¿Por qué el Consejo de Estado no define casos de Ordóñez, Piedad y Petro?

A pesar de que las nuevas reglas en el Consejo de Estado han permitido que los procesos que le interesan al ciudadano de a pie se resuelvan casi en la mitad del tiempo, frente a los casos de trascendencia nacional, que más concentran la atención de los medios de comunicación, la entidad judicial sigue estando en deuda.

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Casos como el de la legalidad de la elección de Alejandro Ordóñez como procurador general de la Nación, el de la destitución del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y la demanda que interpuso la exsenadora Piedad Córdoba son sólo tres ejemplos de la lentitud pasmosa con la que se sigue resolviendo ese tipo de expedientes: ¿quién será el responsable?

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Según el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, la culpa la tiene el nuevo brote de congestión que se generó con la implementación del sistema oral.

Según él, los tribunales ahora logran evacuar muy rápidamente sus procesos, gracias a audaces planes de descongestión. Eso hace que cada vez más expedientes que llegan a la máxima instancia de lo contencioso no se puedan decidir rápidamente.

Hace una semana se conoció que el Consejo de Estado dejó sin efectos la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 12 años al exministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega, quien había sido vinculado al acuerdo ilegal de funcionario del Gobierno con congresistas para asegurar la aprobación de la reelección, el bautizado caso de la “Yidispolítica”.

Sin embargo, el fallo se produjo tanto tiempo después de ocurridos los hechos, que resultó siendo un saludo a la bandera. Lo fue porque a pesar de la ilegalidad de la sanción que impuso el Ministerio Público a Sabas, este no podrá disfrutar del derecho que le restablecieron, consistente en su retorno a la vida pública, debido a que hace unos meses le impusieron otra sanción penal que se lo impide.

En este caso, pasaron seis años entre los hechos que generaron la demanda y la emisión del fallo. Lo más preocupante es que, como el del exjefe de la cartera política y judicial de la era Uribe, hay varios de los casos más mediáticos que han tenido la misma suerte en el Consejo de Estado.

Lo vivido por el exalcalde de Medellín (Antioquia) Alonso Salazar es otra evidencia. Fue sancionado por la Procuraduría en el 2012 y sólo recuperó sus derechos políticos dos años después, pese a ser una de las primeras demandas de nulidad y restablecimiento del derecho de alta importancia para los medios que se desarrollaron mediante el más corto y eficiente procedimiento oral.

El juicio de legalidad a la destitución de Gustavo Petro no fue diferente. El organismo de control lo sancionó entre finales del 2013 y principios del 2014, pero el estudio de su caso en el Consejo de Estado marchó a un paso tan poco presuroso, que el burgomaestre terminó su período y siete meses más tarde, todavía está a la espera de la decisión final.

Qué decir de la exsenadora Piedad Córdoba, que ha cumplido ya seis de los 18 años de inhabilidad pública que le impuso el procurador Alejandro Ordóñez esperando a que la justicia diga si el jefe del organismo de control se excedió o no cuando le impuso este castigo que la tiene fuera de la puja electoral por su supuesta vinculación a la ‘Farcpolítica’.

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Pero, sin duda, el caso que más ha centrado la atención de los colombianos y que mejor recoge este delicado panorama es el de la elección de Alejandro Ordóñez. Casi desde cuando se posesionó en su segunda Procuraduría su designación fue demandada, pero el jefe del Ministerio Público está a punto de cumplir el cuatrienio para el cual fue promovido sin que haya una decisión definitiva.

Claro, no toda la responsabilidad se les puede achacar a los magistrados. La culpa, en principio, es de las instituciones que no toman medidas para evitar que no se violen las normas y obligan a los jueces a corregir sus errores. Las partes también cometen sus pecados, pues bombardean los despachos judiciales de recursos que sólo buscan frenar las actuaciones y enfrascarlas en la indefinición.

El mea culpa

Para el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, la preocupación en torno a la tardía manera como se vienen fallando los casos no es infundada. Él y sus compañeros son tan conscientes de la problemática, que desde hace un tiempo vienen trabajando en los correctivos.

Para él, es urgente tomar decisiones frente a los casi 36.000 expedientes que tienen a su cargo las tres primeras secciones de las cinco que operan en esa entidad. Lo primero, dice, es modificar el reglamento para que secciones que están al día, como la electoral, puedan conocer algunos de los procesos que conocen las demás salas sobre legalidad de sanciones disciplinarias, casos laborales y de pensión de funcionarios estatales, entre otros.

Además, recordó que cuando se estaba reglamentando la otra vez fallida reforma a la justicia, la intención del Consejo de Estado era que se aprobara un plan de descongestión especial para esa corporación y que se le permitiera a la entidad judicial contar con varios magistrados más que se dedicaran exclusivamente a fallar procesos, como ocurrió con la Sala Laboral de la Corte Suprema.

Se espera que las medidas de choque no sólo sean efectivas, sino que en realidad se pongan en marcha, para evitar que la percepción de justicia se siga deteriorando.

Mientras tanto, entre intentos velados de dilación, desconocimiento absoluto de las normas y congestión severa para los operadores de justicia, los casos duermen el sueño de los justos y los fallos se producen solamente para ir llenando los anecdotarios, pues ven la luz cuando no tienen aplicabilidad práctica.