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| 4/15/2016 8:03:00 PM

La curul maldita de Orlando Parada

El Consejo de Estado le decretó la 'muerte política' a Sandra Jaramillo González, quien reemplazó al condenado exconcejal en el cabildo distrital.

Un hálito de infortunio pareció caer sobre la curul que ocupó Orlando Parada en el Concejo de Bogotá. Primero la captura del dirigente por el ‘carrusel de la contratación’ lo obligó dejar esa silla vacía. Como si fuera poco, ahora su pupila y sustituta en el cabildo, Sandra Jaramillo González, perdió su curul.

Por decisión del Consejo de Estado, la dirigente no podrá volver a ocupar cargos de elección popular de por vida, paradójicamente, por otro contrato que celebró con el Distrito Capital. La corporación judicial le impuso la llamada pérdida de investidura.

Orlando Parada lideraba la oposición del Partido de La U al Gobierno de Gustavo Petro. Y en, épocas  Samuel Moreno, incurrió en cohecho y tráfico de influencias, tras convertirse en una especie de zar de los nombramientos de funcionarios en la Unidad de mantenimiento de la malla vial. Por esos hechos fue condenado a nueve años de prisión.

Tras su detención, la curul debió ser reasignada. Desde el 31 de marzo del 2014 Sandra Jaramillo González se convirtió en concejal de Bogotá gracias al infortunio de su compañero de bancada. Parecía haber recibido una segunda oportunidad luego de la derrota que sufrió en las urnas durante las elecciones del 2011.

Pero lejos de convertirse en un beneficio, su llegada al Congreso pareció transformarse para la dirigente en toda una pesadilla. Poco después de su posesión, su curul fue demandada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque supuestamente violó la prohibición que tienen los cabildantes de Bogotá para contratar con entidades distritales durante el  año previo a su elección.

Al examinar las pruebas aportadas a ese proceso, la corporación encontró que la doctora Jaramillo había celebrado un contrato de prestación de servicios con el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito el 26 de enero del 2011, es decir, nueve meses antes de las elecciones que le permitieron llegar al Concejo.

Así las cosas, el Tribunal encontró que la cabildante se había posesionado estando inhabilitada. Por eso decretó la pérdida de su investidura.

La militante del Partido de La U guardaba la esperanza de que el Consejo de Estado revocara la determinación. Por eso impugnó el fallo ante ese organismo judicial. Pero, para su infortunio, no logró convencer a los magistrados sobre la necesidad de dejar sin efectos la sentencia.

Con ponencia del magistrado Roberto Augusto Serrato, la máxima instancia de lo contencioso administrativo le ratificó la pérdida de investidura, lo que implica que nunca más podrá volver a concursar para otro cargo de elección popular.

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