Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2015/09/09 22:00

La ponencia que le da vía libre a la venta de Isagén

Semana.com revela en exclusiva el sentido del proyecto de fallo que se votará en el Consejo de Estado y que daría luz verde a la polémica subasta para privatizar por completo la firma generadora de electricidad.

La ponencia que le da vía libre a la venta de Isagén Foto: Archivo particular

Tras varios reveses en su intención de poner a la venta la participación mayoritaria de la Nación (57,61 %) en la empresa generadora de energía Isagén, la balanza parecería empezar a desnivelarse en favor del Gobierno, gracias a una ponencia que propone declarar legal el decreto con el que se inició el proceso para escoger al comprador.

El proyecto de fallo, elaborado por el magistrado Hugo Bastidas, sugiere rechazar las pretensiones de los demandantes, que alegaban un supuesto riesgo al patrimonio de la Nación, dada la pérdida de oportunidad para que el Estado siguiera siendo partícipe de las ganancias de la empresa, catalogada también de estratégica para los intereses del país.

Entre el grupo de demandantes están trabajadores y extrabajadores de Isagén que consideran que se afecta el principio de democratización que debe enmarcar los procesos de venta de los activos de la Nación, al no permitírseles participar en la puja por la adquisición de las acciones.

De prosperar la tesis del magistrado ponente, se deberá levantar la suspensión del decreto de venta, que fue impuesta por el propio Consejo de Estado desde el 14 de mayo pasado, pocos días antes de iniciarse la subasta en la que participarían varios compradores extranjeros.

No se trata de un proceso cualquiera. Con la venta, el gobierno Santos pretende recaudar unos 2.300 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura. En caso de no lograrse, se deberá echar mano de las participaciones de la Nación en Ecopetrol o ISA para lograr cerrar la financiación. También queda la opción de emitir deuda

El propósito del Gobierno de obtener liquidez mediante la venta de su participación en la empresa -algo que se vuelve cada vez más urgente en un entorno económico en el que cayeron los ingresos provenientes de la exportación del petróleo y se siente el golpe de la devaluación del peso- se vio truncado un año antes de esta decisión, cuando este mismo tribunal impuso una medida cautelar que impidió poner en marcha esta iniciativa.

Si bien la urgencia del Ejecutivo era que la subasta tuviera luz verde de nuevo, algo que ocurrió días más tarde, nada pasó. El Gobierno decidió darse un compás de espera mayor para estudiar mejor las condiciones de la venta.

Pero cuando ya todo parecía listo para reactivar el negocio, una nueva medida cautelar decretada por el despacho del magistrado Bastidas le dio el inesperado garrotazo a la iniciativa en la que la administración Santos había sembrado sus esperanzas.

Sin embargo, las heridas parecen estar cicatrizando. De prosperar el proyecto de fallo, la suspensión se levantará y se reabrirán las puertas al proceso de enajenación.

Al contrario, si los consejeros a cargo del estudio de estos decretos se oponen a declararlos legales, el Ejecutivo tendrá que estudiar un mecanismo alternativo financiar, principalmente, los ambiciosos proyectos de vías de cuarta generación que la administración Santos busca dejar como legado.

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