Condena al Ejército por llegar tarde a secuestro en Neiva

A la media noche del 24 de febrero del 2004, integrantes de la columna ‘Teófilo Forero’ de las FARC llegaron, armados y vestidos con prendas militares, a hacer un supuesto allanamiento en el edificio altos de Manzanillo y del condominio Casa Blanca en Neiva.

Al no permitírseles el ingreso por parte de los celadores, los guerrilleros usaron explosivos para abrir las cerraduras. Con lista en mano, sacaron a tres personas que vivían en el lugar y las secuestraron.

El Consejo de Estado acaba de emitir una millonaria condena en contra de la Nación por este hecho. Las víctimas duraron 18 meses en cautiverio. Uno de ellos, el ganadero Luis Fernando Borrero solo pudo recuperar su libertad el 26 de agosto de 2005, cuando su familia pagó un rescate de 400 millones de pesos.

Según la sentencia, días antes del secuestro, en estas unidades residenciales se realizó una reunión con varios empresarios de la región y miembros de la fuerza pública en la que se informaba del riesgo de un nuevo secuestro masivo. Años antes, en el 2001, se había dado el plagio en el edificio Miraflores de Neiva. Sin embargo, no se tomaron medidas para prevenirlo.

“Para esta Sala no es aceptable que se diga que es un resultado inesperado, sorpresivo e irresistible, ya que se tuvo conocimiento previo de la especial y específica situación de riesgo”, alega el Consejo de Estado.

Los magistrados cuestionan que la reacción de la fuerza pública fue tardía e ineficaz, pues una vez se produjo el secuestro la Policía Nacional se limitó a enviar una patrulla en motocicleta para verificar la situación y, posteriormente, se envió otro grupo de patrullas a bordo de motocicletas con escaso armamento para repeler la acción.

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Los refuerzos por parte del Gaula –dice el Consejo de Estado- llegaron 35 minutos después de ocurridos los hechos y cuando los miembros de las Farc ya habían huido. “Esto demuestra una clara descoordinación entre la autoridades encargadas de brindar seguridad a las personas”, dice.

Para el alto tribunal, por la situación de riesgo, la fuerza pública debió garantizar su seguridad, pero las medidas que se adoptaron, como la realización de patrullajes esporádicos en motocicleta, resultaron insuficientes frente a la gravedad de la amenaza.

El alto tribunal reconstruye que para la época se observó cómo en esa región del país se afianzaron ese tipo de delitos de lesa humanidad y, aunque era de conocimiento de las Fuerzas Militares no se ejerció una respuesta real de protección a la ciudadanía.

En la sentencia compulsa copias a la Fiscalía y a la Procuraduría, para que se investiguen a los miembros de la Fuerza Pública por posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario en las que hubieren incurrido.