si su eventual nombramiento como magistrada podría significar un conflicto de intereses.

El hecho concreto es que la funcionaria es esposa del actual contralor general, Edgardo Maya Villazón, quien tiene pendientes varios procesos en ese alto tribunal de lo contencioso administrativo.

Uno de los magistrados responsables de esa elección se pregunta y le dice a Semana.com si la designación de Guillén no afectaría, de alguna manera, la transparencia en el desarrollo de esos juzgamientos.

Y es que Maya Villazón no sólo enfrenta una demanda contra su elección como contralor. Además enfrenta dos procesos disciplinarios que se abrieron en su contra por actuaciones relacionadas con su paso por la Procuraduría.

Así, aun cuando Guillén no tendría parte en el examen de legalidad del acto electoral que llevó a su pareja a ejercer su actual cargo, sí podría terminar siendo juez del actual contralor, debido a que los procesos disciplinarios que aquel enfrenta deben ser decididos por la Sala Plenísima del Consejo de Estado, de la que sí haría parte la actual directora de la Agencia de Defensa del Estado, en caso de convertirse en magistrada.

De hecho, estas preocupaciones fueron expresadas en la Sala de este martes, donde se volverá a discutir quién sería el reemplazante de Augusto Hernández, cargo al cual aspira Adriana Guillén.

Otra de las preocupaciones que rodean el nombre de Guillén como posible futura magistrada son los rumores de que el fiscal Eduardo Montealegre llamó a cinco magistrados a pedirles su voto en favor de la esposa del contralor Maya.

El hecho de que la Contraloría esté a cargo de varios procesos relacionados con Saludcoop, firma de la cual Montealegre fue abogado defensor, siembra todavía más dudas en quienes se oponen al nombramiento de la jurista como nueva consejera.

El temor de un probable cruce de favores, sobre el que todavía no hay pruebas, es un agravante para las objeciones que han tenido algunos magistrados frente a la posibilidad de que el nombramiento de Adriana Guillén como magistrada también pueda dar lugar a enrarecer el panorama de las actuaciones electorales de las altas cortes.

Guillén se defiende

Adriana Guillén sostiene que ninguna de estas circunstancias constituye una inhabilidad legal y que, en caso de que tenga que juzgar a su esposo, no dudará en apartarse del proceso. En todo caso, insiste, no intenta favorecer a nadie desde el Consejo de Estado.

Añadió que desconoce una supuesta injerencia del fiscal en el asunto y recalcó que en caso de que este haya bogado por su nombramiento, ello no obedece a ningún tráfico de influencias. En conclusión, precisa, no habría nada oscuro detrás de eso.

Según Guillén, cualquiera está en el derecho de pensar que un vínculo familiar con otro servidor público puede constituir una inhabilidad ética, pero para ella está lejos de serlo.

Subrayó que impedirles a los familiares de los funcionarios aspirar a cargos del Estado es vulnerar sus derechos fundamentales, al cercenar la posibilidad que tiene, como cualquier ciudadano, de aspirar a la función pública.