Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/02/15 20:13

Policía o alcaldes locales no podrán clausurar establecimientos de manera permanente

El Consejo de Estado declaró nulas las competencias de esas autoridades contenidas en el Código de Policía. Se abre la polémica.

Con el mandato, la Policía solo podrá decretar sucesivos cierres parciales de los establecimientos. Foto: Archivo particular

En el 2003, el Concejo de Bogotá adoptó un Código de Policía para la capital que concedía amplias facultades a la Policía Nacional y a los alcaldes locales para vigilar el orden público. Entre las competencias de las que disponían estas autoridades para concretar esta misión se contaban ciertas potestades sancionatorias para evitar que los establecimientos de comercio pasaran por encima de acuerdos de convivencia.

Al parecer, algunas de esas facultades resultaron excesivas. Por eso, el Consejo de Estado anuló la norma que les permitía a comandantes de estación y de Comandos de Atención Inmediata (CAI) ordenar el cierre definitivo de establecimientos comerciales. Esa misma atribución, que se les había entregado a los alcaldes locales, desapareció del ordenamiento jurídico por cuenta de este fallo.

La Policía y los jefes de la administración pública contaban con potestades especiales para mantener a raya estos negocios. Esos organismos no sólo podían ordenar el sellamiento de locales que no cumplieran las más elementales normas de convivencia, sino que podían ordenar su cierre definitivo en caso de reincidencia.

Este mandato daba lugar a que una discoteca que hubiere sido cerrada temporalmente por desconocer disposiciones relativas a la llamada ‘hora zanahoria’, por ejemplo, podía ser cerrada definitivamente si volvía incurrir en la misma falta.

La norma fue demandada ante el Consejo de Estado, pues los accionantes consideraban que sólo el Congreso tenía la competencia para determinar qué autoridades pueden ordenar el cierre definitivo de un establecimiento comercial.

El alto tribunal estuvo de acuerdo. Declaró nula esa parte del Código de Policía, al concluir que era “evidente que el Concejo de Bogotá se extralimitó en sus facultades de poder de policía residuales y subsidiarias”.

Según el fallo, como el cierre definitivo de estos locales supone una eventual afectación del derecho a la libertad económica para los dueños de esos lugares, no se puede autorizar a ningún estamento a que lo haga si no existe una ley que así lo determine. Eso quiere decir que mientras exista el vacío legal, no se podrán ordenar cierres definitivos sino únicamente temporales.

Además, el Código establecía que si las sanciones pecuniarias para quienes violaran dichas normas de convivencia eran de 10 salarios mínimos, estas podían ser sustituidas por trabajo en obra de interés público, participación en obras ecológicas o apoyo a poblaciones vulnerables.

El Consejo de Estado también anuló parcialmente ese otro mandato. Contrario a ello, estableció que el beneficio no puede estar limitado a las sanciones por ‘x’ o ‘y’ monto porque la ley no ha establecido limitaciones para que la sanción pueda ser sustituida por el trabajo comunitario.

Así las cosas, las autoridades de policía podrán, cuando mucho, decretar sucesivos cierres parciales de los establecimientos que violen el Código de Policía. Además, los infractores a los que se impongan multas por incumplir estas mismas directrices de convivencia podrán acordar la sustitución de la sanción, sin importar el valor a pagar.    

 

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