Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2015/12/04 19:45

Condenan a la Aerocivil por desvío del río Bogotá

El fallo del Consejo de Estado le ordena pagar un nuevo peritaje para calcular el daño a propietarios de los bienes que resultaron afectados. Esto tras la construcción de la segunda pista del aeropuerto El Dorado.

El tribunal ratificó que ese organismo es responsable por la pérdida del valor comercial de algunos predios ubicados en Funza. Foto: Archivo particular

Años después de terminada la construcción de la segunda parte del aeropuerto El Dorado de Bogotá, la Aeronáutica Civil ha tenido que seguir respondiendo por los millonarios costos de esa obra. El Consejo de Estado ratificó una nueva condena contra la entidad, por daños a propietarios de los bienes que resultaron afectados por ese proyecto.
 
La Sección Tercera del alto tribunal ratificó que ese organismo es responsable por la pérdida del valor comercial de algunos predios ubicados en Funza (Cundinamarca). Todo porque, para adelantar las obras, era necesario desviar el cauce del río Bogotá, luego terminó afectando los derechos adquiridos por las personas que poseían propiedades cerca de la nueva zona de tránsito de la corriente hídrica.
 
En 1996, se terminaron las obras de desviación del río. A partir de ellas, el lecho empezó a correr mucho más cerca de terrenos que habían sido adquiridos por particulares en la mencionada población cundinamarquesa.
 
Un año más tarde, el Concejo del Municipio aprobó un plan de ordenamiento territorial (POT) en el que se contemplaban medidas para proteger el río Bogotá. Las áreas situadas dentro de los 300 metros de la ronda hídrica serían declaradas como zonas protegidas.
 
Eso significa que dentro de esos límites, cercanos al río, el terreno sólo podría ser utilizado en aras de la conservación de la fuente hídrica, para uso forestal, agropecuario, paisajístico y recreacional. Dado que a partir de la modificación del cauce del río, los predios de propiedad de varios particulares quedaron limitados en su uso, ello produjo una disminución drástica en su valor comercial.
 
Esto motivó a los dueños de las tierras a interponer una demanda de reparación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según sus cálculos, tras la desviación en el curso del río, los lotes pasaron de valer 25.000 pesos por metro cuadrado a costar solo 153 pesos.
 
La corporación contencioso-administrativa encontró fundada la reclamación. Declaró a la Aerocivil responsable del daño y ordenó reparar a los propietarios afectados, de acuerdo a un cálculo pericial en el cual se estimara la pérdida del valor de la tierra.
 
Tras el estudio, se estableció que los demandantes debían ser indemnizados con el pago de 200 millones de pesos. En esos montos se calculó la pérdida sufrida por la afectación a cada uno de los bienes. Así lo comprendió el Tribunal que, inicialmente, ordenó el pago de la reparación en esos términos.
 
Los accionantes no estuvieron de acuerdo con el avalúo. Por eso hicieron uso del recurso de apelación ante el Consejo de Estado, esperando que se confirmara la condena contra la Aerocivil y con el anhelo de que la máxima instancia contenciosa ordenara adelantar un nuevo examen pericial.
 
Y así lo hizo, no sólo ratificó que la entidad demandada es responsable por haber causado un daño antijurídico a los propietarios de predios cercanos al río Bogotá, en Funza. También ordenó adelantar un nuevo estudio para calcular el valor de la tierra y la pérdida de su valor comercial. Según la sentencia, el examen pericial deberá ser costeado por el organismo demandado.
 
El fallo, proyectado por la magistrada Stella Conto, dice que si la pérdida del valor comercial del bien llega a ser superior al 75 %, la Aerocivil debe restablecerle a la víctima la totalidad del monto en el que fue avaluado su predio. Esa suma debe provenir de la multiplicación del valor antes de la modificación del cauce del río por la extensión del área afectada, más su actualización de acuerdo al IPC.
 
La decisión podría ser ejemplarizante. Invita a reflexionar a los futuros alcaldes que buscan adelantar macroproyectos de infraestructura, para que calculen en los costos, la necesidad de reparar a las personas que se vean afectadas con la intervención.
 

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