Niegan demanda contra mesa de negociaciones de La Habana

El Gobierno ganó una nueva batalla jurídica en torno al proceso de paz que intenta finiquitar con la guerrilla de las FARC, gracias a un fallo del Consejo de Estado que les da la bendición a sus actuaciones.

Con ponencia de la magistrada María Elizabeth García, la Sección Primera del alto tribunal negó una demanda que se instauró en contra de la resolución que permitió la instalación de la mesa de negociaciones en La Habana (Cuba).

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Antes de poder sentarse a discutir la posibilidad de poner fin a 60 años de confrontación con las FARC, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debió emitir una resolución que contemplaba el inicio de un diálogo exploratorio con miras a la conquista de la paz.

Cuatro años después de la emisión de ese acto administrativo y ante la inminencia del establecimiento de un acuerdo final, detractores del proceso acudieron a distintas acciones judiciales para invalidar los actos previos que les permitieron a las partes sentarse a discutir.

Una de ellas consistió en demandar la nulidad simple de la resolución que instaló la mesa. El accionante acudió al Consejo de Estado buscando que invalidara esa actuación, debido a que no se incorporó en ella a la guerrilla del ELN.

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Pero la Sección Primera del alto tribunal se negó a acceder a esas pretensiones. La Sala estableció que el haber incluido únicamente a las FARC en esta resolución no invalidaba la gestión del Gobierno para conquistar la paz.

Según la providencia, nada limitaba al Gobierno para que en su camino para la conquista de la reconciliación nacional sólo incluyera uno de los grupos en conflicto, el que había mostrado su interés de darle una salida negociada a la confrontación.

Para el Consejo de Estado, el no tener en cuenta al ELN en este proceso solo obedece a que esa organización, en el momento de iniciar los diálogos con las FARC, no había demostrado creer en el silencio de los fusiles como una de sus metas.

Además, esa corporación aclaró que esa decisión no implica que el Gobierno no piense adelantar un proceso similar con esa otra agrupación guerrillera que no está incluida en la mesa de negociaciones de La Habana.