Consejo de Estado podría suspender resultados del Plebiscito

Al Consejo de Estado llegó hace unos días una demanda exótica. Los ciudadanos David Camilo Narváez y William Efraín Clavachi le piden al Alto Tribunal que invalide los resultados del plebiscito para la paz pues en la campaña se utilizó publicidad engañosa.  

La demanda fue remitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, donde se estudia de fondo la posibilidad de invalidar los resultados, por lo que el demandante llama “violencia sicológica” al haberse difundido información falsa sobre el contenido del primer acuerdo de paz con las FARC.

En manos del Consejo de Estado está si dicta o no medida cautelar sobre las actas a través de las cuales el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador el No, en la consulta del 2 de octubre.

“La petición está fundamentada en las declaraciones dadas el 5 de octubre del 2016 por el señor Juan Carlos Vélez Uribe, en su condición de gerente de la campaña del Centro Democrático, partido político más representativo del No, al Diario La República, donde se infiere que se ejerció violencia sicológica para inducir a los electorales que votaran por el No en las elecciones del Plebiscito del pasado 2 de octubre del 2016”, dice el documento conocido por Semana.com.

El demandante solicita además que se ordene al Congreso de la República y a la Corte Constitucional que dé inicio de inmediato con la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final.

En los próximos días se conocerá la decisión que pueda tomar el Consejo de Estado respecto a la demanda. Sin embargo, luego de los resultados del Plebiscito, el Gobierno y las FARC abrieron diferentes rutas jurídicas y políticas, comenzando con la renegociación del acuerdo de paz, que está a un paso de comenzar su implementación en el Congreso.

Precisamente, por decisión de la Corte Constitucional este miércoles se dio luz verde para que el Congreso, una vez valide que se surtió un proceso refrendatorio, entre a tramitar las leyes de desarrollos normativos. Por lo que un pronunciamiento en este sentido, sólo tendría efectos políticos en términos de restarle legitimidad a los resultados que el pasado mes de octubre pusieron a tambalear el acuerdo de paz con las FARC.